Roma, Italia. Pocos países no se vieron salpicados por los documentos filtrados y divulgados este mes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Los llamados Papeles de Panamá revelaron que hay unos 12 jefes de Estado, algunos en funciones y otros no, entre los 143 dirigentes políticos, familiares y allegados que utilizaron paraísos fiscales de forma secreta.
Buenos Aires, Argentina. Como era de prever, en Argentina el principal rebote político y periodístico de los Papeles de Panamá fue lo relacionado con Mauricio Macri. Su rol en empresas offshore sigue siendo cuestionado. El affaire es una cloaca destapada a nivel mundial.
Gran escándalo ha causado la investigación realizada por una parte de 370 periodistas, de un centenar de informativos que circulan en 76 países. En México, por cierto, están en esa importantísima acción, la revista Proceso y el portal Aristegui Noticias. El semanario no pudo brindar la exclusiva en su reciente número (2057), ya que se acordó darlo a conocer el domingo 3 de abril, pero todos podemos encontrarlo en el sitio proceso.com.mx.
Las autoridades mexicanas han mantenido en la impunidad, al parecer de manera deliberada, a todos los actores políticos y empresariales ligados a Oceanografía, la contratista favorita de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Desde hace varios sexenios el gobierno federal, a través de la empresa PMI (Petróleos Mexicanos Internacionales), filial de Pemex y que se maneja y administra como si se tratara de una empresa privada, se ha especializado en ocultar dinero público en paraísos fiscales producto de la comercialización internacional de crudo y otros productos derivados del petróleo (gasolinas), así como operaciones financieras diversas para la compra y contratación de bienes y servicios para la industria petrolera nacional, además de participar con acciones en empresas extranjeras como la refinería Deer Park en Estados Unidos o Repsol en España. Todo esto lo ha hecho con empresas de papel constituidas por servidores públicos en paraísos fiscales del Caribe y de Europa.
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