En un país donde más de 53 millones de personas sobreviven en situación de pobreza y miles de niños son analfabetas –por carecer de escuelas cercanas a sus domicilios o tener que trabajar para ayudar a la economía familiar–, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha entregado dádivas por 1 mil 675 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en lo que va de este sexenio.
A Aurelio Nuño Mayer se le recordará como el secretario que –al desconocer la realidad de las mayorías y negarse sistemáticamente al diálogo con los disidentes a la reforma educativa– generó uno de los peores conflictos magisteriales, y no como el reformador que ha creído ser, en su corto paso por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Hay un México que convulsiona. Ése donde desaparecen decenas de personas y donde cientos pierden la vida –asesinados, en fuego cruzado o en el vía crucis del desplazamiento forzoso– a causa de la violencia del narcotráfico y la militarización.
El primer círculo del gobierno federal parece no darse cuenta de las dimensiones que está tomando el conflicto magisterial, encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Y es que no se puede descartar una crisis generalizada, debido al hartazgo que impera en varios sectores de la sociedad, sobre todo en aquellos organizados.
El régimen de Peña Nieto creyó que impondría la reforma (laboral) educativa de la misma manera que se impuso en la Presidencia: con una feroz propaganda disfrazada de información, distribuida por los “líderes de opinión” de los consorcios mediáticos. Pero aquí la situación no es la misma: no es lo mismo “ganar” una elección con dinero derrochado en campañas, “encuestas”, spots, entrevistas a modo, discursos ante auditorios controlados, despensas, acarreos de votantes y entrega de tarjetas Soriana, que aplastar un movimiento con profundas raíces en las comunidades pobres del país.
Por reforma educativa, encarcelan a más de 100 maestros de la CNTELejos de frenar los conflictos relacionados con el sector educativo, la administración de Aurelio Nuño Mayer en la Secretaría de Educación Pública (SEP) los ha exacerbado.
La entidad gobernada por Egidio Torre Cantú vive el proceso electoral en medio de inseguridad e impunidad. A ello se suma el mal uso de recursos públicos por más de 870 millones, detectado por la Auditoría Superior
Previamente al anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para aumentar el presupuesto destinado a la “capacitación” de los docentes, se abandonaron y desmantelaron en todo el país las instituciones públicas responsables de llevar a cabo esta tarea. Las que se crearon recientemente, a consecuencia de la reforma educativa de 2013, tal es el caso de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), nunca se consolidaron, se perdieron en su propias incapacidades, sin propuestas siquiera visibles, mucho menos de algún impacto real.
Con la espada desenvainada de capataz contra la disidencia magisterial, el secretario de Educación Pública (aunque en la realidad parece privada): Aurelio Nuño Mayer –con sus exhibiciones ante alumnos, profesores y padres de familia para posicionarse como precandidato presidencial–, no tuvo más opción que comportarse como uno de los Jerges de las satrapías, cuando el mar y la tormenta le desmantelaron sus navíos; pues ante la necesidad de suspender las clases por la tormenta invernal, tuvo que cargar con la derrota. Ridiculizado por la naturaleza debido a este hecho, ese Jerges enfurecido mandó a más de 100 de sus esclavos para darles de azotes al mar, enfurecido por haber tenido que suspender el ataque a sus adversarios. Ahora fue Nuño, quien tuvo que aceptar la suspensión de clases y la ausencia de profesores en las aulas, ya que no tiene a quien despedir ni a quien quitarles su salario. Convertida la SEP en una satrapía o sea, en una organización autoritaria, Nuño tendrá que comportarse como un nuevo Jerges y mandar azotar a la lluvia, los ventarrones y el frío que “conspiraron” para exhibirlo como un funcionario que no las tiene todas consigo.
Para el cumplimiento de los servicios que presta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Estado mexicano, no hay política de austeridad que valga. Y es que estamos hablando de los servicios de inteligencia civil para preservar la “¡seguridad nacional!”: la palabra mágica con la cual todo se justifica, desde la entrega de millonarios recursos hasta la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los mismos.
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