Detenidos en la masacre de El Charco fueron llevados a cuarteles militares para interrogatorios bajo tormento; iban cuatro menores de edad. Hoy el Estado Mexicano no quiere asumir responsabilidad ante la CIDH
La semana pasada estuvo en México el secretario general adjunto para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Hervé Ladsous. Fue recibido por los mandos superiores de la milicia del país: el general de división Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el almirante Vidal Soberón Sanz, quien encabeza la Secretaría de Marina (Semar).
Desde el inicio de la violencia generalizada que se vive en México –cuando Felipe Calderón decidió sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para asumir una Presidencia que no ganó–, los militares mexicanos han recibido 174 recomendaciones por violar derechos humanos.
El involucramiento de México en misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –que hoy tiene a 13 militares (soldados y marinos) en Líbano, Haití y el Sahara Occidental– va más allá del envío de algunos efectivos. El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha comprometido en la construcción de un Centro de Adiestramiento para capacitar especialmente a las tropas mexicanas que en el futuro serán desplegadas en diversas partes del mundo.
Son 13 los efectivos de las Fuerzas Armadas Mexicanas actualmente desplegados en las Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de ocho soldados del Ejército Mexicano y cinco marinos de la Armada de México. No van con arma de cargo ni con tanques, aeronaves o cualquier otro tipo de vehículos, embarcaciones o armamento mexicanos para cumplir las funciones que les han asignado. Están distribuidos en tres misiones de la ONU: para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso); de Estabilización en Haití (Minusstah) y Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (Unifil).
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