Guzmán

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El archivo de Badiraguato

El capo está preso. Su casa, en el poblado de La Tuna, Badiraguato (Sinaloa), allanada, saqueada. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, pasa sus días –y

Negligencia en PGR

Al descrédito y desgaste acumulados en que metieron a la Procuraduría General de la República (PGR) en los primeros 3 años de gobierno, cuando su entonces titular Jesús Murillo Karam inventó la “verdad histórica” de Ayotzinapa sobre los 43 normalistas rurales desaparecidos (que afortunadamente le valió su renuncia), ahora se suma el injustificado acoso que la sucesora Arely Gómez ha ordenado en contra de la actriz Kate del Castillo, por reunirse con Joaquín Guzmán, el Chapo, en busca de una producción fílmica, así como la nueva arbitrariedad de abrirle un expediente penal al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, por el supuesto delito de fraude por 2 millones de dólares.

Las evasiones de penales federales que oculta el gobierno

Al cierre de 2015, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, fue uno de los dos acontecimientos de mayor crisis para el gobierno de Enrique Peña Nieto. El otro fue la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.

¿Quién va a recapturar el crecimiento, el peso y el petróleo?

Como si el cumplimiento de sus obligaciones fuera un mérito, Enrique Peña y sus empleados celebraron haber recapturado al delincuente Joaquín Guzmán Loera, a quien algunos de ellos, mediante sobornos, dejaron escapar de manera espectacular para que pareciera real. La noticia, como se dice, dio la vuelta al mundo. El ungido como “enemigo público número uno” en Chicago regresaba a la cárcel tras haber sido materialmente pescado en las aguas negras del alcantarillado del municipio de Los Mochis, Sinaloa, cuando trataba de huir burlando a policías, marinos y soldados que lo tenían cercado. Ya pasó el hecho y el escándalo mediático.

La justicia y las extradiciones

Presionado por Estados Unidos, el gobierno de Colombia inició hace ya casi 3 décadas un programa de extradición de narcotraficantes integrantes de los cárteles de Cali y de Medellín con un doble propósito: disminuir la violencia que azotaba al principal país productor de cocaína y garantizar que los delincuentes cumplieran sus condenas en prisiones estadunidenses sin beneficio alguno.

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