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Telecomunicaciones: mucho estruendo, pocas leyes y perversas

Vino nuevo en pellejos viejos. Para justificar la imposición de un nuevo ciclo de las desacreditadas, antisociales y en bancarrota contrarreformas estructurales neoliberales como son la educativa, la fiscal, la energética o en las telecomunicaciones, ahora pintarrajeadas con la pátina del pelambre priísta, devenido del vistoso tricolor nacionalista-revolucionario al lustre rata-gris que asume la estafeta para seguir esparciendo el bacilo de la peste del prehistórico liberalismo económico, Enrique Peña Nieto y sus falanges no han dudado en desempolvar la anticuada, desgastada e insultante monserga priísta. Con la alternancia, Tartufo retornó como publicista gubernamental.

¿Combatir la corrupción?

La detención de Elba Esther Gordillo, si bien fue celebrada por quienes por décadas han denunciado la corrupción en el SNTE, también generó una animada demanda ciudadana para que se investigue y se ejerza acción penal contra otros funcionarios. Apenas cinco botones de muestra señalan que, en materia de agravios a la sociedad por corrupción, abuso de poder, violación a los derechos humanos, enriquecimiento ilícito y nexos con la delincuencia, la Maestra no está sola.

Desconfianza, obstáculo de la sociedad civil

La desconfianza y opacidad son dos factores que impiden que las instituciones sin fines de lucro se articulen mejor para atender áreas básicas de educación, salud y vivienda en las que participan

Sociedad Civil juega papel de Estado

Instituciones educativas, grupos religiosos y sindicatos estarían solucionando necesidades básicas con recursos privados y a través de esquemas de trabajo remunerados o no remunerados que le competen al gobierno

Sociedad civil solventa responsabilidades del Estado

Al menos 40 mil 89 instituciones sin fines de lucro estarían solventando en México necesidades de educación, salud, cultura y bienestar social: más del 33 por ciento de los recursos que se destinan a esos rubros provienen del llamado tercer sector. Tan sólo en 2010, las principales aportaciones de la sociedad civil organizada ascendieron a más de 96 millones de pesos y tuvieron como fin sufragar responsabilidades del Estado

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