En el Campo Militar Número 1, y dentro de una caja fuerte cuya combinación sólo conocen algunos integrantes del Estado Mayor, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) guarda un expediente. Tal documento es protegido con las más estrictas medidas de seguridad. Está prohibido, incluso, que sea extraído de su recinto. Se trata del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto.
Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.
Estudiantes, activistas, amas de casa, campesinos… Contra cualquiera se podrían enfilar las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano. El marco jurídico define ambiguamente cuáles son las actividades que amenazan a la nación; y nada dice de cuáles son los objetivos, intereses y aspiraciones nacionales.
“Seguridad nacional”, el ardid para eludir la ley. En México, los organismos de inteligencia –civil y militar– no rinden cuentas del dinero público que ejercen ni de su desempeño profesional. Con frecuencia, estos organismos son utilizados para espiar ilegalmente a los adversarios políticos del régimen en turno y violar derechos humanos.
Espionaje ilegal, ausencia de rendición de cuentas, violación a derechos humanos, impunidad, falta de control social, ineficiencia… Definiciones que surgen de especialistas, legisladores y de los propios funcionarios cuando se trata de analizar seriamente el desempeño de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad y la defensa nacionales, que tan sólo para 2013 cuentan con un presupuesto que rebasa los 73 mil millones de pesos.
La justicia en México es lejana, distante y mira con desdén las necesidades más básicas de la gente; por ello, se debe crear una que
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