Nadia Irene González Guzmán

Matamoros, Tamaulipas

 

A las 10:30 horas del 23 de Julio del 2009, cuando acudió a un llamado de auxilio que, pensaba, era rutinario, el policía preventivo Javier Mendoza Soto nunca imaginó que se enfrentaría a una tragedia en cumplimiento de su deber.

Con sólo 30 años de edad, muchas veces pensó que un día se “quedaría en la raya”, algo que asumió desde que comenzó a usar el uniforme en una ciudad tan violenta como Matamoros, por eso siempre y dentro de sus posibilidades era muy cauteloso.

Sin embargo el certero disparo de un delincuente quien lo agredió cuando apenas descendía de su patrulla, cambio toda la vida de Mendoza Soto.

Lo último que recuerda de ese instante fue una sensación de dolor al que le siguió el recuerdo de sus hijos.

Su compañero, José Angel Martínez Ochoa fue de los primero en tratar de auxiliarlo cuando cayó abatido, luego de ello los paramédicos de la Cruz Verde que lo trasladaron al Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo” donde el policía supo que se debatía entre la vida y la muerte.

Hoy, tres años después, este ex preventivo está confinado a desplazarse en una silla de ruedas, pues está paralizado del pecho hacía abajo y sufre no sólo por su condición, sino por el abandono en el que lo han dejado las autoridades municipales.

Y si bien salvó su vida milagrosamente, y se ha sobrepuesto a las secuelas de una limitación física a base de coraje, se enfrenta a un problema mayor: no recibe la atención médica adecuada.

Su parálisis podría no ser permanente, pero su recuperación se aleja al no recibir los beneficios que le corresponden por ley, mismos que le permitirían costear tratamientos y asumir opciones que le brindarían una mejor calidad de vida.

“Sí Javier Mendoza Soto se sometiera a un tratamiento especializado, vislumbraría la posibilidad de recuperar parcialmente la movilidad”, opinó el médico familiar del Centro Comunitario de su colonia.

 

 

Su figura delgada acentúa su alta estatura a pesar de permanecer sentado. Se expresa con serenidad y franqueza, revelando nostalgia por los días en los que servía como policía.

“Muchos me preguntan ¿por qué me enfrenté a un delincuente? Lo hice porque era mi deber…tenía que hacer mi trabajo, era mi obligación, acudí a un llamado, como fui a otros tantos, pero una bala me quemó la médula y me fracturó una parte de la columna”, dijo.

Cuando le informaron que no podría caminar tomó la noticia sin alterarse, pues jamás había estado enfermo y pensó que si ponía de su parte mejoraría, pero luego se dio cuenta que dependería por mucho tiempo de los demás.

“Al principio era difícil, no podía levantarme de la cama, o pasar de la silla a la cama y viceversa, no podía vestirme, todo era complicado y frustrante, pero las terapias de rehabilitación física me ayudaron y ahora hago cosas como sostenerme de la escalera de la litera para permanecer erguido por 15 minutos”, expresó.

Es por eso que asume que debe de tocar todas las puertas que sean posibles. Quiere nuevamente ser el sustento de su casa donde los gastos que se generan en su hogar son por el pago de servicios, la educación de sus hijos, la alimentación, el vestido y en una mínima parte en los medicamentos que requiere.

“Y si uno o dos de mis chiquillos necesitan zapatos, compró un mes el calzado para uno y al siguiente mes el otro, pero también debo decir que son muy comprensivos porque el único ingreso que tenemos es el de mi pensión y ven que limito algunos otros gastos sin protestar, ni quejarse”, dijo.

Este ex policía extraña su trabajo, sus compañeros, pues con la convalecencia vino de la mano la soledad.

“Mi compañero José Angel Martínez viene cada mes o cada que puede, pero ya nadie más me visita. Antes venían más elementos y algunas personas que me expresaban solidaridad y se comprometían a darme algún tipo de apoyo, como Rubén Hiram González, secretario de Seguridad Pública en la pasada administración, pero todo quedó en eso en promesas”, se lamentó.

Cuando le dijeron que no podían darle el apoyo que necesitaba para viajar a Monterrey practicarse una cirugía que necesita, se sintió profundamente decepcionado.

“Cuando más lo necesitaba fue cuando me quitaron éste beneficio, que me costó mucho tener, porque fueron exhaustivas las evaluaciones a las que me sometí y cuando hablé de esto con el actual secretario de Seguridad Pública, Gabriel López Ordaz, me externó su apoyo, pero me dijo que lo sentía, que ese dinero sólo se daba a policías en activo”, precisó.

Sus propios ex compañeros le dijeron que esta negativa se prestaba a suspicacias por que el listado de beneficiados venía directamente de la Ciudad de México con nombres y rangos específicos.

Actualmente dentro de la Policía Preventiva de Matamoros hay un policía en activo con prótesis, pero debido a que realiza trabajo operativo, evidenciar su condición le generaría riesgos y por ello se omite su nombre.

Esto demuestra que si Mendoza Soto regresara a hacer una actividad en la corporación podría conservar quizá algunos de los beneficios que le arrebataron a pesar de que estar como está es consecuencia de “cumplir con su deber”.

 

 

La modesta casa  azul, marcada con el número 13 de la calle Amistad de la colonia Integración Familiar tiene un rampa de acceso que se había comprometido la anterior administración municipal a construir, pero que terminaron pagando otros policías en una acción de solidaridad con el elemento que sirvió por siete años a la corporación.

Cooperaron e hicieron que se colocara el piso de concreto en el frente del domicilio y en la parte del patio trasero otra rampa, con la idea de que su ex compañero no se deprimiera y pudiera salir cuando lo deseara.

Esta es apenas una de las promesas incumplidas, pues a Mendoza Soto le dijeron que tendría despensas, becas educativas para sus cuatro hijos que viven y dependen de él y hasta que conservaría el bono de siete mil 500 pesos que provenía del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun).

Actualmente conserva un salario en el rango de policía raso de sólo 2 mil 100 pesos catorcenales, además de un bono de 400 pesos mensuales, más 400 pesos extra, por su condición.

Con estos ingresos no puede pagar la rehabilitación que requiere y no puede comprar los medicamentos prescritos por el médico, pues el tratamiento es de cuatro vacunas mensuales, cuyo precio unitario es de 600 pesos y cada terapia diaria le cuesta 200 pesos, con descuento.

“El doctor Fernando Luévano no me cobra por las terapias, es un excelente médico y me apena no poder pagar por su servicio, pero él sabe mi condición y me dice que no me preocupe e insiste en otras alternativas para que mejore… vacunas que no puedo costear y hasta una nueva cirugía en Monterrey con un neurocirujano experto en casos como el mío”, dijo.

 

 

Al inicio de la actual administración habló con el Oficial Mayor del Municipio, Francisco Márquez  Cárdenas, quien se comprometió a pagar dos de las cuatro vacunas, siempre que le facturara dicho gasto, pero tras que dejara el puesto se le ha hecho imposible hablar con el actual Oficial, Carlos de la Garza Hernández, porque sencillamente no lo recibe.

“Es complicado para cualquier persona minusválida, incluso para personas de la tercera edad, subir las escaleras de presidencia municipal, y es que es increíble que no tengan elevador. Cuando busco que me escuchen, sencillamente me dicen que están muy ocupados y que regrese después”, mencionó.

Es por eso que se vio obligado a interponer una demanda contra la administración municipal, pues de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 487, tras un incidente en cumplimiento de su deber (como el que él sufrió), se le debe de proporcionar asistencia médica, quirúrgica, hospitalización, aparatos de prótesis y lo necesario para su rehabilitación. Sin embargo en caso apenas y le dieron una silla de ruedas.

 

 

Mendoza Soto aún conserva su uniforme y los recuerdos de sus amigos, no todos, sólo los más leales. Para hacer mayor su tragedia, también sufrió un doloroso divorcio en el que debido a su condición, tuvo que ceder la custodia de sus hijos.

Sin poder evitar evocar los amagos instantes, trata de disimular las lágrimas que asoman por sus ojos, cuando recuerda lo difícil que fue pelear por sus hijos, que estuvieron tres meses bajos los cuidados del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en una casa hogar.

“Mis hijos son mi apoyo, ellos me impulsan, el primer día que pude por mí mismo subir a la silla de ruedas me aplaudieron, antes de eso no tenía fuerzas para hacer casi nada, por ellos es que quiero recuperarme, por ellos es que insisto en que se me dé lo justo”, dijo.

En estas fechas y no obstante su discapacidad, Mendoza Soto prepara los alimentos a Ingrid Hisel, de 11 años; Jenifer Estrella, de nueve; Irving Javier de siete y Alondra de cinco.

La más pequeña de sus hijos no va al kinder porque le dijeron cuando la quiso inscribir, tras un cambio de domicilio luego del divorcio, que no tenían cupo en el plantel más cercano. Ellos lo hacen reír la mayor parte del tiempo y jamás han dejado de verlo como su héroe.

Ingrid Hisel dice que su papá siempre va a ser policía, y que ella siempre lo va a amar y admirar. Alondra lo rodea amorosamente por la espalda y él le da un beso en la mejilla antes de que de un salto para reanudar el juego con sus vecinos.

“Disfruto enormemente estar con ellos, les hago de comer, les ayudo con la tarea, los llevo a la escuela gracias a una adaptación que hizo un vecino a mi carro y del que sólo aceptó un pago simbólico. Colocó unas varillas en los pedales de la velocidad y freno”, dijo.

Calificada como “mexicanada” la adaptación de su vecino que es mecánico y sabe de herrería, la aprecia como una invaluable  muestra de cariño, pues desde hace tiempo las autoridades dejaron de apoyarlo con el transporte diario a su rehabilitación.

A pesar de todo lo vivido dice que nada le gustaría más que volver a ser policía.

“Siempre quise ser policía, desde niño… subirme a una patrulla, ponerme un uniforme, atrapar a los malos y cuando cumplí los 24 años y me gradué de la academia estaba muy orgulloso de pertenecer a la corporación”, precisó.

Aseguró que aún y cuando ha estado fuera de actividad durante los últimos años siempre fue un policía calificado para hacer su trabajo, e incluso antes del incidente aprobó todos los exámenes que la federación realizó a los elementos que quisieran aplicar el beneficio del Subsemun, que incluyeron exámenes físicos, psicológicos, de polígrafo y de conocimientos.

“Amo ser policía, es algo que me hace mantener las esperanzas en que me habré de recuperar”, dijo.

Después del violento suceso en el que perdió capacidades físicas y también parte de sus sueños, ha aprendido a valerse por sí mismo.

 

 

Este ex policía tiene una sonda en su cuerpo ya que no controlaba inicialmente sus esfínteres, y actualmente conoce mejor su cuerpo y se ha educado por tiempos, lo que le permite ir sólo al baño y evitar penosos incidentes.

“Fui herido, mientras cumplía con mi deber y en otras circunstancias habría sido recordado por un valiente gesto, pero hoy son pocas o ninguna las vistas que recibo, pese a que frustré un asalto bancario son las autoridades son los primeros en desestimar mí condición… es como un viacrucis”, dijo con pesar.

Aunque vive postrado en una silla de ruedas, está a cargo totalmente de sus hijos y sortea todas las limitantes de un minusválido. Encara la vida con el mismo valor con la que solía hacer su tarea policiaca, sólo que con más dificultades, entre todas, la falta de recursos económicos para tratarse adecuadamente.

Hoy no puede moverse por sí mismo y subsiste con apoyos que son escasos, esporádicos y menores a sus necesidades.

Si la Asociación de Policías Jubilados y Discapacitados que representa José de Jesús Padilla no hubiese insistido e incluso abiertamente algunos representantes de los medios de comunicación no hubieran intervenido a su favor no tendría, ahora mismo, una silla de ruedas.

En el mes de agosto cuando solicitó una nueva, porque la que tenía estaba totalmente inservible la Regidora que preside la Comisión del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sandra María Rodríguez Estrada, le dijo inmediatamente que no había sillas disponibles, y un periodista cuestionó a la miembro del cuerpo edilicio al ver su injusta respuesta.

“Se trata de un policía que fue herido en cumplimiento del deber, no es lo menos que deben hacer, darle una silla para que se pueda mover sin dificultades, que no ve la condición en la que está su silla, dijo el periodista a la regidora”, narró un testigo del encuentro, otro oficial que con la ayuda de otros elementos había cargado a Mendoza Soto hasta el segundo piso de la presidencia municipal para hacer la solicitud.

Añadió que a Rodríguez Estrada le tomó media hora conseguir la silla.

“Eso es una muestra de lo poco que aprecian el trabajo que presta un policía”, dijo el preventivo, quien no quiso dar su nombre por temor a represalias.

Esta indiferencia fue la que hizo que el ex policía buscara apoyo legal e interpusiera una demanda en contra del Ayuntamiento.

“Recientemente el abogado expresó que iría mi solicitud a Junta de Cabildo, espero que esto prospere porque tengo seis meses sin consultar y en mi caso, esto pronuncia aún más mi imposibilidad, necesito mantener la rehabilitación y el adecuado tratamiento para recuperarme”, finalizó.