La presencia de las compañías mineras en comunidades de San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, entre otros, ha detonado en conflictos sociales, ya que éstas llegan sin consultar a las comunidades –la mayoría de ellas indígenas–, explotan los recursos y deterioran el medio ambiente
Más de 31 mil concesiones mineras se encuentran en manos de trasnacionales. De éstas, 5 mil fueron otorgadas en los últimos 2 años de la administración de Felipe Calderón, revelan padrones oficiales.
El 25 de marzo pasado arribó al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, el buquetanque Texistepec, una de cuatro embarcaciones adquiridas por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la coreana SPP Shipbuilding Group, para su subsidiaria Refinación. Ésta es una de las 12 embarcaciones que la petrolera mexicana compró al cierre del sexenio de Felipe Calderón, de manera triangulada y sin licitación de por medio en los mercados internacionales.
Mientras el Estado laico ha sido atropellado por las visitas de Enrique Peña Nieto a los papas Benedicto XVI y Francisco (una Iglesia como el águila austriaca, de dos cabezas), con lo que ratifica el catolicismo donde se educó hasta culminar en la universidad del Opus Dei, donde obtuvo su licenciatura en derecho natural (como Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho…, libre, precisamente, del derecho constitucional); aparte de insistir en borrar la separación de Estado e Iglesia, Peña Nieto también ha ido poniendo las condiciones por medio del Pacto por México para llevar a cabo la contraexpropiación petrolera, que pasará por encima de la memoria histórica de la nación –que no es simple pasado–, que en 1938 Lázaro Cárdenas instituyó contra la privatización que imperaba sobre esos mermados recursos naturales –patrimonio de los mexicanos–, mismos que ahora Carlos Romero Deschamps, Emilio Lozoya Austin y Peña Nieto –el “líder”, el director y el presidente– quieren devolver a los empresarios y al capitalismo salvaje del neoliberalismo económico.
El presidente de la Comisión de Energía del Congreso de la Unión comenta que para que se dé la apertura de Pemex a la inversión privada se necesita una reforma constitucional. Diputados opositores contradicen la propuesta y señalan que defenderán el petroleó mexicano de manos extranjeras. “Los inversionistas no arriesgaran su capital sin una ley que los proteja”, explica especialista
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