Por primera vez, las autoridades mexicanas admiten públicamente que los siete grandes bancos que operan en el país han posibilitado a criminales de todo tipo –desde narcotraficantes hasta los llamados delincuentes de cuello blanco– lavar miles de millones de pesos en el sistema financiero.
Más allá de las especulaciones respecto de si el Cártel Jalisco Nueva Generación secuestró –el pasado 15 de agosto– a uno o dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y de si éstos ya fueron liberados –7 días después–, tras las negociaciones hechas presuntamente por el capo Ismael Zambada (según el periódico Río Doce), el hecho es que el Cártel del Pacífico se derrumba.
En este sexenio, los cárteles han lavado unos 2 billones de pesos; en el sistema financiero, Hacienda ha descubierto más de 155 mil millones sucios y PGR ha asegurado sólo 1.3 mil millones.
Dos de los más recientes procesos judiciales que se ventilan públicamente e involucran a políticos, artistas y narcotraficantes con el supuesto delito de lavado de dinero, confirman la desigualdad en la aplicación de justicia que hay en nuestro país. Por un lado, el gobierno protege a los amigos y miembros del sistema y evita que rindan cuentas y enfrenten a la justicia, como sucede con el exgobernador y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira. De manera distinta, se acosa judicialmente y se violan derechos a quienes critican al gobierno y antes de un juicio se les exhibe públicamente en una clara afectación al debido proceso, tal como ocurre con la actriz Kate del Castillo.
En 2014, 23 empresas de casinos ganaron 16.2 mil millones de pesos. Entre las más rentables y sin sanciones, la compañía de los Rodríguez Borgio, supuestamente vinculados al narcotráfico. La española Codere, líder del mercado del juego. Con permisos vigentes, más de mil centros de apuestas.
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