Al 75 aniversario de la expropiación petrolera, Pemex llega como una industria desmantelada, opinan expertos cercanos a la empresa. Mientras las reservas alcanzarán sólo para 9 años de explotación, los contratos cedidos a la iniciativa privada desplazan a la mano de obra mexicana. Pendiente, además, la aplicación del tratado de yacimientos transfronterizos firmado hace 1 año por México y Estados Unidos
Aunque es considerado un asunto de seguridad nacional, en el que coadyuvan la Sedena y la Marina, el robo de combustibles se mantiene en ascenso. En el sexenio pasado, las pérdidas para Pemex por este ilícito habrían superado los 50 mil millones de pesos. Veracruz es la entidad donde se registran más tomas clandestinas, seguida por Sinaloa, Nuevo León, el Estado de México y Tamaulipas
De ser una potencia petrolera, México se convirtió en un importador masivo de petrolíferos, petroquímicos y gas natural seco: de 2007 a 2011, las adquisiciones de estos productos –principalmente de gasolinas– ascendieron a 1 billón 388 mil millones de pesos. El monto habría alcanzado para construir 10 refinerías Bicentenario.
Bastarían 75 años para que las razones históricas y los orígenes de la expropiación petrolera de 1938 sean sepultadas por las políticas neoliberales, que ahora en su intención privatizadora impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscan, sin el consentimiento del pueblo de México, regresar sus viejos privilegios a las compañías extranjeras, mismas que en las primeras décadas del siglo pasado mantuvieron en condiciones de semiesclavitud a los trabajadores petroleros del país y a los que el entonces presidente Lázaro Cárdenas apoyó en su organización sindical y en la conquistas de sus legítimos derechos, al restituir con su patriótico deber las riquezas del subsuelo en beneficio de la nación.
En España, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que paralice, en la región autónoma de Madrid, el cobro de 1 euro por receta médica dispensada. Una tasa recién impuesta por el gobierno regional del Partido Popular en Madrid para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, dicen.
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