Con todo mi cariño para Fer y ChuchínEstamos de luto en Contralínea. Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, dos mujeres, dos periodistas, una de ellas madre, queridas amigas y compañeras de trabajo, perdieron la vida la madrugada del 1 de septiembre –día del informe presidencial–, a manos de cobardes asesinos. En la redacción de la revista hay dolor, indignación, frustración, ira, impotencia. De un escritorio a otro se respira el miedo, con justa razón. Las desgracias no han cesado, una a otra nos persiguen en los escasos 10 años de vida de nuestra publicación. Todo por neciar en mantener una línea editorial independiente y crítica hacia los hombres y mujeres del poder político y económico en México, quienes se niegan a entender que el periodismo es dé y para la sociedad.

¿Qué sentido tendría llamarnos reporteros si no investigamos ni denunciamos lo que está mal en este país y le ponemos nombre y apellido a los responables? Hemos decidido continuar, no detenernos, no parar a pesar de las desgracias y los malos augurios. La sociedad nos necesita y a ella nos debemos.

Es sólo el trabajo periodístico que hacemos lo que nos ha convertido en indeseables, en blanco fácil para quien controla y maneja a su antojo este país. Apenas el año pasado, el 27 de abril de 2010, dos de nuestros reporteros, Érika Ramírez y David Cilia, que investigaban los asesinatos de indígenas triquis en las apartadas montañas de Oaxaca, fueron agredidos con armas de grueso calibre cuando viajaban con una caravana de paz rumbo al pueblo de San Juan Copala. Hubo muertos y heridos, entre estos últimos nuestro fotógrafo David Cilia.

Desde que inició el gobierno de Felipe Calderón, han sido varias las acciones de hostigamiento emprendidas en contra del equipo de trabajadores que hacemos el semanario de investigación. Una que nos mantiene ocupados hasta ahora, es el cúmulo de demandas por supuestos daño moral y daño al honor de empresarios y compañías que mantienen negocios con Petróleos Mexicanos, tales como Grupo Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine. Empresas que, en complicidad con el gobierno de Calderón, buscan presionar y asfixiar económicamente a la revista para que deje de denunciar los contratos irregulares que se hacen con la paraestatal Petróleos Mexicanos.

Han habido en contra nuestra detenciones arbitrarias ordenadas por jueces corruptos y manipuladas por empresarios impunes, procesos judiciales amañados pagados por personas sin escrúpulos, amenazas de muerte para amedrentar, allanamientos ilegales a nuestras oficinas encabezados por secretarios de juzgados, robos de computadoras y sustracción de expedientes de reporteros. A éstos nos enfrentamos en Contralínea, sin descartar intervenciones telefónicas y seguimientos de personas extrañas a nuestros periodistas que investigan corrupción pública y privada, fraudes financieros, lavado de dinero, seguridad nacional, pobreza y marginación. Estamos acostumbrados a trabajar en este clima de persecución.

También desde que Calderón asumió el gobierno, la revista dejó de recibir publicidad del dinero público que maneja su administración. Fue una orden, nos dijeron de adentro del régimen, por la línea editorial que critica al gobierno. Nada qué hacer en contra de eso. No importa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya documentado puntualmente la discriminación que hace el régimen de Calderón en contra de Contralínea y que por ello emitió una recomendación a favor nuestra. Con cinismo, el gobierno rechazó el dictamen de la CNDH.

La última demanda por daño moral llegó hace apenas unos días a la redacción de Contralínea. Esta vez es contra la reportera Ana Lilia Pérez por su libro Camisas azules, manos negras, en el que hace un recuento de la corrupción que envuelve a los hombres del Partido Acción Nacional que se benefician con dinero público. El acusador es un senador de la República, Juan Bueno Torio, destacado integrante del partido en el poder y quien recibe un salario del dinero público. Además, como legislador, cuenta con fuero para que ninguna autoridad judicial lo pueda tocar o molestar por lo que hace, no importa que muchas cosas se relacionen con negocios en Pemex. Este caso, como muchos otros, ya se atiende en tribunales, en donde jueces, magistrados y ministros tendrán que resolver si siguen protegiendo la impunidad, la corrupción y la desvergüenza de políticos y empresarios o, como es su obligación, se inclinan por defender la libertad de pensar, de expresar, de informar, de criticar, de investigar y de denunciar que tenemos los periodistas y toda la sociedad sobre los hombres y mujeres del poder.

Respecto del asesinato de las dos periodistas Calderón no se ha pronunciado, quizá porque este crimen no representa un triunfo de su administración. No es una victoria deportiva por la cual invita a los ganadores a Los Pinos para tomarse la foto y decir que no todo está mal en México. Es mejor para él alejarse lo más posible de estos crímenes sucios y cobardes en contra de periodistas que empañan más su régimen arbitrario y corrupto. En este gobierno, miles de mexicanos son masacrados por todo el país. Es mejor así, Calderón: de lejos, porque esta casa editorial no es tu casa, como la mía –y la de millones de mexicanos– tampoco es Los Pinos.

Los hechos

Dos cuerpos desnudos de mujeres amordazadas, atadas de pies y manos, con una soga al cuello y dos tiros de bala cada una, fueron levantados la mañana 1 de septiembre por la policía y el Ministerio Público del parque El Mirador, en la delegación Iztapalapa, al Oriente de la ciudad de México. En la delegación policial aparecían en calidad de “desconocidas”.

De la sala de juntas de la redacción de Contralínea, Marcela Yarce se retiró poco antes de las nueve de la noche del miércoles 31 de agosto. Comentó que iba a su casa, en donde la esperaban, como todos los días, sus dos hijos adolescentes, Fernanda y Jesús. Antes de ir a su hogar, Marcela se encontró en algún punto desconocido con su amiga y colega Rocío González Trápaga.

La siguiente noticia que tuvimos de ambas fue 12 horas después: no habían llegado a sus hogares. Desde las ocho de la mañana del jueves se movilizó la redacción de Contralínea en centros de salud, delegaciones policiales, centros de atención a víctimas y desaparecidos. Los que conocemos a Marcela sabemos que por nada del mundo faltaba a su casa, siempre preocupada por sus pequeños hijos.

Así, hasta que llegamos a la Procuraduría capitalina, en donde nos reportaron a las 12 del día haber encontrado dos cuerpos de mujeres sin vida que habían sido botadas en un parque público, con huellas de tortura y apenas cubiertas por unas lonas de plástico.

Acudimos a identificar los cuerpos y nos encontramos con la terrible noticia que se trataba de nuestras colegas Marcela y Rocío. La información empezó a circular por las redacciones de los medios y de inmediato la indignación y el reclamo se hicieron públicos. Los asesinos de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González Trápaga ejercieron sobre ellas, las víctimas, violencia extrema.

Las autoridades del Distrito Federal se han comprometido a agotar todas las líneas de investigación y señalan –sin descartar otros móviles– que por las circunstancias del crimen se trata de un feminicidio con posible motivación de robo.

Al momento de escribir estas líneas han pasado 72 horas de este lamentable hecho violento. Desde el primer día el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, llamó consternado por los crímenes para dar el pésame y comprometerse a seguir personalmente el caso y saber quiénes son los responsables. El procurador Miguel Mancera ha mantenido el contacto estos tres días para informar el avance de las indagaciones.

Hasta ahora lo que sabemos es que Rocío González Trápaga habría recogido la noche del miércoles 31 una cantidad de dinero de la casa de cambio de la cual es socia y se ubica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por eso una de las líneas de investigación más sólidas hasta el momento es el robo. Pero Mancera ha aclarado una y otra vez que todas las líneas siguen abiertas, incluída la de alguna represalía por la línea editorial de la revista. Aunque se cuenta con más información, por la secrecía del proceso judicial y para no entorpecer las investigaciones, es necesario esperar hasta que se descubra quiénes son los autores materiales e intelectuales del crimen.

Minuto de silencio en la Cámara

Mientras el Ejecutivo guarda un cínico silencio ante este crimen de dos periodistas, en la inauguración del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados el pasado 1 de septiembre, el legislador Gerardo Fernández Noroña convocó al pleno a guardar un minuto de silencio, luego de que informara del asesinato de las comunicadoras. El diputado Agustín Guerrero, secretario de la Comisión Especial para Atender las Agresiones a Periodistas, propuso que se emitiera un pronunciamiento al respecto. El presidente de la Mesa Directiva, el priísta Emilio Chuayfet, dijo que en la próxima sesión la asamblea analizará las propuestas por escrito.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió un comunicado en el que “condena enérgicamente este asesinato que atenta directamente contra la libertad de expresión y la convivencia social en el Distrito Federal”, además de enviar personal para proponer medidas cautelares a la revista y sus trabajadores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también envió a un representante para salvaguardar los derechos de los periodistas y vigilar el proceso judicial.

A través del boletín 326/2011, el presidente de la CDHDF, Luis Armando González Placencia, “exigió a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva, hasta agotar todas las líneas del caso, para dar con los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen que enlutece al periodismo mexicano”. Expresó además “sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las y los familiares de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, quienes fueron asesinadas”.

Al respecto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se comprometió con los familiares de las periodistas a esclarecer las circunstancias del crimen y detener lo antes posible a los responsables del doble asesinato. La Fiscalía de Feminicidios de la Procuraduría capitalina atrajo las investigaciones.

Reporteros, periodistas y amigos de todo el país han dado muestras de solidaridad y apoyo. También exigen el esclarecimiento de estos crímenes y que se frene la ola de violencia en contra del gremio.

Hasta ahora he sido fuerte ante cámaras, micrófonos, libretas y plumas de mis compañeros reporteros que hacen su trabajo de indagar, preguntar e informar. Pero en esta soledad de escribir, un nudo en la garganta me impide respirar y mis ojos me traicionan. Es hora de terminar esta columna, cerrar la computadora y seguir viviendo. Algo que Marcela y Rocío ya no podrán hacer. Descansen en paz.

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