Dos instituciones encargadas de la seguridad nacional fueron utilizadas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas durante el sexenio pasado: la Sedena y el Cisen. La primera envió soldados –disfrazados de policías– a las instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro para desalojar a los trabajadores.
Si los gobernantes en turno afirman que México es un país democrático, el tema de la reforma energética debe llevarse a un debate nacional donde participen no sólo los grupos empresariales –interesados en apropiarse de buena parte de los dividendos de la renta petrolera, de los contratos de exploración, explotación y los procesos de refinación–, sino todos los sectores sociales, así como intelectuales y especialistas en la materia, para evitar que un asunto de vital trascendencia para el futuro del país sea aprobado por una irresponsable mayoría en el Congreso de la Unión, como ya aconteció con las reformas laboral y educativa. Presentamos esta serie de artículos para argumentar el porqué los mexicanos debemos decir “no” a los cambios que se pretenden realizar en el sector, de acuerdo con lo planteado por priístas y panistas.
Cuando el general Lázaro Cárdenas asumió la Presidencia de la República en 1934, los energéticos se encontraban de forma absoluta en manos de empresas extranjeras; por ello, el crecimiento de la economía y el bienestar del pueblo de México se supeditaban a los caprichos e intereses de los voraces capitales internacionales.
Millones de usuarios de la energía eléctrica en todo el territorio nacional están a la espera de una voz que los guíe y oriente para encauzar su justificado descontento por los altos cobros en sus recibos de luz y el pésimo servicio que viene prestando, a través de empresas contratistas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no únicamente en las entidades de la zona centro (antes atendida por Luz y Fuerza del Centro), sino en el resto del país.
La noche del 10 de octubre de 2009 en que fueron tomadas por asalto las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro para ejecutar –aun antes de su publicación– el decreto de su extinción, el Ejército Mexicano enlodó su casta de institución patriótica al servicio del pueblo, cuando a soldados disfrazados de policías federales se les utilizó como golpeadores, incluso con la orden de tirar a matar, para desalojar, a punta de bayoneta y con lujo de fuerza, a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En el caso de los electricistas que Felipe Calderón y su secuaz empleado Javier Lozano Alarcón (dos nazis que abusaron del poder) dejaron en el desempleo, los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación –Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Fernando Franco y Sergio Valls– resolvieron el reclamo laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como propuso el ideólogo de Hitler y el nazismo, partidario de la autocracia y enemigo a muerte de la democracia y el republicanismo, Carl Schmitt (Estudios sobre Carl Schmitt, varios autores, Siglo XXI, España), quien argumentaba que el defensor e intérprete de la Constitución y único beneficiario debería ser, en ese entonces, el Führer Hitler o el Duce Mussolini. Ahora, pues, la Primera Sala favoreció al borrachín Calderón y al lengua suelta y brabucón Lozano, ¡ahora senador, al estilo de cuando Calígula hizo senador a su caballo!
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