En el blog personal del exgobernador priista Fidel Herrera destaca una fotografía en la que aparece con el Premio Nobel del Economía, Joseph Stiglitz, quien refiriéndose a México acuñó en 2009 el concepto “capitalismo de cuates” o crony capitalism. En el momento en que se tomó esa foto, Stiglitz no imaginaba que posaba junto a un representante de ese capitalismo que en Veracruz habría beneficiado con dinero público a amigos y, sobre todo, a sus propios intereses.

En esta cacería política de funcionarios priistas corruptos, Fidel Herrera es el siguiente de una larga lista que sólo se agotará una vez que pasen las elecciones presidenciales de julio. Esta vez su expediente judicial incluye delitos por malversación de fondos, peculado y administracion fraudulenta en el gobierno veracruzano.

El exmandatario estaría al tanto de las investigaciones en su contra y prepara su defensa y su huída al mismo tiempo, pues las evidencias en su contra integradas por la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República están listas. Otro dato de las indagatorias corresponden a la deuda del estado de Veracruz que, de hecho, suma más de 60 mil millones de pesos, según cálculos de legisladores del estado.

Hace un año, la Auditoría Superior de la Federación reportaba compromisos crediticios de esa entidad federativa por al menos 22 mil 566 millones de pesos. De ser cierta la cifra que estiman los legisladores del PAN y de otras corrientes políticas opositoras al PRI, se habría configurado un maquillaje en los pasivos contratados por el gobierno veracruzano a través de créditos y bursatilizaciones de deuda – respaldada por las participaciones federales – a través del mercado de valores. Algo parecido a lo que hicieron en Coahuila, de endeudarse mediante trampas y engaños.

Hasta septiembre del año pasado, el gobierno de Veracruz reportó un pago por concepto de intereses cubiertos para el servicio de la deuda, que ascienden a 1 mil 81.3 millones de pesos. Los documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas establecen que también se pagó capital de los pasivos contratados con la banca comercial.

También a septiembre del 2011 – los últimos datos disponibles –, el pasivo circulante de corto plazo del gobierno del estado se ubica en 28 mil 182 millones 631 mil pesos. Los pasivos de largo plazo que corresponde al financiamiento de la deuda pública se ubican en 10 mil millones de pesos. Así, la deuda del estado de Veracruz supera los 28 mil millones de pesos.

En seis años, la deuda del estado – al menos la que se registra públicamente – aumentó más de 80 por ciento, según los datos comparativos del propio gobierno estatal. A septiembre de 2005 – un año después de que Fidel Herrera heredó el gobierno de Miguel Alemán –, la deuda pública directa del estado se ubicaba en 3 mil 500 millones de pesos. ¿Cómo se generó tal nivel de endeudamiento? La respuesta podría encontrarse en los contratos que asignó Herrera durante su gestión, por lo que las autoridades ya investigan si el dendeudamiento fue aplicado a obra pública.

El sucesor de Fidel, el gobernador Javier Duarte, trabaja en la reestructuración de la deuda veracruzana que comprometerá gran parte de las partidas federales. Una tragedia para el estado, es que dichos recursos se necesitan para financiar nuevos proyectos sociales y ampliar las oportunidades de desarrollo en Veracruz, uno de los estados más pobres del país, en lugar de utilizarlos para cubrir pasivos de créditos cuya aplicación también deberá colocarse bajo los reflectores.

En su revisión de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación da cuenta de lo anterior. De hecho, en 2006 la ASF reportó que había presentado una denuncia penal por los desvíos registrados en el gobierno del estado de Veracruz en el área de la salud y en la administración de hospitales.

La ASF fiscalizó la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado a través del fondo para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislción aplicable.

En el caso del Fondo Regional en el Estado de Veracruz, la ASF analizó las inversiones en infraestructura que comprometieron recursos por 496 millones 844.2 miles de pesos y que forman parte de las participaciones autorizadas por la Federación para apoyar a Veracruz como uno de los 10 estados con menor índice de desarrollo humano.

La ASF analizó la ejecución de recursos en la construcción del puente Palo Amarillo-Amayales, sobre el río Atoyac, en el camino F. Carillo Puerto-El Órgano, contrato asignado a la compañía Seteyco y que sumó 15 millones 280 mil pesos. En Veracruz las empresas Seteyco y Margusa se les identifica como dos de las compañías contratistas que han registrado el mayor número de contratos en los municipios del estado.

Precisamente en el caso de Seteyco, los auditores de la ASF encontraron una verdadera perla. Resulta que al abrir la bitácora de la obra se encontró que el puente Palo Amarillo-Amayales se construyó un año antes de que se asignara el contrato y se colapsó en septiembre de 2010, cuando se desbordó el río Atoyac a causa del huracán Karl. Así el gobierno del estado asignó una obra que no sólo ya se había construido, sino que ya había desaparecido, seguramente por vicios ocultos en su edificación.

Ese escándalo de inversión y contrucción del puente, se sustenta en registros públicos de la licitación de la obra que el gobierno de Fidel Herrera asignó, de manera directa, luego de que otros dos contratistas: Impulsora Constructora del Sur y Servi Constructora Pavimientos presentaron presupuestos de 16.5 y 16.8 millones de pesos.

 

“El 10 de enero de 2011, se elaboró el acta de entrega‐recepción de la obra, estipulando un monto total ejercido en dos estimaciones por 15 millones 101.3 miles de pesos, con un periodo de obra del 13 de enero al 28 de marzo de 2010. No obstante, se comprobó que el puente se construyó del 27 de enero al 11 octubre de 2009, siendo esta última fecha la de su inauguración. Once meses después, el 18 de septiembre de 2010, se colapsó por el desbordamiento del río Atoyac, ocasionado por el huracán Karl”, establece el reporte de la ASF.

 

Una foto en su página de Facebook, confirma que Fidel Herrera, en octubre de 2009, acudió a la inauguración del puente número 987 de su gobierno, el tristemente célebre puente Palo Amarillo-Amayales. Seguramente entre los planes de Herrera estaba reponer el fallido puente que, según la prensa de Veracruz, necesitó en 2009 una inversión de 12.5 millones de pesos. La deficiente edificación se hizo evidente en el recuento de los daños ocasionados por el huracán Karl, porque la mayoría de los puentes que se derrumbaron tenían más de 40 años de haber sido construidos y sólo el puente de Palo Amarillo era de reciente edificación. Una gran pifia de Fidel.

 

Por lo tanto, se concluye que “en abril de 2010 el gobierno del estado de Veracruz solicitó recursos a la SHCP para la construcción del puente en comento, el cual ya había sido construido en el ejercicio de 2009, y que elaboró el contrato número SC‐OP‐PF‐001/2010‐ST, estimaciones, bitácora, acta de entrega‐recepción y finiquito en fechas diferentes de las que correspondieron a la ejecución real de los trabajos, aunado a que la Secretaría de Comunicaciones del gobierno del estado de Veracruz, debió dictaminar y evaluar las causas por las que se colapsó el puente, ya que sólo tenía 11 meses de haberse edificado y, en su caso, emprender las acciones legales para hacer efectiva la fianza de vicios ocultos y el seguro de la obra”.

 

El gobierno de Fidel Herrera no tuvo otra opción que reintegrar a la SHCP el monto total del contrato fallido más los intereses: 15 millones 548 mil 500 pesos más un millón 32 mil 700 pesos. Sin embargo, para la ASF el delito existe y presentará ante el Ministerio Público Federal la denuncia de hechos correspondiente al contrato de obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. SC‐OP‐PF‐001/2010‐ST, con un periodo de ejecución del 13 de enero al 28 de marzo de 2010, debido a que la Secretaría de Comunicaciones del gobierno del estado de Veracruz elaboró el citado contrato, estimaciones, bitácora, acta de entrega‐recepción, finiquito y pagos en fechas diferentes de las que correspondieron a la ejecución real de los trabajos que fue del 27 de enero al 11 octubre de 2009, los recursos se solicitaron a la Secretaría de Hacienda en abril de 2010 y el puente se colapso en septiembre del mismo año. Toda una clase de maquillaje contable que no pasó inadvertida por la ASF.

 

La Auditoría también analizó el contrato por 10 millones de pesos para la pavimentación de la avenida 20 de noviembre y que se entregó a la empresa Intersur transportaciones; otra obra fue la rehabilitación de la carpeta asfáltica de la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos hacia el complejo Morelos. La compañía beneficiara de esta obra fue Impulsora Constructora del Sur con 9.8 millones de pesos. 

 

Para la construcción de la calle Juan Soto Lara se asignó un contrato por 7.9 millones de pesos a la empresa Maquinaria y Urbanización.  Otro contrato para la pavimentación del camino San Isidro Nopaltepec por 6 millones de pesos fue para la Constructora Pitalua Asociados; la rehabilitación del camino Tlalconteno fue para la compañía Rodríguez Landa y sumó otros 6 millones de pesos. Y sigue la lista de contratos para Impulsora Constructora del Sur, que ganó 5.8 millones de pesos con el proyecto para la rehabilitación de los accesos del puente Coatzacoalcos.

Al Corporativo Constructor Empresarial de Veracruz también se le asignó un contrato por 5.1 millones de pesos para la construcción del puente peatonal calle Veracruz.

 

Estos son sólo algunos de los contratos que la ASF analizó y que confirmó que fueron entregados a una decena de compañías y personas físicas sin una razón social específica y especializada en el sector de la construcción. Lo interesante son las conclusiones de ese dictamen.

 

Para empezar, se comprobó que para el registro y aprobación de los programas y proyectos de inversión apoyados con recursos del Fonregión 2010, el gobierno del estado de Veracruz integró una cartera con 2 programas y 107 proyectos de inversión en infraestructura.

 

Sin embargo, en los detalles comienzan las irregularidades: en varios de los contratos se omitió elaborar los planos topográficos, perfiles, secciones y los estudios de mecánica de suelos. Además no se documentó de manera suficiente la aplicación de al menos 224.1 millones de pesos, recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para la reparación de la infraestructura dañada por diversos fenómenos climatológicos ocurridos de mayo a noviembre de 2009.

 

En términos generales, la ASF concluyó que el gobierno del estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al buen manejo de los recursos provenientes de las participaciones federales. El gobierno de Fidel Herrera pagó en exceso seis contratos con diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados, y en un contrato rescindido se omitió llevar a cabo las acciones legales para hacer efectiva la fianza de cumplimiento.

 

Sin duda que el próximo exgobernador que enfrentará a la justicia después de Humberto Moreira de Coahuila y tres exmandatarios tamaulipecos, es el veracruzano Fidel Herrera y su nada transparente administración pública.

 

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