Estudiantes, activistas, amas de casa, campesinos… Contra cualquiera se podrían enfilar las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano. El marco jurídico define ambiguamente cuáles son las actividades que amenazan a la nación; y nada dice de cuáles son los objetivos, intereses y aspiraciones nacionales.
“Seguridad nacional”, el ardid para eludir la ley. En México, los organismos de inteligencia –civil y militar– no rinden cuentas del dinero público que ejercen ni de su desempeño profesional. Con frecuencia, estos organismos son utilizados para espiar ilegalmente a los adversarios políticos del régimen en turno y violar derechos humanos.
Espionaje ilegal, ausencia de rendición de cuentas, violación a derechos humanos, impunidad, falta de control social, ineficiencia… Definiciones que surgen de especialistas, legisladores y de los propios funcionarios cuando se trata de analizar seriamente el desempeño de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad y la defensa nacionales, que tan sólo para 2013 cuentan con un presupuesto que rebasa los 73 mil millones de pesos.
Durante el sexenio de Felipe Calderón 55 mil 129 efectivos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México desertaron de sus unidades. El número de militares que abandonaron irregularmente las Fuerzas Armadas Mexicanas supera a la totalidad de tropas activas de países europeos como Holanda, Portugal, Dinamarca, Suiza y Noruega, y latinoamericanos como Cuba, Bolivia y Uruguay.
De los 39 kaibiles graduados en 2 décadas y media, por lo menos 10 han causado baja de las instituciones mexicanas; algunos han puesto sus conocimientos al servicio del crimen organizado
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