En Petróleos Mexicanos (Pemex) preparan un cambio de rumbo para la filial que maneja los multimillonarios recursos obtenidos por las ventas de hidrocarburos en el extranjero: PMI Comercio Internacional.
Mientras Función Pública exime a empleados de filial de Pemex declarar patrimonio, Inai determina que los negocios de la petrolera –por más de 500 mil millones de pesos– vinculados a empresas offshore no son sujetos de la Ley de Transparencia
Confirmado: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), nuestro aparato de inteligencia civil, no sólo se dedica a “proteger” a la nación desde las 32 entidades que integran la República Mexicana. Émulos de sus pares de la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), a nuestros arrojados agentes secretos les alcanza para meter sus narices y penetrar un número indeterminado de países y, desde ahí, hacer lo que saben para que nadie atente contra el régimen… perdón, el Estado mexicano.
Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia –prácticamente está en quiebra técnica–, por la apertura del sector energético a la iniciativa privada. Aún así, en 2015 destinó 3 mil 846 millones 552 mil 318 pesos a cuatro de los seis fideicomisos que mantiene vigentes.
La ruinosa situación a la que han llegado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca ser justificada como consecuencia directa de factores como la devaluación del peso frente al dólar y la acumulación de sus pasivos laborales, evitando por todos los medios tocar asuntos medulares como la corrupción, opacidad y la inducida “quiebra técnica” puesta en marcha desde hace más de 1 década para dar cumplimiento a lo establecido en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que buscaba la privatización de las empresas estratégicas del sector energético.
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La preservación de la vaquita marina no puede recaer únicamente en las autoridades ambientales; es responsabilidad de todo el gobierno federal y de las comunidades
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En una carta, más de 150 organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales hicieron un llamado a los gobiernos del mundo para detener el
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