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Hidroeléctrica privada viola derecho a la consulta

El proyecto hidroeléctrico privado El Naranjal violó el derecho a la consulta de las comunidades de seis municipios veracruzanos, considera el Tribunal Permanente de los Pueblos. Además, las empresas de Guillermo González Guajardo –hijo del empresario Claudio X González– habrían efectuado prácticas coercitivas para hacerse de algunos terrenos, denuncia el Tribunal

Hidroeléctrica El Naranjal: despojo a 30 mil pobres

La hidroeléctrica privada El Naranjal despojará de tierras y agua a unos 30 mil campesinos e indígenas en Veracruz, y afectará a 56 especies animales y vegetales protegidas. Su negocio se centrará en la generación media anual de 676 gigavatios/hora para “autoabastecimiento” y para venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad. Detrás de su construcción está el empresario Guillermo González Guajardo (hijo de Claudio X González), dueño de una red empresarial dedicada al desarrollo de proyectos energéticos que han desplazado a decenas de pueblos

70 megaproyectos hídricos: abuso, autoritarismo y despojo

La administración de Felipe Calderón heredó a Enrique Peña Nieto 70 proyectos hidroeléctricos en 19 estados de la República, además de cuatro presas en tres entidades del país. Los proyectos hídricos podrían haber desplazado a más de 170 mil personas, que ahora viven sin acceso a la vivienda digna y a la alimentación

Presas e hidroeléctricas: negocio y despojo

Acueductos, presas y centrales hidroeléctricas amenazan a poblaciones enteras de 18 estados de la República. Las inversiones de la Comisión Nacional del Agua durante las administraciones panistas, en 13 proyectos, rebasan los 52 mil 800 millones de pesos, indican cifras oficiales. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad proyecta levantar 41 plantas hidroeléctricas en diversas zonas del país. Detrás de las obras, el despojo de tierras y propiedades

Gobierno guatemalteco y trasnacionales ocupan territorios indígenas

Trasnacionales explotan recursos de comunidades indígenas en Guatemala. Destrucción ambiental, acompañada de explotación laboral y violencia. El gobierno derechista de Otto Pérez Molina ha militarizado la zona para garantizar las inversiones y para “luchar contra el narcotráfico”. Dos líderes indígenas, asesinados

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