El Consejo Mexicano de Negocios –integrado por trasnacionales como Femsa, Alfa, Lala, Mabe, MVS, Grupo Pisa, Vitro, Televisa, Grupo Carso, Chedraui, Grupo México– es el
Hasta un ministro de la Suprema Corte intentó, más que judicializar las libertades de expresión y de escribir, criminalizarlas para tratar de derogar sus principios constitucionales.
Órganos de inteligencia del gobierno federal elaboraron expedientes sobre las vinculaciones económicas, empresariales, políticas y personales de los especialistas que aspiraban a ocupar un puesto en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo que sustituyó a la polémica Comisión Federal de Telecomunicaciones
La reforma de telecomunicaciones es un engendro curioso. Es presentada por Enrique Peña Nieto como “una iniciativa que se diseñó, se dialogó y se acordó en democracia”, en la que “todas las voces cuentan [porque] son importantes para la construcción de los acuerdos en [un] clima de normalidad democrática”. Que busca “crear una nueva estructura institucional a favor de la competencia”, la “cobertura universal, la inclusión social, buenos precios, calidad en el servicio y en los contenidos”. En la que “el Estado establezca y haga valer su rectoría” sobre los grupos de poder y “la entrega o el retiro de concesiones no responderá a criterios políticos sino a criterios técnicos”, porque lo más importante es “atender las demandas más sentidas de los mexicanos de impulsar reformas transformadoras de nuestra realidad para servir a todo México”.
La única forma de terminar con el poder omnímodo de los oligarcas de los medios de comunicación, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, es hacer lo mismo que hizo Perseo para acabar con Medusa: cortarle la cabeza. Esto a través de dos medidas: el establecimiento de la legalidad y su democratización.
Las libertades de información, análisis y crítica, vigentes constitucionalmente como derechos individuales y colectivos, cuando son ejercidas sin la tutela de Televisa y Tv Azteca, es decir, sin las manipulaciones de Azcárraga Jean y Salinas Pliego, de inmediato son objeto de ataques a través de esos dos poderes fácticos que insisten, como la delincuencia organizada, en erigirse como gobiernos desafiantes y paralelos, no tanto al presidencialismo como el calderonista, sino a las instituciones del Estado.
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