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Corrupción e impunidad en Veracruz

Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta en su informe sobre el mal manejo y el desvío de recursos públicos en las administraciones de las secretarías de Estado, órganos descentralizados, empresas gubernamentales, gobiernos estatales y presidencias municipales, entre otros.

El alcalde que mandó golpear a la periodista

En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.

Los viáticos para los agentes secretos

Para el cumplimiento de los servicios que presta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Estado mexicano, no hay política de austeridad que valga. Y es que estamos hablando de los servicios de inteligencia civil para preservar la “¡seguridad nacional!”: la palabra mágica con la cual todo se justifica, desde la entrega de millonarios recursos hasta la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los mismos.

Gobierno da 1 mil millones del erario a asociaciones civiles

La crisis económica que enfrenta México y los multimillonarios recortes al gasto público derivados de la caída de los precios del petróleo fueron insuficientes para evitar que seis instituciones del gobierno federal entregaran 1 mil 66 millones 265 mil 361 pesos, en 2015, a 570 sociedades y asociaciones civiles.

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