Recientemente autoridades del Estado mexicano, periodistas, opinadores, abogados y hasta el ombudsman nacional han desatado una ola de “condenas” en contra de las policías comunitarias de Guerrero (instituciones que operan desde hace varios lustros), al tratar de equipararlas con “grupos de autodefensa” que surgieron apenas hace algunos meses y que se prestan a exhibiciones mediáticas.
En los primeros 2 meses y medio de Peña Nieto en el cargo se han registrado 168 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte del personal militar. En el primer mes hubo un aumento del 10.8 por ciento respecto al sexenio anterior.
A la Secretaría de la Defensa Nacional se emitieron más de 100 recomendaciones de la CNDH relacionadas con abusos del personal militar durante el mandato de Felipe Calderón. La mayoría se encuentran concluidas; sólo una permanece en estudio. Se han documentado casos de disparos a quemarropa contra niños y pasajeros de autobuses. Sin embrago, diputado del PRI señala que “es una irresponsabilidad sacar al Ejército de las calles”
Legalmente se entiende como criminalización el uso de la fuerza judicial o de herramientas jurídicas para la represión de acciones no criminales. La protesta, la denuncia y la resistencia son tipos de acciones que se suelen criminalizar. Desde el discurso oficial, los casos de criminalización no son más que casos fortuitos, errores personales o, en el mejor de los casos, deficiencias en el funcionamiento de alguna oficina o institución que deben ser enmendados con reformas a los reglamentos.
Los abusos de la milicia durante el sexenio pasado originaron más de 8 mil quejas ante la CNDH y colocaron a la Sedena como la secretaría con más asuntos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Casos de violación sexual, tortura y homicidio se acumulan en los expedientes. “Tenemos un Ejército sui géneris que no cuenta con controles institucionales”, advierte general brigadier
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