Mientras Función Pública exime a empleados de filial de Pemex declarar patrimonio, Inai determina que los negocios de la petrolera –por más de 500 mil millones de pesos– vinculados a empresas offshore no son sujetos de la Ley de Transparencia
Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta en su informe sobre el mal manejo y el desvío de recursos públicos en las administraciones de las secretarías de Estado, órganos descentralizados, empresas gubernamentales, gobiernos estatales y presidencias municipales, entre otros.
Un observador que presenció aquella mañana de finales del año pasado la salida de Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) nos comenta el fuerte enojo de la funcionaria experredista porque el presidente Enrique Peña Nieto la cambió a la Secretaría de Desarrollo Agrario. Enfurecida por la decisión presidencial, Robles ordenó vaciar la oficina que ocupó hasta ese 28 de agosto y cuando llegó su sustituto, José Antonio Meade, no había una silla donde sentarse ni tampoco un escritorio que le permitiera despachar en su primer día como titular de la Sedesol.
Antes de pretender reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir una mayor participación privada –principalmente de empresas extranjeras– en la exploración y producción de petróleo y gas, hubiera sido necesario escuchar de los funcionarios del gobierno federal la propuesta de un plan estratégico, con los órganos de seguridad nacional incluidos, para combatir la corrupción, la impunidad y el abuso de poder que corroe las estructuras de gobierno y vulnera las finanzas públicas.
El amplio archivo que integró la PGR en contra de Raúl Salinas de Gortari –y que deberá defender en el proceso de apelación de la sentencia que exoneró al ingeniero y a sus cómplices– da cuenta puntual de cómo se fraguó y operó el multimillonario fraude a las finanzas públicas. El año 1991 marcó un punto fundamental en esa historia de peculado, que involucró prestanombres, más de un centenar de cuentas bancarias en México y el extranjero, una decena de empresas y más de 40 bienes inmuebles. El complejo esquema financiero y empresarial fue ideado explícitamente por dos abogados para ocultar que el origen de la fortuna es el erario nacional. En breve, el hermano incómodo del expresidente Carlos podría recuperar cada centavo y propiedad
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