En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de efectivo. Los llamados sectores vulnerables, sin embargo, carecen de infraestructura para detectar con eficacia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera experto español
Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado. Fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, será vigente a partir de junio próximo
En su más reciente informe internacional sobre drogas ilícitas, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México es un importante centro de lavado de dinero. Refiere también que es el sistema financiero donde más se legalizan los recursos de procedencia ilícita. Uno de los problemas es que en el país se aplican criterios judiciales distintos: mientras el operador financiero va a la cárcel, el banco sólo recibe una sanción económica
La Unidad de Inteligencia Financiera acreditó el ingreso de más de 109 mil millones de pesos de origen ilícito al sistema financiero entre 2007 y 2012. Por el probable delito de lavado de dinero, en ese periodo presentó 232 denuncias ante la PGR que involucran a más de 270 instituciones financieras. Sin embargo, el crimen no fue vulnerado: en el sexenio pasado se blanquearon más de 3 billones 42 mil millones de pesos, mientras que en los primeros 100 días del actual gobierno los cárteles de la droga habrían “legalizado” unos 130 mil millones de pesos, se desprende de un análisis del Congreso de Estados Unidos
Se debe distinguir entre los nuevos grupos de autodefensa que están surgiendo en Guerrero (y en otros estados de la República) y la Policía Comunitaria, la cual lleva ya una tradición de existencia y resultados de más de 17 años. A su vez, a ambos grupos se les debe distinguir también del paramilitarismo y del crimen organizado, cuyos fines de existencia no son la protección de las poblaciones. Igualmente se deben respetar los usos y costumbres de las comunidades de Guerrero, cuyo derecho a formar una policía con normativa propia es legítimo y legal, pues su existencia está actualmente sustentada por tratados internacionales y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política guerrerense.
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