Sin duda que uno de los principales problemas históricos del país es la corrupción gubernamental. Es ésta la que ocasiona el desvío de recursos públicos y que éstos dejen de llegar a las comunidades más apartadas y más pobres del país; también permite la complicidad de funcionarios con el crimen organizado, con su consecuente expansión y florecimiento como ahora sucede; perturba el orden social y provoca la crisis económica y política que hoy vivimos.

Sin embargo, aunque la corrupción se ha desarrollado a niveles de escándalo en los sectores público y privado, sin que alguien haga algo para detenerla, es la impunidad promovida en los poderes Ejecutivo y Judicial la que ha incentivado el crecimiento de ese cáncer social.

Es tan grave la corrupción, que su combate fue el lema de campaña que llevó a Vicente Fox a la Presidencia de la República y motivó la alternancia en el poder, aunque una vez que éste se instaló en Los Pinos, Fox fue omiso y negligente para atacarla y, por el contrario, hasta fue parte de ella y envolvió a familiares, amigos y panistas que antes la repudiaban.

Un escandaloso caso de corrupción en el que Vicente Fox estuvo involucrado y Felipe Calderón se negó a sancionar, ha vuelto a salir a los medios 10 años después de ocurrido y por eso vale la pena hacer el recuento y probar como una vez que los políticos llegan al poder, como es el caso de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, se olvidan no sólo de las promesas hechas en campaña, sino hacen a un lado sus principios, su moral y la ética profesional con tal de enriquecerse brutalmente.

Hace unos días se publicó en la prensa un informe de la Unidad de Transparencia de su sesión del 14 de septiembre de 2011, en donde se da cuenta del gasto que hizo la Presidencia de la República a principios del gobierno de Vicente Fox (2001), en la remodelación de las cabañas de la residencia oficial de Los Pinos y que ascendió a más de 30 millones de pesos.

Pero lo que no dice en su informe dicha Unidad de Transparencia, es que la operación financiera se hizo sin autorización, sin transparencia y sin vigilar el gasto desmedido, lo que permitió el desvío de recursos públicos sin que hubiera sancionados penalmente, más allá del despido de funcionarios menores. Nuevamente es la impunidad emanada desde la Presidencia de la República la que impide sancionar un hecho de corrupción promovido y ejecutado por el propio Vicente Fox, antecesor, amigo y miembro del mismo partido que el de Felipe Calderón.

Esta es la historia precisa que la Secretaría de la Función Pública aún guarda en sus archivos como un asunto confidencial, por tratarse de un hecho de impunidad presidencial.

La auditoría 2015

Un grueso expediente mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, en donde se comprueban actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y adquisición de bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el entonces presidente Vicente Fox y su hermano José, según declararon los propios contratistas, quienes cobraron por las obras 66 millones de pesos y de los cuales se estima daños patrimoniales por más de 30 millones.

En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon, fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio del erario público.

La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.

Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes de la Dirección General de Auditoría Gubernamental.

La remodelación de las cabañas en Los Pinos

La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que en 2001 sirvieron como pretexto a Fox para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones de la SFP.

En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.

La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.

El resultado fue que se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades. Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.

El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, quien según Lino Korrodi (exdirigente de Amigos de Fox) fue recomendado a Vicente Fox por su hermano José, y cuya constructora del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.

Vulnerada la Seguridad Nacional

El carácter de “confidencial” que le ha dado el gobierno federal a ese caso de corrupción para mantenerlo en el anonimato, es un contrasentido, pues la realidad es que la seguridad de Los Pinos fue vulnerada en el momento en que fueron asignados dichas obras sin licitación de por medio y los contratos se otorgaron de manera directa para beneficiar al amigo de Fox, el arquitecto Humberto Artigas.

La Dirección General de Auditoría Gubernamental concluyó que los contratistas beneficiados por el presidente subcontrataron a sus vez las obras, los bienes y servicios a otras empresas particulares, lo que vulneró la secrecía y la seguridad nacional con la que según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial debían ejecutar este tipo de obras en la residencia oficial de Los Pinos.

Paradójicamente, para adjudicar de manera directa estos contratos, Vicente Fox esgrimió la confidencialidad y la seguridad nacional, objetivo que “se desvirtúa por la subcontratación”, pues la remodelación de Los Pinos se asignó a la empresa Humberto Artigas y Asociados, Sociedad Civil, por un monto de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, “debiendo realizar licitación pública, de acuerdo con los montos de actuación, sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”.

El director general adjunto de Auditorías Directas de la entonces llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: “se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.

El amplio expediente confidencial de la Contraloría, en poder de esta columna desde hace 10 años, precisa que “el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S.A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI.”

Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban, por lo cual según los auditores se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.

Es decir que mientras Humberto Artigas cobró a la Presidencia de la República casi 62 millones de pesos, sólo presentó facturas por obras y servicios por 23.8 millones, lo que podría significar un daño patrimonial y desvíos por otros 39 millones de pesos.

Además, los montos asignados por la Presidencia de la República en las obras a Los Pinos rebasan los rangos de adjudicación para efectuar una licitación pública de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Investiga el fisco a Humberto Artigas

Pero como el hilo siempre se rompe por lo más delgado, en aquel momento el arquitecto Humberto Artigas y su socio Jorge Conde Guzmán, quienes fueron los responsables de remodelar Los Pinos y el rancho San Cristóbal de la familia Fox, fueron sujeto de investigación por la Procuraduría General de la República y por la Procuraduría Fiscal de la Federación, como una medida para obligarlos a guardar silencio sobre el destino del dinero, pues había la presunción de que fue devuelto al ocupante de Los Pinos.

Pero contrario a lo que se pueda creer, la investigación no es por el delito de corrupción por los daños causados al erario público en la remodelación de Los Pinos, según confirmó la propia Secretaría de la Función Pública, sino por delitos fiscales. Es decir, que la Secretaría de Hacienda encontró tres defraudación fiscales por un monto total de 18.9 millones de pesos por adeudos del IVA y del ISR, lo que significa que no sólo se robaron dinero público, sino que además no pagaron los impuestos que les correspondían por esos recursos y tuvo que ser el fisco el que descubriera transferencia de millones de pesos del arquitecto Artigas a las cuentas bancarias de su cómplice Conde Guzmán. De dicha investigación nunca se supo más, pero lo que si fue un hecho, es que todo quedó en la impunidad presidencial.

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