En documentos del gobierno de Estados Unidos, la “guerra contra el narcotráfico” es ya un genérico con el cual los funcionarios de la administración de Barack Obama se refieren a las acciones contra el crimen organizado que controla el tráfico de estupefacientes.El error de Felipe Calderón y sus colaboradores fue haber hecho suyos los objetivos de una lucha en la que los estadounidenses se hicieron a un lado y trasladaron el problema a México, sin reconocer que el consumo de narcóticos en su población es el detonante del florecimiento de la producción, tráfico, comercialización y violencia generada por la droga.

Sin estrategia social de fondo, Calderón se sometió a la línea marcada desde Washington para contener mediante enfrentamiento armados en territorio mexicano, a los cárteles del crimen organizado, lo que se ha traducido en miles de víctimas, temor generalizado, menor productividad, cierre de empresas y desempleo.

Además, la industria armamentista de Estados Unidos ha incrementado su producción y ha mejorado sus utilidades al obligar al gobierno mexicano a comprarle armamento para las fuerzas armadas y cuerpos policiales para enfrentar a las bandas delincuenciales. En lo que va del sexenio el gasto en armamento aumentó en más de 10 mil millones de pesos.

Por eso no es extraño que la principal proveedora de esos equipos sea la industria armamentista estadounidense ligada, por cierto, a la banca y el sistema financiero que han sido rescatados por el Departamento del Tesoro con dinero de los contribuyentes.

El economista Paul Krugman asegura que en Estados Unidos el poder de la industria militar se centra en el fortalecimiento de monopolios que produce armamentos estrechamente vinculados a los grupos financieros que dominan la economía, la política imperialista y la globalización de la guerra mediante cualquier pretexto o patraña. Es cierto, al menos en los medios de comunicación, ya no se habla de guerra fría. Ahora, los argumentos intervencionistas de EU hacia América Latina están vinculados con la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, mientras que el país vecino no hace algo para contener el consumo de droga que cada día crece más y envenena a su población.

Los gastos e inversiones que hace el gobierno de Calderón con dinero público para la adquisición de armas, no son auditados ni se compran mediante licitaciones por tratarse de compras para la seguridad nacional, lo que permite contratos amañados, sobornos y chantajes, sin que algún órgano de vigilancia y control detenga el desvío de recursos federales.

Para Estados Unidos el narcotráfico ha sido el mejor pretexto para vulnerar la soberanía y la seguridad nacional de países que, como México, Panamá y Colombia, tienen gobiernos controlados desde Washington para explotarlos económicamente. Aún más, el complejo militar industrial constituye un nexo de tipo especial entre el aparato estatal y la burocracia político-militar con la maquinaria industrial-militar, es decir con los monopolios que producen armamentos.

El economista Krugman sostiene que a través de la exportación de armas, el complejo militar industrial de Estados Unidos logra que su producción (su gasto improductivo) no recaiga sobre el Estado y provoque un déficit. Con ello, logra que este desembolso corra a cargo de los países sometidos por sus políticas intervencionistas que involucran muchos efectos negativos, más allá de distraer recursos indispensables para el desarrollo social y el combate a la pobreza.

Resulta, dice Krugman, que los países sometidos a estas políticas – como México – contratan deuda para cubrir programas sociales que deberían estar desarrollados con los recursos que se dirigen a la compra de armamento. Esos fondos que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial son aprovechados por Estados Unidos para fortalecer su modelo financiero, industrial y militar. La banca de desarrollo multilateral estaría, de esta forma, financiando la globalización de la guerra, mientras que los países importadores de armas se mantienen en el subdesarrollo.

Esta teoría de Kruman explica el círculo vicioso en el que Felipe Calderón insertó a la economía mexicana y a la sociedad la convirtió en víctima de una guerra sin sentido y sin sustento.

Opacidad en compra de armamentos

La reportera Nancy Flores documenta en una investigación publicada en la edición 280 de la revista Contralínea que, en plena contienda electoral por la Presidencia de la República, el gobierno federal echará mano de al menos 4 mil 68 millones de pesos con la “justificación” de comprar armamento y destinarlo a su “guerra” contra el narcotráfico.

Los recursos saldrán del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, a menos de seis meses de haber sido depositados en ese fondo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El problema aquí, es que nadie puede asegurar que ese gasto realmente se realiza para comprar y tampoco hay garantía de que ese dinero no sea desviado a la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota.

Y es que, entre octubre y diciembre de 2011, la Secretaría de la Defensa que encabeza el general Guillermo Galván Galván, destinó al Fideicomiso 2 mil 933 millones 849 mil pesos y con ello aseguró una bolsa de 4 mil millones para el actual ejercicio, revelan informes elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Nueve meses antes había ingresado otros 1 mil 443 millones de pesos, que se manejarán al margen del Presupuesto Público por tratarse de una figura fiduciaria, como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación en revisiones a las cuentas públicas pasadas. El monto que se erogará en armamento en estos meses representa el 37.6 por ciento del gasto total del Fideicomiso durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

A finales de noviembre próximo, éste sumará al menos 10 mil 814 millones 187 mil pesos, que equivalen a 2.6 veces el actual presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario (por 4 mil 83 millones de pesos), ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social en beneficio de las familias en condición de pobreza alimentaria.

A pesar de que se trata de un presupuesto multimillonario, la Sedena no convocará a licitaciones públicas para las “adquisiciones de bienes, tales como equipo militar, terrestre, aéreo, refacciones y obra pública”. Éstas se dan en el marco de “operaciones de orden interior o seguridad nacional, de carácter contingente o urgente”, única referencia que da la dependencia.

Además, la información de las compras se encuentra blindada por los secretos fiduciario y de seguridad nacional. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación ha considerado en su revisión a la Cuenta Pública 2009 que se trata de erogaciones discrecionales.

Gastos no transparentados

Creado ex profeso para adquirir equipo bélico, el Fideicomiso recibió la aportación inicial de 44 millones 928 mil pesos el 13 de junio de 2007, y con ésta se formalizó su constitución en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. En ese mismo ejercicio le fueron transferidos otros 1 mil 190 millones 332 mil.

De entonces a la fecha se han erogado 7 mil 627 millones 762 mil pesos, revelan los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública para los ejercicios trimestrales del periodo 2007-2011, elaborados por la Secretaría de Hacienda. De este multimillonario monto, el mayor gasto se realizó entre junio y diciembre de 2011: 3 mil 797 millones 802 mil pesos, que representan el 49.7 por ciento de ese total.

De acuerdo con los manuales de la Secretaría, las órdenes de compra de armas y equipo bélico las da el subsecretario de la Defensa, general de División Diplomado de Estado Mayor, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Pese a los montos implicados, ninguna adquisición ha sido ni será licitada: todos los contratos del Fideicomiso se “justifican” como de seguridad nacional con carácter “contingente o urgente”.

Las erogaciones de junio a diciembre de 2007 ascendieron 85 millones 414 mil pesos. En 2008, se le depositaron 781 millones 994 mil y se gastaron 1 mil 105 millones 746 mil pesos, indican los reportes de la Secretaría de Hacienda. Un año después, los egresos ascendieron a 1 mil 536 millones 187 mil; y ya para 2010, sumaron 1 mil 102 millones 611 mil pesos.

La Auditoría Superior de la Federación señala opacidad en el manejo del dinero público. En su revisión a la Cuenta Pública 2009, por tercera ocasión indicó que no se garantizaron los principios de cantidad, calidad ni precio en las compras y en los servicios que la Sedena contrató por la vía fiduciaria.

No obstante, la Secretaría de la Defensa –a través de su Dirección General de Comunicación Social– refirió que, justamente por su carácter de urgentes, los contratos del Fideicomiso, sean para compras o servicios, no se pueden retrasar con procesos burocráticos, como las licitaciones públicas.

Datos oficiales de la Sedena refieren que las adquisiciones de armamento y equipo se concentran en municiones (la mayoría, compradas a las empresas Defense Technologies y Eurosports), granadas (Colt Defensa), carabinas (FN Herstal) y vehículos (Humvee y Town and Country).

Los proveedores

Hasta ahora, los más de 7 mil 600 millones que se han ejercido del Fideicomiso han favorecido a la industria bélica mundial. Las proveedoras de la Defensa Nacional son las estadounidenses Eurosports, Llc; Colt Defense Llc; Alliant Tech Systems, Inc; Bushmaster Firearms International, Llc; Combined Systems, Inc; Federal Laboratories and Armor Holdings, Inc; Hill Country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Smith & Wesson; Winchester Division Olin, Corp.

Otras corporaciones que surten de armas a la milicia mexicana son las belgas Browning, SA; Fabrique Nationale Herstal, SA; las alemanas Carl Walther, Gmbh; Heckler & Koch, Gmbh; las checas Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS; Kroko, AS; las españolas Comlanber, SA; Nobel Sport España, SA; Uee Cartucheria Deportiva, SA; las italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA; Rizzini, SRL.

Además, la brasileña Forjas Taurus, SA; la uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms Company; la israelita Israel Weapon Industries, Ltd; la canadiense Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas radicadas en México: Cascade Cartridge Internacional, SA de CV; Industrias Tecnos, SA de CV; y Productos Mendoza, SA de CV.

El gasto en equipo bélico ha involucrado el traspaso al Fideicomiso de dinero público no presupuestado por la Cámara de Diputados. En sus reportes la política de gasto público en la cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y 2008, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala los incrementos millonarios en el presupuesto de la dependencia.

En el análisis 2007, refiere que “la Secretaría de la Defensa Nacional erogó un monto 5.7 por ciento mayor al aprobado, que se explica por aportaciones no programadas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, adquisiciones diversas, y mantenimiento, rehabilitación y remodelación de instalaciones”.

Con estos antecedentes, en 2012 el fondo para compra de armamento podría aumentar otros miles de millones de pesos, mismos que se ejercerían al margen del presupuesto y sin licitar en medio de un ambiente político electoral.

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