En los próximos días, legisladores federales promoverán en la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial que vigile la aplicación de los programas que opera la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ante el posible uso que con miras electorales podría darse a éstos rumbo al próximo proceso electoral, o para evitar posibles desfalcos o defraudaciones de los funcionarios encargados de su administración y distribución al aprovechar el último año del sexenio.

 

Los legisladores advierten como un foco rojo no sólo la entrega de los programas sociales condicionada al voto, sino además la ampliación al gasto corriente autorizado a la Sedesol del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

 

En 2011, la Sedesol operó un presupuesto de 80 mil 207.4 millones de pesos, para 2012, se le autorizaron 84 mil 859 millones. Además del aumento del presupuesto, se le autorizó una ampliación de su gasto corriente y, en contraste, una reducción al gasto social, pese a que la función principal de esa Secretaría es, precisamente, la canalización de recursos públicos a la población más vulnerable.

 

Los gastos indirectos y de operación de los programas a cargo de la Sedesol deben ejercerse sin menoscabo del presupuesto asignado a cada programa. Hasta 2011, el monto autorizado para gastos de operación de cada programa era máximo del 7 por ciento del presupuesto, pero en diciembre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le autorizó el incremento de 1 punto porcentual para dicho rubro. Aunque en términos numéricos parecería un incremento menor, en términos monetarios es significativo, dado el volumen de recursos públicos de los que los funcionarios de la Sedesol podrían servirse.

 

De acuerdo con el presupuesto autorizado, son más de 6 mil millones de pesos los que este año los funcionarios de la Sedesol podrán usar para “gastos de operación”.

 

De acuerdo con consideraciones de algunos legisladores, es en este rubro donde los recursos no sólo podrían usarse con fines electorales, sino malgastarse o desviarse, bajo la lógica del llamado año de Hidalgo.

 

El problema, explica el legislador Mario Di Costanzo Armenta, “es el grado de discrecionalidad con el que se manejan estos recursos, y que ahora, con el tope presupuestal para este año, representan cantidades exorbitantes de dinero que puede utilizarse para cualquier cosa”.

 

Y es que además, la Sedesol no le ha puesto a sus programas los candados suficientes para el denominado blindaje electoral que limita la entrega de recursos con estos fines, conforme refiere la Auditoría Superior de la Federación en una de las revisiones que hizo a dicha Secretaría. Ello, advierten analistas, podría abonar a enrarecer un proceso electoral en el que se avistan “elecciones muy competidas sin un marco institucional que sea garantía de credibilidad”, explica el analista Lorenzo Meyer Cosío, del Colegio de México.

 

Razones suficientes tienen los legisladores para impulsar esta comisión, dadas las irregularidades en el manejo de los programas de la Sedesol que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado en el actual sexenio: recursos desviados, malversados o asignados sin la claridad suficiente en sus objetivos se enlistan entre otros descubrimientos.

 

Desde 2008, la Auditoría Superior le indicó a la Sedesol que debía de fortalecer sus mecanismos de control ya que había un “manejo discrecional” de las cuentas de cheques que la dependencia utiliza para los gastos de operación de los programas sociales. En una de estas cuentas (número 2007269105), por ejemplo, ese año el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados detectó un daño patrimonial por 11 millones 843 mil pesos, de los cuales la Sedesol no pudo precisar su destino.

 

El problema persistió en los meses subsecuentes. Cuando se auditó el año fiscal 2009, se reveló que en una misma cuenta (de Bancomer) se manejó el dinero de nueve programas sociales, lo que conforme los auditores, dificultó la identificación de los movimientos financieros de los programas, además de que “esta práctica propicia la discrecionalidad en la utilización del capital asignado a cada programa social, complica y entorpece la operación, el registro y la fiscalización, y no permite una rendición de cuentas clara y transparente”.

 

Para agosto de 2010, cuando se auditó nuevamente el manejo de cuentas bancarias y chequeras, se encontraron, entre otros, cheques en tránsito con antigüedad de hasta 12 meses, cuando el límite para su uso y cobro es de 30 días.

 

Los deficientes manejos administrativos en una dependencia como Sedesol, dada su función, tienen un alto impacto social. Un caso ilustrativo es el de la operación de la delegación en Guerrero, entidad con 21 de sus 81 municipios en extrema pobreza, tuvo en 2009 y 2010, 87 millones 925 mil 600 pesos en sus arcas sin destinarlos a ningún proyecto.

 

Otro aspecto que la Auditoría Superior de la Federación advirtió como un grave problema, es que los funcionarios no le reintegran a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos no devengados tanto de los programas como de los recursos para la operación de éstos. La Auditoría Superior ha detectado casos en los cuales hubo apoyos que nunca se cobraron, y que los funcionarios de la Sedesol no reintegraron esos recursos a las arcas públicas sino hasta que se lo indicó el órgano fiscalizador.

O en otros casos en los que, con el propósito de no reintegrar los recursos ejercidos, los funcionarios reportan como ejecutadas el cien por ciento de obras y entregados el ciento por ciento de programas conforme el padrón.

Ello se detectó también en Guerrero, en la auditoría que dicho órgano realizó respecto al ejercicio fiscal de 2009.

 

Esta misma delegación no pudo comprobar el destino de 14 millones 215 mil 600 pesos que supuestamente se entregaron en el Programa de Empleo Temporal y 3 millones 382 mil del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias; además se gastaron 71 mil 600 pesos del Programa de Empleo Temporal sin documentación comprobatoria, y se pagaron gastos no permitidos. Tampoco se tenían los 1 mil 064 expedientes con los cuales supuestamente se entregaron apoyos por 114 millones 775 mil pesos.

 

 

En 2008, la Auditoría Superior de la Federación revisó los padrones de los beneficiarios de los programas Setenta y Más, Atención a Jornaleros Agrícolas, y el de Empleo Temporal. Se detectaron irregularidades tales como la falta de los datos referentes al nombre del beneficiario, al tipo de apoyo, monto, fecha de otorgamiento, todos éstos considerados como parte de la estructura mínima de datos de los padrones de beneficiarios. En consecuencia: no existió un control sobre los pagos realizados a los beneficiarios, determinaron los auditores.

 

La Auditoría Superior le indicó a la Sedesol que operaba los programas con opacidad “ya que no se precisa el mecanismo que los beneficiarios [deben de] seguir para el cobro de los apoyos, ni se indica la fecha límite del pago a los beneficiarios, lo que resta transparencia a los procesos de seguimiento al programa y entrega de apoyos”

 

La manera en la que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha manejado el Programa de Empleo Temporal es una de las anomalías más cuestionadas por la Auditoría Superior de la Federación en términos de su falta de efectividad y manejo discrecional de sus fondos. En una de sus revisiones, determinó la poca efectividad de dicho programa “debido a que no existe [un] control sobre los pagos realizados a los beneficiarios con recursos del fideicomiso y que además no se garantiza que el total de los recursos lleguen a éstos, y que el monto que se otorga es poco significativo y puede utilizarse en cualquier fin. Los recursos empleados en este fideicomiso no representan mejoras en el nivel de vida de los jóvenes ni coadyuva a superar las condiciones de marginación y pobreza extrema [que son los] principales objetivos del programa”.

 

           

Respecto al Programa de Desarrollo Local Microrregiones, cuya función es impulsar los Centros Estratégicos Comunitarios mediante la dotación de servicios, infraestructura social y acciones de tipo productivo, también ha registrado irregularidades en la disposición de los gastos de operación.

 

En 2007, se le asignó un presupuesto de 1 mil 17 millones 26 mil 500 pesos, de los cuales 70 millones –el 7 por ciento del presupuesto–, era lo que los funcionarios de la Sedesol podían utilizar para gastos de operación, pero se derrocharon 132 millones 440 mil pesos –el 13 por ciento– es decir, 61 millones 248 mil 500 pesos más de lo autorizado, excedente, que de acuerdo con la Sedesol, se pagó en honorarios.

 

Unos 88 millones de pesos de este programa, que debían de emplearse en subsidios a la producción, se gastaron en supuestos pagos de honorarios; otros 805 mil 300 pesos en la adquisición de vehículos.

 

Del Programa Microrregiones, el 29.5 por ciento de los recursos que no se utilizaron (6 millones 070 mil 200 pesos) se reintegraron a la Tesofe de forma extemporánea. En su ejecución tampoco se tuvo control y seis entidades devolvieron los recursos no devengados de forma también extemporánea.

 

En el de Rescate de Espacios Públicos, en 2008, se detectó un daño patrimonial de 10 millones 596 mil 022 pesos de recursos no ejercidos y tampoco reintegrados a la Tesofe.

 

Ese año, el Programa de Setenta y Más se operó con tal nivel de opacidad, que de acuerdo con la Auditoría Superior ni siquiera existieron elementos “para determinar el cumplimiento del objetivo ni la certeza de haber realizado las acciones de promoción social”. Se descubrió un desvío de 119 millones de pesos.

 

En la llamada Estrategia 100 x 100 –aplicada en municipios de extrema pobreza–, se han detectado pagos no relacionados con el programa, lo cual es lastimoso en términos no sólo económicos sino sociales al tratarse de recursos destinados a municipios en pobreza extrema.

 

En los programas Tu Casa y Tu Casa Rural, se revelaron irregularidades en Michoacán, Puebla y Oaxaca, un daño patrimonial de 12 millones de pesos.

 

Bajo el nombre de Vivir Mejor, como el eslogan del gobierno de Calderón, el apoyo alimentario es el rubro prioritario del programa Oportunidades. Respecto a éste, las auditorías han determinado que opera sin ningún indicador para evaluar en qué medida el apoyo compensa a las familias beneficiarias dado el efecto del alza internacional de los precios de los alimentos.

 

Además de la dudosa efectividad del programa, en 2009, 68 mil 500 familias, de las 5 millones 262 mil 900 empadronadas en éste, no recibieron los apoyos para alimentación y energético.

 

 

En 2009, la Sedesol aplicó medidas de “ahorro”. Para cumplir sus metas disminuyó el presupuesto a 28 de los 35 programas presupuestarios que tuvo ese año. Ahorró 519 millones de pesos debido a que redujo los subsidios a los pobres (en 17 programas).

Administrativamente, la Auditoría Superior de la Federación reprobó la medida, ya que la Sedesol no reasignó los recursos a la población más vulnerable, pero además, las cifras de ahorro que reportó ante la SHCP discreparon con los de Hacienda.

 

 

Tras las inundaciones ocurridas en Tabasco, en octubre de 2007, el gobierno federal canalizó cuantiosos recursos al Programa de Empleo Temporal para ayudar a la población afectada. De 135 mil 200 pesos que originalmente ese año se le asignarían al programa, la delegación de Sedesol en Tabasco recibió 109 millones 617 mil pesos. Al revisar una parte del uso que se le dio a esos recursos, la Auditoría Superior determinó que hubo un manejo discrecional y daño patrimonial por 13 millones 950 mil 100 pesos, más del 10 por ciento de los recursos.

 

Entre éstos, daño patrimonial de 1 millón 876 mil 333 pesos de la supuesta compra y entrega de 32 mil 487 herramientas de las cuales no hubo evidencia documental. Hubo también supuestos pagos por jornal que no pudieron comprobarse documentalmente.

 

Los funcionarios de la Sedesol adquirieron catres, cobertores y colchonetas por 1 millón 309 mil pesos, bienes que debían ser otorgados por el Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación Nacional de Protección Civil. De forma irregular 1 millón 920 mil 300 pesos se usaron para el supuesto arrendamiento de vehículos y equipo de cómputo; no había contratos respectivos y este tipo de servicios tampoco podían erogarse de estos fondos.

 

También desviaron 1 millón 817 mil pesos para adquirir impresos y formatos de certificados de enseres para el Programa Hábitat.

 

Ante tales irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación le solicitó al Órgano Interno de Control iniciar investigaciones y fincar responsabilidades.

Pero además, los funcionarios de la Sedesol no hicieron un seguimiento físico-financiero de la aplicación de recursos, ello derivó en que hubo áreas que a pesar de la situación de emergencia que privaba, no aplicaron los recursos correspondientes, y tampoco los reintegraron a la Tesofe, sino hasta que la Auditoría Superior lo detectó.

 

En otros programas emergentes operados por la Sedesol, como los que se implementaron en el rubro de vivienda, a raíz de la destrucción que en Chiapas provocó el huracán Stan, tanto en la ejecución del programa como en los resultados del mismo, la Auditoría Superior encontró graves deficiencias: viviendas construidas con materiales y técnicas de ínfima calidad a precios onerosos. Recién terminadas presentaban grietas, filtraciones y deficiencias que las hacían prácticamente inhabitables; otras no se terminaron o no se construyeron.

 

 

Ante la perspectiva en el manejo de los programas sociales en la actual administración, el legislador Mario Di Costanzo, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados explica: “Veo como un foco rojo no sólo el uso de estos programas sino el gasto de operación. No puede ser más del 4 por ciento de su valor total, en cambio, para este año se autorizó un 8 por ciento, que son miles de millones de pesos que tienen un riesgo muy alto de que se utilicen con fines meramente electorales o que haya saqueo”.

 

Di Costanzo, también secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, advierte que conforme al manejo que el gobierno de Calderón ha dado a Sedesol, “están dadas todas las condiciones para que se traduzca en un gasto electorero o en una entrega de programas condicionados al voto, o de plano, en un saqueo directo”.

 

De hecho, éste es uno de los sectores en los cuales, de nuevo, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en su revisión más reciente, misma que dará a conocer en unas semanas, adelanta uno de los auditores del órgano fiscalizador.

Contralínea solicitó una entrevista con el secretario de la Sedesol, Heriberto Félix Guerra, para que explicara las medidas que la dependencia a su cargo tomará para evitar que los programas se usen con fines electorales o que haya malos manejos en el dinero etiquetado como gastos de operación para cada programa. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo  respuesta.