Primera parte. Con la apertura de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) para dar cauce a la denuncia
Como prueba de uno más de los hartazgos sociales que brotan por todos los rincones del país, miles de ciudadanos expresaron el pasado 17 de abril su apoyo al plantón indefinido que montó a las afueras de la CFE, en la esquina de Insurgentes y Reforma
La ruinosa situación a la que han llegado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca ser justificada como consecuencia directa de factores como la devaluación del peso frente al dólar y la acumulación de sus pasivos laborales, evitando por todos los medios tocar asuntos medulares como la corrupción, opacidad y la inducida “quiebra técnica” puesta en marcha desde hace más de 1 década para dar cumplimiento a lo establecido en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que buscaba la privatización de las empresas estratégicas del sector energético.
Lo expresado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante la celebración de la Segunda Reunión Plenaria de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el sentido del acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para concluir el conflicto laboral que detonó el 11 de octubre de 2009 el irresponsable y autoritario gobierno de Felipe Calderón, con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, muestra los frutos de una lucha justa y digna que mantuvieron a lo largo de 6 años de resistencia los 16 mil 599 trabajadores que se negaron a aceptar el espejismo de una liquidación que pretendió aniquilar a la organización gremial más independiente y combativa del país.
Es momento de que los mexicanos se enteren a cabalidad del abandono en que se encuentran las plantas de generación operadas por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hasta antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009.
Con 335 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones, el dictamen, que incluye los delitos de extorsión y actividades relacionadas con drogas sintéticas
A partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general
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