Cuando se habla de rapiña contra el patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) inmediatamente se piensa en el flagelo del robo de combustibles, que tan sólo en enero pasado ascendió a 414 mil barriles; así como en los llamados moches o diezmos, que son los sobornos que empresarios pagan a algunos funcionarios de la petrolera para ganar contratos.
Después de estar dormidos por casi 12 años, lapso en el que el Partido Acción Nacional asumió el poder presidencial, los órganos de inteligencia del Estado parecen haber despertado y se han puesto a trabajar para contener uno de los problemas que más preocupa al gobierno de Enrique Peña Nieto: el robo de combustibles petrolíferos, clasificado como un asunto de seguridad nacional.
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