Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina

 

Casi 3 mil indígenas de 88 comunidades maya-chorti bloquearon el acceso al Parque Arqueológico Ruinas de Copán durante tres días a inicios de octubre para forzar al gobierno hondureño a cumplir con los compromisos establecidos con el sector.

 

Los integrantes del Consejo Nacional Indígena Maya Chorti (Conimch) sólo suspendieron la protesta tras lograr que la administración de Porfirio Lobo Sosa aceptara comprar terrenos vendidos a particulares sin consultarlos y reubicar en éstos a familias del pueblo originario, según el diario digital Proceso.hn. Éste añade que el convenio firmado por ambas partes contempla 12 puntos, similares a otros de su tipo establecidos en 1997, 2008, y 2009, sin incumplirse hasta el momento por las autoridades estatales hondureñas.

 

El titular del Conimch, Óscar Acosta explica que entre los aspectos acordados en esta ocasión destaca el compromiso de las autoridades de gestionar la anulación de una orden de desalojo de 350 manzanas de tierra ocupadas por los nativos en la comunidad Nueva Estanzuela.

 

También incluye la rehabilitación del fideicomiso que el gobierno aceptó tomar en cuenta en el presupuesto de la nación desde 2008 y 2009, y la compra a terratenientes de la zona de miles de hectáreas con esos fondos para reubicar a unas 35 familias maya-chorti sin hogar.

 

Funcionarios de los institutos Nacional Agrario y de Antropología e Historia, así como el ministro para Pueblos Indígenas de Honduras, Luis Green, admitieron seguir el proceso de adjudicación de unas 800 manzanas de tierra (1 mil 400 hectáreas) a la comunidad de El Rosario, Copán.

 

También aceptaron coordinar una reunión con el ministro de Educación, Alejandro Ventura, y con su homólogo de Cultura, Artes y Deportes, Bernard Martínez, para garantizar el acceso de los nativos al sistema de enseñanza, el respeto a sus tradiciones y el apoyo al Conimch.

 

Los acuerdos entre los indígenas y el Estado incluyen una entrega oficial de títulos de propiedad sobre la tierra a ocho comunidades originarias, el 27 de octubre de 2011, en el Parque Arqueológico Ruinas de Copán.

 

De concretarse lo pactado, los integrantes del Conimch renunciarán a otras medidas de presión, en correspondencia con Acosta, quien más de una vez denunció la manera en que son tratados los indígenas en Honduras.

 

Pese a los acuerdos alcanzados en otros momentos con representantes estatales, los pueblos originarios son perseguidos y encarcelados por pelear por los territorios que les corresponden desde tiempos ancestrales, de acuerdo con el dirigente.

 

“Copán es una instancia de flujo económico en Honduras y también una herencia de nuestros antepasados, de cuyo legado no tenemos ningún beneficio”, puntualiza Acosta en el contexto del bloqueo a la reserva arqueológica de Copán, iniciado el 13 de octubre pasado.

 

Después del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya (2009), los poderes Ejecutivo y Legislativo emitieron una serie de leyes contra los derechos de los pueblos indígenas, confirmó la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

 

En enero de 2010, el Congreso Nacional aprobó la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022 sin informar ni consultar a los nativos, pese a que su ejecución impactaría a dichas comunidades, ejemplificó la agrupación de los afrodescendientes o garífunas, mediante un comunicado.

 

El documento rememoró que el ente parlamentario avaló en 2010 medio centenar de decretos relacionados con la “energía limpia” y facultó a familias de la elite de poder para construir represas hidroeléctricas en todo el país.

 

Tales iniciativas de corte neoliberal, a juicio de la Ofraneh, permiten el saqueo de la biodiversidad y facilitan la apropiación de territorios de los pueblos indígenas y garífunas.

 

Frente a esa situación, la organización civil recurrió al Sistema Interamericano de Justicia a fin de evitar “la tercera expulsión del pueblo garífuna” y criticó la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo, conocida como “ciudad modelo”.

 

Esta normativa está concebida para subastar franjas del territorio nacional al capital extranjero y beneficiar a los empresarios nacionales ligados a esos intereses, añade la resolución pública, divulgada por medios de comunicación hondureños.

 

La Ofraneh relacionó el despojo de las comunidades de la bahía de Trujillo para beneficiar a la multinacional canadiense Banana Coast y a su promotor, Randy Jorgensen, o el Rey del Porno, sin que las autoridades consideraran las denuncias contra el proyecto y su representante.

 

La Ofraneh puntualiza que el extranjero resulta ser uno de los defensores de las “ciudades modelos”, y es de esperarse que el futuro paraíso fiscal que sueñan establecer en la costa Norte de Honduras esté localizado en el territorio garífuna.

 

La política defendida por los organismos financieros internacionales para disolver la propiedad comunitaria surge de la visión neocolonial de señalar a ésta como un obstáculo para el desarrollo, alentando su individualización, agrega la Ofraneh, y critica la falta de un estado de derecho en Honduras.

 

En este país, la Constitución es violada sistemáticamente y la Corte Suprema defiende una visión de libre mercado, la cual niega el derecho a la consulta de los pueblos y defiende una Ley de Propiedad que transgrede el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

 

Para los garífunas, la protesta de los maya-chorti refleja el rechazo a la ofensiva que indígenas y afrodescendientes padecen en todo el mundo por parte de compañías multinacionales y Estados-nación interesados en dominar sus tierras y saquear la biodiversidad del hábitat funcional de estas minorías.

 

Tal es el caso de la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca III, avalada por el gobierno hondureño, a pesar de que generará consecuencias severas para los tawahka y la probable salinización de los humedales de la Mosquitia, en detrimento de miskitos, pech y garífunas.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insiste en la importancia del reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, para evitar las violaciones contra los sectores más marginados.

 

Sin embargo, el Estado hondureño obvia estos principios y acomoda las leyes nacionales a los intereses de los empresarios y políticos que controlan el destino del país, coinciden defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.

 

Datos del Banco Central de Honduras demuestran que Ruinas de Copán es uno de los sitios turísticos más visitados del territorio, junto a Roatán, en el departamento caribeño de Islas de la Bahía.

 

La presencia de los chorti interrumpió el arribo de turistas al sitio arqueológico ubicado en el departamento de Copán, al Occidente de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala.

 

La ausencia de visitantes en ese monumento del pasado maya impidió ingresar al menos 300 mil lempiras diarias (más de 15 mil 800 dólares) a uno de los países más pobres de Centroamérica, informaron especialistas del ente financiero.

 

El Parque Arqueológico Ruinas de Copán, donde quedan vestigios del mayor texto esculpido en piedra del continente y quizá del mundo, cuenta con 1 mil 420 espacios y alrededor de 4 mil 509 edificios ancestrales, incluidas pirámides, templos, estelas y tumbas.