Los médicos logran en Panamá lo que ningún otro gremio: denuncian la privatización de empresas y servicios públicos y movilizan a miles de ciudadanos. El intento del gobierno de Ricardo Martinelli de privatizar la atención médica deja al descubierto la andanada contra todos los servicios que presta el Estado. El ariete de las privatizaciones son las “asociaciones público privadas”, mecanismo que también se ha puesto en marcha en México durante los gobiernos panistas
Luis Manuel Arce/Prensa Latina
Panamá. Llama la atención que una huelga en el sistema de salud pública de Panamá, iniciada a mediados de octubre pasado por un pequeño grupo de médicos del hospital Santo Tomás opuestos a la privatización del sector, no haya sido ni siquiera negociada a pesar de derivar en un problema nacional.
El gobierno los acusa de actuar injustificadamente porque, según el ministro del ramo y dirigentes de la Caja del Seguro Social, la privatización no los alcanzará ni a los maestros tampoco, sino sólo a las obras de infraestructura.
Sin embargo, con ese argumento admiten indirectamente que la ley propuesta para crear asociaciones público-privadas tiene, como denuncian los médicos, un alto contenido privatizador de gran riesgo para todo el sector público nacional y no sólo para ellos.
Según la opinión generalizada, es el conflicto más fuerte que ha enfrentado el gobierno de Ricardo Martinelli en dos años de administración porque los médicos han encendido las alarmas y hay mucha desconfianza hacia la nueva ley.
Al profundizar en la lectura del anteproyecto, señalan éstos que se dieron cuenta del riesgo que corría todo el sector público, pues de aprobarse el dispositivo legal la inestabilidad laboral y salarial sería una espada de Damocles sobre sus cabezas.
Tras esas advertencias, el movimiento de rechazo fue subiendo como la espuma. A los 15 días de iniciado, 80 por ciento de los médicos y otros gremios afines, como enfermería, odontólogos, técnicos, laboratoristas, administrativos ya estaban sumados al paro.
Se especula que el gobierno dejó correr esas aguas para apagar el fuego en su pradera con un escándalo mayúsculo sobre tierras del Estado aparentemente mal habidas, que involucra a la crema y nata de su gabinete, pues varios ministros se beneficiaron del reparto de titularidades de terrenos, según las denuncias.
Al margen de que eso pueda ser cierto, no disminuye en nada la razón de la lucha de los médicos, y ahora de otros sectores, para que el gobierno se retirara del segundo debate (en el plenario) el anteproyecto y lo regrese a su origen en una comisión liderada por Cambio Democrático, el partido de Martinelli.
La idea de los médicos era que volviera a primer debate para que todos los interesados –los cuales ya en estos momentos no son sólo los sectores de salud y educación– opinen sobre el caso y participen en las decisiones que se tomen.
Pero eso no será por ahora, pues minutos antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones el 31 de octubre pasado, y previa marcha de los médicos hacia la Asamblea Nacional, el diputado Héctor Aparicio, de Cambio Democrático, mantuvo el anteproyecto en segundo debate en el plenario.
Esas asociaciones, explican sus opositores, no son un invento del gobierno de Martinelli. Ya en 2003 la Fundación de la Organización de las Naciones Unidas las definió como “la creación de agendas comunes y la combinación de recursos, riesgos y beneficios. Implican interacciones que aumentan los recursos, la escala y el impacto”.
Bernardin Akitobi, especialista del Fondo Monetario, explica que las asociaciones público´privadas “permiten al gobierno evitar o diferir el gasto en infraestructura sin renunciar a sus beneficios, ventaja especialmente atractiva para los gobiernos cuya capacidad actual de gasto se encuentra restringida”.
Lo que extraña aquí es que ése no resulta el caso de Panamá, una de las economías más solventes de la región, según se jactan los propios proponentes de la ley. Por el contrario, dicho país tiene desde antes de este gobierno un agresivo programa de inversiones que le ha permitido una importante recuperación. En 2010 tuvo un crecimiento del producto interno bruto de 7.6 por ciento, y este año puede superar el 10 por ciento. Martinelli ha acelerado ese proceso.
Las suspicacias y temores llegan cuando no hay una explicación oficial lógica para los médicos que justifique la necesidad del gobierno de buscar el incremento del nivel de la economía e inversión pública mediante las asociaciones público-privadas, sobre todo cuando proclaman tan buena marcha de las finanzas.
Economistas y dirigentes políticos de oposición coinciden en que, fuera de la hipótesis de que las asociaciones con privados puedan o no ser beneficiosas, lo riesgoso es que pueden ser utilizadas para eludir controles sobre el gasto, sacar la inversión pública del presupuesto, y la deuda fuera del balance del gobierno.
Cuando esto sucede, advierten, el Estado asume la mayor parte del riesgo que entrañan las asociaciones público-privadas y podría enfrentar considerables costos fiscales en el mediano y largo plazos.
Raúl Moreira Rivera, presidente del Colegio de Economistas, en un análisis al respecto señalaba que al revisar el Proyecto de Ley 349 resaltan temas que podrían cambiar todo el panorama económico y social de Panamá.
Uno de éstos es que las asociaciones público-privadas buscan involucrar al sector privado en la provisión de infraestructura y de servicios que han sido tradicionalmente competencia del gobierno, lo cual significa evidentemente la privatización de servicios e infraestructuras públicas.
Para el economista no son válidos, a fin de justificar la ley, argumentos como que el sector privado tiene mejor capacidad gerencial y de innovación tecnológica; pues incluso si esto se admitiera, sus resultados no necesariamente se transfieren al usuario que tendría que pagar el costo más la ganancia del proveedor privado.
Una de las advertencias de los médicos es que el proyecto afecta al sector público no financiero, compuesto por todas las entidades del gobierno central y las empresas públicas, aún cuando no incluye a las instituciones financieras captadoras de depósitos y a la Autoridad del Canal de Panamá como tal.
Moreira Rivera explica que una asociación puede operar un activo de infraestructura pública que involucra un pago por parte de los usuarios como remuneración a la participación privada, y puede combinarse con una contraprestación del sector estatal que complemente el pago del usuario.
De hecho es una privatización de ese activo. Si a la situación actual de la economía con altos niveles de inflación se le suma la necesidad de pagar por infraestructuras que el Estado suministra de forma gratuita, la capacidad de sectores de bajos ingresos de satisfacer sus necesidades se verá seriamente afectada, añade.
De allí que los médicos proclaman que el proyecto de ley no es sólo un problema de ellos, sino de todo Panamá.
En ese sentido, Moreira asegura que la ley conlleva situaciones que transforman de manera fundamental la estructura económica de Panamá, por lo cual todos deben participar en la discusión de la propuesta.
Expresa que no sólo por los compromisos adquiridos como Estado, sino también porque a los usuarios de obras ejecutadas y operadas por el sector privado les tocará financiar sus costos a través del pago que harían por el uso de esas infraestructuras y servicios.
En cuanto al Legislativo, hay un compás de espera hasta enero de 2012, pero los médicos no quieren frenar la movilización y declararon temer que la ley sea aprobada a hurtadillas en una sesión extraordinaria.
