Ambientalistas, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos critican el empeño del gobierno brasileño por construir una hidroeléctrica en la Amazonia. Comienzan trabajos en la zona para declarar la construcción como un “hecho consumado”. Recursos jurídicos y movilizaciones sociales buscarán cancelar el proyecto conocido como Belo Monte
Mario Osava / IPS-Voces de la Tierra
Río de Janeiro, Brasil. El Río Xingú, en la Amazonia brasileña, discurre entre islas, islotes, pedrales, cascadas y rápidos, con una anchura que aparenta ausencia de cauce en gran parte de su extensión. Su navegación es un riesgo constante.
El proyecto de construir la central hidroeléctrica de Belo Monte en el norteño estado de Pará, en la Amazonia oriental, enfrenta una variedad similar de obstáculos.
La oposición no se limita a las usuales quejas de los ambientalistas y algunas organizaciones sociales nacionales. Se va conformando una ruidosa coalición, con ramificación internacional, y se suman críticas de especialistas en energía que dudan de la viabilidad económica y de los beneficios anunciados de Belo Monte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno brasileño “suspender inmediatamente el proceso de licencia del proyecto” y “cualquier obra material” para proteger derechos de los indígenas locales que sufrirán los efectos de la construcción de la central hidroeléctrica.
Las tres “medidas cautelares” dispuestas el 1 de abril por la CIDH, órgano que forma parte de la Organización de los Estados Americanos, responden a denuncias efectuadas en noviembre por 40 organizaciones no gubernamentales brasileñas.
Se solicita al gobierno brasileño que ofrezca a los indígenas consultas “previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas”, acceso al estudio de impacto social y ambiental del proyecto, con traducción a lenguas autóctonas, y protección a “la vida e integridad personal”, incluyendo la prevención de enfermedades que broten por la iniciación de las obras y el flujo migratorio a la zona.
En abril, el gobierno de Brasil contestó por boca de su ministro de Defensa, Nelson Jobim, que se devolverá “sin procesar” la “intempestiva” solicitud de la CIDH. “Tal y como esa solicitud apareció, será devuelta”, dijo.
El expresidente estadunidense Bill Clinton (1993-2001) defendió los derechos indígenas y la biodiversidad; sugirió buscar alternativas a las hidroeléctricas en la Amazonia, al participar en el Foro Mundial de Sustentabilidad, el 26 de marzo en Manaos, capital del norteño estado de Amazonas.
El cineasta canadiense James Cameron, director de la película Avatar, está en una decidida campaña contra Belo Monte. También en marzo visitó a indígenas del Xingú por tercera vez, acompañado de Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador de California, que no opinó sobre la hidroeléctrica, pero se manifestó favorable a las fuentes alternativas de energía.
Esta repercusión internacional, que corroe la imagen brasileña en el exterior, alienta iniciativas que intentan paralizar un proyecto que, sin embargo, muchos consideran un “hecho consumado”, pues obtuvo la licencia previa de las autoridades ambientales que permitió realizar la subasta de concesión el 20 de abril del año pasado.
Pero el Ministerio Público mantiene en la justicia 10 acciones para anular las licencias y la subasta, que el procurador Felicio Pontes considera ilegal, entre otras razones porque no se respetaron los derechos indígenas, como la consulta previa e informada, prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la que Brasil es signatario.
Las “obras materiales” de Belo Monte empezaron en mayo de 2011 con la preparación de las instalaciones para el trabajo inicial de construcción, que exige tendido de carreteras y la deforestación de 238 hectáreas. Para eso, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) concedió una autorización no prevista en la legislación.
Para iniciar cualquier trabajo, el consorcio que ganó la licitación, constituido por 18 empresas, debería obtener la licencia de instalación después de cumplir las 40 medidas de compensación y preventivas, “condicionantes” impuestas por el Ibama con base en el estudio de impacto ambiental, arguyen fiscales y ambientalistas.
Entre esas medidas no cumplidas, están el saneamiento básico y otras condiciones para que las ciudades vecinas puedan recibir a casi 100 mil migrantes –entre trabajadores de la construcción y gente en busca de empleo– sin provocar epidemias ni colapsar los servicios existentes.
Las irregularidades se acumularon y provocaron la renuncia de varios responsables del Ibama, según los críticos. Y, al parecer, podrían hacer que Belo Monte resulte vulnerable a los cuestionamientos judiciales.
Pero la experiencia pasada en Brasil indica que los tropiezos iniciales, por acciones de fiscales como Pontes, acaban neutralizados por recursos en tribunales de apelación o superiores.
Los aspectos decisivos son económicos. Belo Monte tendrá la capacidad de generar 11 mil 233 megavatios, una electricidad que los planificadores consideran necesaria para sostener un crecimiento del producto interno bruto nacional de 4 a 5 por ciento al año, y que se espera por un largo periodo.
Pero la generación eléctrica efectiva alcanzará en promedio sólo 40 por ciento de esa potencia, porque el flujo hídrico del Xingú baja demasiado en el “verano” amazónico, periodo de estiaje que se extiende entre junio y noviembre y que puede prolongarse y acentuarse con el cambio climático, según las previsiones.
El flujo de hasta 30 mil metros cúbicos por segundo en los días de mayor intensidad baja a menos de 1.00 metros cúbicos en los meses más secos. La opción tecnológica elegida, una hidroeléctrica de filo de agua (o de pasada), agrava los aspectos negativos del sistema brasileño que, para asegurar electricidad en época de pocas lluvias, activa sus centrales termoeléctricas a gas, petróleo o carbón, “ensuciando” y encareciendo la matriz energética.
Las nuevas turbinas elegidas no necesitan embalses tan grandes como las anteriores. Un proyecto anterior de Belo Monte, de la década de 1980, cuando se lo denominaba Kararaó, preveía inundar 1 mil 220 kilómetros cuadrados.
Ahora la superficie inundable se redujo a 516 kilómetros cuadrados, con la esperanza de neutralizar así las presiones ambientalistas y evitar que quedaran bajo el agua tierras indígenas.
Pero un embalse menor eliminará las reservas de agua para el estiaje. Las autoridades energéticas argumentan que, de todas maneras, al operar con gran potencia en los meses lluviosos, Belo Monte permitirá ahorrar agua en las demás represas, asegurando hidroelectricidad por más tiempo.
Sin embargo, ante la incertidumbre que cerca a Belo Monte, varios expertos en energía han defendido la idea del gran embalse, ignorando las presiones ambientalistas e indigenistas, para mejorar la seguridad energética de Brasil.
Además creen que la hidroeléctrica del Xingú costará, por lo menos, 50 por ciento más que lo previsto, hoy unos 19 mil 600 millones de reales (12 mil millones de dólares).
Los trabajos serán gigantescos, porque se desviará la mayor parte de las aguas por un canal que requerirá remover más tierra y rocas que la construcción del Canal de Panamá, según los ambientalistas.
Esa desviación reducirá el flujo en un tramo de 100 kilómetros de la llamada Volta Grande del Xingú. Esa alteración del régimen hídrico golpeará la biodiversidad y la pesca, quitándole condiciones de vida y transporte a dos grupos indígenas, que son poco más de 200, y a poblaciones ribereñas, denuncian ecologistas y biólogos, incluso en el estudio de impacto ambiental de Belo Monte.
Pero las autoridades energéticas y ambientales afirman que los indígenas no sufrirán “impactos directos”. Con eso se busca evitar obstáculos jurídicos más complejos ante la protección constitucional que gozan los pueblos autóctonos. Pero la polémica persiste y gana dimensión internacional.
