Agricultores, plataformas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil celebraron hace unas semanas la decisión de Monsanto de retirar las solicitudes de comercialización en la Unión Europea de sus semillas genéticamente modificadas.
Brasil es el segundo mayor productor de transgénicos en el mundo: ha cedido 37.1 millones de hectáreas a este tipo de cultivos. De ese total, 24.4 millones se destinan a la siembra de soya genéticamente modificada, y el resto se reparte entre maíz y algodón. Mientras los defensores alegan que se podrán abatir tanto el hambre como el uso de herbicidas, los ecologistas señalan el riesgo de perder plantas y semillas que constituyen un patrimonio genético de la humanidad
La embestida de las trasnacionales contra los centros de origen y diversidad de los principales cultivos alimentarios del mundo está en marcha. Las solicitudes hechas por Monsanto y Pioneer Hi-Bred Internacional al gobierno mexicano para la siembra de maíz genéticamente modificado a escala comercial en su centro de origen y diversidad es apenas el comienzo de una estrategia global de control político y económico.
El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, explica que nunca se ha realizado un combate real a la pobreza que padece la Montaña de Guerrero. En entrevista con Contralínea, explica que quienes ganan con los programas asistencialistas son contratistas, funcionarios y algunas empresas; nunca los indígenas. A las comunidades sólo llegan limosnas que sirven para remozar alguna fachada, pero nunca para acabar con el hambre o garantizar la educación de los niños.
El eslogan “Vivir mejor” se tradujo, para las comunidades montañeras, en arcos de bienvenida a la entrada de los pueblos, curatos e iglesias de concreto, un corral para jaripeos y remozamiento de las fachadas de las comisarías. Los niños siguen creciendo, famélicos y con andrajos, tan pobres como sus padres y más aun que sus abuelos. La violencia del narcotráfico cerca a las comunidades más pobres
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