La semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese Instituto, incluido su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral autónomo.
Igual que en la política, en la administración pública es común la práctica de que los funcionarios en desgracia, o que simplemente tienen que dejar su encargo, pasan de inmediato al olvido, y con ellos, todos los negocios y empresas privadas que fueron privilegiados durante su gestión. Esto sucede en cada cambio de gobierno, y más aún cuando el gobierno que sustituye pertenece a otro partido político.
Las “más de 800 modificaciones” que ha sufrido la Constitución Mexicana, desde su promulgación en 1917, “erosionan su estabilidad y legitimidad”, criticó la presidenta de
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Kuala Lumpur. En Filipinas, un grupo de cuatro barangays (barrios) insulares en Tubigon, situado en la región centro-sur de Bohol, se están hundiendo, debido a
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