Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta en su informe sobre el mal manejo y el desvío de recursos públicos en las administraciones de las secretarías de Estado, órganos descentralizados, empresas gubernamentales, gobiernos estatales y presidencias municipales, entre otros. Y esto se repite anualmente en cada gobierno sin que nada pase; es decir, la corrupción acompañada de la impunidad son la fórmula perfecta para que los servidores públicos sigan robándose el dinero de los mexicanos sin enfrentar consecuencia alguna.

Mientras esto sucede, el Congreso discute establecer más regulaciones para “evitar”, dicen los legisladores, que sigan cometiendo más corruptelas con el dinero público, como si en la Constitución o en alguna ley regulatoria se estableciera que pueden sustraer recursos de la nación para beneficio personal.

Lo mismo sucede ahora con la aprobación de la llamada Fiscalía Anticorrupción, que pretende se un órgano “autónomo” que pueda combatir los malos hábitos del servicio público y sus complicidades con el sector privado, pero aunque es muy cuestionable creer que sólo con la creación de una nueva fiscalía disminuirá la corrupción gubernamental, ni siquiera para su constitución se han puesto de acuerdo nuestros miembros del Congreso. La realidad es que mientras no haya voluntad política del presidente de la República, del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de los diputados y senadores, la corrupción seguirá en aumento al mismo tiempo que el empobrecimiento y la desigualdad de la población.

Y este comentario tiene como objetivo hablar de los constantes abusos que se cometen en Veracruz –aunque en realidad podríamos también evidenciar a cualquier otro gobierno estatal o municipal–, en donde el gobernador priísta Javier Duarte ha saqueado las finanzas públicas; ha desviado cínicamente los recursos federales y locales; ha apoyado vilmente con dinero público las campañas políticas de su partido, incluida la presidencial; ha enriquecido ilícitamente a sus amigos, familiares y a él mismo, y ha dañado severamente la estructura social y la estabilidad económica de los veracruzanos.

Por eso, cada año la administración del gobierno de Veracruz, por lo menos en lo que lleva el actual gobierno que por fortuna está a punto de concluir, aparece en los primeros lugares de los estados más observados por la ASF por las corruptelas que ahí se cometen. A lo anterior se agrega la violencia extrema que ubica a ese estado como uno de los más peligrosos para la población, en donde los periodistas también han sufrido las consecuencias.

Por ejemplo, durante la revisión de la Cuenta Pública de 2012, cuando Javier Duarte ya era gobernador, la ASF descubrió graves irregularidades en el manejo de las finanzas, al punto que ese gobierno presentó el mayor número de observaciones a su ejercicio por un monto de 13 mil 187.5 millones. Dicha cantidad representó el 20.4 por ciento de todo el dinero en el rubro de gasto federalizado que tuvo inconsistencias.

El priísta Javier Duarte –a quien le descubrieron envíos millonarios de dinero en efectivo hacia la Ciudad de México– ha sido acusado por corrupción ante la Procuraduría General de la República y ha sido también investigado por la Secretaría de Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera, pero extrañamente hasta ahora ningún proceso penal ha logrado inculpar al funcionario, será tal vez porque es amigo de Enrique Peña Nieto.

Durante 2013 y 2014, el gobierno de Veracruz incurrió en un desvío millonario de recursos federales, según la misma ASF y de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, cuya corrupción ascendió a 11 mil 400 millones de pesos.

De acuerdo con un trabajo periodístico de Elva Mendoza, publicado en Contralínea, más de 47 mil millones de pesos le fueron entregados a la entidad para solventar carencias en los rubros de salud, educación, infraestructura y seguridad pública. No obstante, tras una minuciosa revisión del manejo y destino de los recursos, el órgano fiscalizador detectó irregularidades en las 44 auditorías realizadas a la administración de Javier Duarte de Ochoa, por lo que procedió a emitir un pliego de observaciones y recomendaciones e inició la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias. Al final nada ocurrió.

Con el fin de solventar los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, funcionarios del gobierno estatal realizaron movimientos bancarios simulando la reintegración de los fondos federales y después retiraron los recursos y los depositaron en cuentas distintas, sin que se pudiera acreditar su destino final.

Por los hechos, en 2014 la ASF inició 15 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, que involucraron al menos a 29 funcionarios y exfuncionarios. Aunque Javier Duarte aseguró que se habían sobreseído las 15 denuncias penales que la ASF interpuso contra su gobierno. Nuevamente la impunidad protegía a este gobernador.

En la revisión de la Cuenta Pública a septiembre del año pasado, la ASF descubrió más irregularidades en la administración del gobierno de Javier Duarte, que rebasan los 10 mil millones de pesos en el ejercicio de 2015. Seguramente de esto tampoco habrá rendición de cuentas ni culpables, como ha ocurrido en cada año de la administración de este priísta que se va impune con la protección del gobierno federal.

Puntos suspensivos… Después de ver las brutales imágenes de tortura que elementos del Ejército y de la Policía Federal cometieron en contra de una mujer procesada por delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, en donde la asfixian para obligarla a declarar, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, mantendrá su misma postura de pedir a la sociedad y a los medios que no critiquemos ni opinemos sobre esos abusos de militares en contra de la población. El tema lo ha abordado el funcionario en varias ocasiones, cuando ha pedido que no se hagan juicios de valor hasta que un juez determine la culpabilidad de los militares; sin embargo, es imposible que la prensa y la sociedad mantengan un silencio cómplice cuando miembros de las fuerzas armadas y de cuerpos policiales, que deberían ser los responsables de garantizar y dar seguridad y protección a a la población, son quienes atropellan los derechos humanos y promueven la tortura como una forma de “aplicar la ley”.

Miguel Badillo

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: OFICIO DE PAPEL]

Contralínea 484 / del 18 al 23 de Abril, 2016