Detenidos en la masacre de El Charco fueron llevados a cuarteles militares para interrogatorios bajo tormento; iban cuatro menores de edad. Hoy el Estado Mexicano no quiere asumir responsabilidad ante la CIDH
Más allá de las especulaciones respecto de si el Cártel Jalisco Nueva Generación secuestró –el pasado 15 de agosto– a uno o dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y de si éstos ya fueron liberados –7 días después–, tras las negociaciones hechas presuntamente por el capo Ismael Zambada (según el periódico Río Doce), el hecho es que el Cártel del Pacífico se derrumba.
En México, el Estado desaparece personas por motivos políticos. Desde 2006 y hasta la fecha, al menos 139 luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones políticas (invariablemente de izquierda) han sido sometidos a desaparición forzada. De todos, 52 permanecen aún en calidad de desaparecidos, 28 fueron asesinados mientras se encontraban en manos de sus captores, 22 más fueron liberados luego de haber padecido tortura y siete aparecieron (y se encuentran) en prisión.
El aguacero había cesado y la selva escurría. Noche cerrada, sin luna. Las chicharras, alborotadas por la lluvia, zumbaban en coros de miles: un chirrido atronador. Un huaco, a lo lejos, lanzaba su graznido de advertencia. El vaivén de la hamaca dejaba asomar una guitarra, apenas rasgada de vez en vez por Berto, quien dormitaba, susurraba, soñaba.
Si nos atenemos a lo que dice de sí mismo, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) es la guerrilla decana de todo el movimiento armado mexicano. Está cumpliendo 52 años de guerra popular prolongada contra el Estado burgués y sus gobiernos. Es decir, fue fundado en 1964: 1 año antes del ataque al Cuartel de Madera (efectuado por el Grupo Popular Guerrillero del duranguense Arturo Gámiz y el chihuahuense Pablo Gómez) y 2 años después del asesinato del morelense Rubén Jaramillo (quien había dejado las armas, se encontraba en la lucha social y fue acribillado por elementos del Ejército Mexicano junto con sus hijos y su esposa embarazada).
El presupuesto que el gobierno de Enrique Peña Nieto destinará a la seguridad nacional en 2016 rebasa los 89 mil millones de pesos. Nada mal para las dependencias encargadas de “proteger” a la nación en un país económica y socialmente quebrado. Se trata de una cantidad que, por ejemplo, casi triplica el monto asignado a la institución de educación superior más grande de la república. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –con sus 343 mil alumnos, 39 mil académicos y 27 mil trabajadores– recibirá apenas 35 mil millones de recursos federales a lo largo del año.
Ante los bloqueos, desplazamientos y hechos de violencia registrados en comunidades de Chilapa, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno federal
La maestra Lucía Guadalupe Mora, identificada como enlace político de Morena en el municipio Valle de Allende de Chihuahua, fue asesinada en un ataque armado la noche del pasado martes 12 de mayo, registrado cerca de la calle Benito Juárez.
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que de enero a abril de 2026 continuó la disminución de delitos de alto impacto en la capital del país, con una reducción de 7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Asimismo, destacó que los homicidios registraron su nivel más bajo desde el año 2022.
La versión sobre presuntas operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en territorio mexicano y su supuesta participación en acciones contra integrantes del crimen organizado fue rechazada por el gobierno federal
