Despilfarro de Peña Nieto en informes y Gritos de Independencia: de 2013 a 2017, el erario pagó 42.5 millones de pesos en cinco Informes de Gobierno. Además, en cuatro festejos del 15 de septiembre gastó 30.7 millones; en una ceremonia del Bicentenario de la Constitución, 5.3 millones; en cuatro aniversarios del Natalicio de Juárez, 4.2 millones, entre otras celebraciones

En cada festejo del gobierno federal por los gritos de Independencia, informes de Gobierno, aniversario de la Constitución o natalicios de Benito Juárez y José Marí­a Morelos y Pavón, los gastos con dinero público ordenados desde Los Pinos fueron multimillonarios en el sexenio de Enrique Peña Nieto y pagados con el presupuesto de la Secretaría de Gobernación, cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong.

Igual que con el Partido Revolucionario Institucional, lo mismo sucedió en gobiernos panistas, en donde el despilfarro de recursos públicos, la corrupción y el abuso de poder, eran cosa de todos los días.

Por ejemplo, de acuerdo con información reservada como confidencial por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de 2013 a 2017 el gasto público en los cinco informes de gobierno de Peña Nieto ascendió a 42 millones 586 mil 221 pesos.

Por cada Informe de Gobierno, la Secretaría de Gobernación (Segob), por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, erogó 8 millones 390 mil 748 pesos, en 2013 (contrato OM/DGPYP/1363/13); 8 millones 683 mil 684 pesos, en 2014 (OM/DGPYP/2381/14); 9 millones 120 mil 998 pesos, en 2015 (OM/DGPYP/2022/15); 6 millones 647 mil 383 pesos, en 2016 (OM/DGPYP/2136/16); y 9 millones 743 mil 408 pesos, en 2017 (OM/DGPYP/2511/17).

En documentos oficiales que son revisados por el Órgano Interno de Control en la Segob, se informa que en cuatro festejos gubernamentales con motivo del Grito de Independencia del 15 de septiembre, el gobierno de Peña Nieto gastó 30 millones 784 mil 94 pesos.

Por cada conmemoración del Grito de Independencia, los mexicanos pagaron por año 6 millones 449 mil 843 pesos, en 2013 (OM/DGPYP/1545/2013); 9 millones 340 mil 187 pesos, en 2014 (4500016877); 6 millones 997 mil 32 pesos, en 2015 (4500017281); y 6 millones 997 mil 32 pesos, en 2016 (4500017281).

En la ceremonia conmemorativa del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, en 2014, el gasto ascendió a 5 millones 345 mil 429 pesos (OM/DGPYP/2903/14).

También en el Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, el gobierno de Peña Nieto gastó, en sólo 4 años, 4 millones 296 mil 685 pesos. Lo mismo se hizo en 2015, en el Aniversario del Natalicio del Generalísimo José Marí­a Morelos y Pavón, cuando se gastó 1 millón 175 mil 596 pesos (OM/DGPYP/2494/15).

En los aniversarios del Natalicio de Juárez se erogó en 2015, 1 millón 802 mil 733 pesos (OM/DGPYP/647/15); en 2016, 1 millón 670 mil 130 pesos (4500017241); en 2017, 378 mil 560 pesos (4500017562), y en 2018, 445 mil 262 pesos (4500017686).

Sexta y última parte

Más contratos y convenios de la Segob

Un contrato sin número, por 27 millones 500 mil pesos, le asignó injustificadamente la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (SPPC) al despacho González de Aragón y Asociados Contadores Públicos, SC, para el “asesoramiento y asistencia para la generación de un modelo explicativo de factores de riesgo asociados con la violencia y delincuencia”.

Además de que el tema de dicho contrato no tiene experiencia alguna ese despacho de contadores, la Segob explica que “no existe soporte documental del contrato ni del anexo técnico”.

Otro cuantioso gasto por 85 millones de pesos lo hizo la misma SPPC para la realización de una “Encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia en 2014″; sin embargo, no ha soporte documental de esa adjudicación directa y en este caso dicha encuesta derivó en un “estudio para estimar incidencia de factores de riesgo de violencia y delincuencia”.

Según documentos oficiales de Gobernación, Oficialía Mayor gastó 12 millones de pesos en un convenio de colaboración con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos el 5 de mayo de 2015 para un Programa de Observación Electoral.

En los documentos se afirma “desconocer si existió remanente del monto no ejercido y si éste fue reintegrado (lo que debió ocurrir el 21 de septiembre de 2015)”.

En otro contrato número SG/CPS/89/2016, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de Gobernación dispuso de 6 millones 494 mil 470 millones de pesos para el mantenimiento y preservación de la Rotonda de las Personas Ilustres.

Un gasto directo más por 69 mil 404.37 pesos, clasificado como “seguridad nacional”, fue para una reunión de trabajo de la SSPPC con la DHS (Department of Homeland Security US Embassy). La Secretaría de Gobernación indica que “no existe soporte documental de esa adjudicación directa.

La misma SPPC le adjudicó también de manera directa a la empresa Viajes Premier, SA de CV, un contrato por 2 millones 617 mil 605.77 pesos para “la coordinación operativa técnica y administrativa con presidentes municipales Pronapred”. De esto no existe soporte documental.

Por invitación restringida, la SPPC otorgó contrato a la Fundación para la Implementación Diseño, Evaluación y Análisis de Políticas Públicas, AC, por un monto de 2 millones 575 mil 355.23 pesos, para “asesoría y asistencia técnica dirigida a gabinetes y equipos técnicos de los tres niveles de gobierno, para la prevención social de la violencia y la delincuencia”. De ese contrato sin número no hay soporte documental ni el anexo técnico.

Más irregularidades por no existir los soportes documentales de contratos ni sus anexos técnicos se cometieron con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cual la misma Subsecretaría le adjudicó directamente un contrato sin número por 4 millones de pesos, supuestamente para un estudio de generación de tabulados básicos con variables para estimar incidencia de factores de riesgo de violencia y de delincuencia, según resultados de Encuesta de cohesión social de 2014.

A la Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Segob le asignó 8 millones 500 mil pesos de “un estudio para elaborar las bases de propuesta integral en materia de prevención social, reincidencia delictiva y violencia de personas en reclusión, pero no existe soporte documental de dicho trabajo ni justificación. Algo parecido a los contratos asignados por la Secretaría de Desarrollo Social cuando su titular era Rosario Robles, actualmente presa por diversos delitos.

[fullwidth style=”default” fullwidth=”NO” background_color=”#f2f2f2″ background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”0px” border_color=”grey” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=”#1D1E1B”]

“Simple corrupción”: Ulises Murguí­a

No hay misterio alguno en los contratos millonarios otorgados bajo el concepto de “seguridad nacional” el sexenio pasado: se trató de “simple corrupción”, considera el diputado Ulises Murgu­ía Soto, presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Cuestionado sobre los cientos de contratos clasificados bajo el concepto de seguridad nacional que celebró la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el periodo en que fue encabezada por el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, el legislador federal señala que sólo se trató de ocultar negocios y no rendir cuentas.

“No era otra cosa que corrupción. Es muy simple. Se manejó una supuesta “confidencialidad en los contratos” para esconder acuerdos irregulares.

Descarta que tal práctica –de invocar la seguridad nacional para ocultar contratos– se mantenga en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Asegura que la Oficialí­a Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público funge como “filtro” en todas las dependencias del gobierno federal para evitar prácticas opacas o francamente corruptas.

El integrante de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados reconoce que hay contratos “sui géneris” en materia de seguridad nacional a los que la Oficialí­a Mayor no tiene acceso. Pero rechaza que hoy pueda presentarse una situación similar a la del sexenio pasado.

“Ya no hay contratos ocultos. Todos son completamente públicos. No es un asunto privado”. Incluso de aquellos que tienen que ver con la seguridad se publican los montos, el proveedor y el tipo de servicio o bien a adquirir. “Ya el nombre del software o del tipo de arma o equipo “son confidenciales”. (Zósimo Camacho)Â

Miguel Badillo/Sexta y última parte