Ruth Roque/Rogelio Velázquez

 

Del 1 de enero de 2007 al 18 de enero de 2012, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa extraditó a 505 personas. Éstas presuntamente cometieron delitos contra la salud, asociación delictuosa, homicidio, lenocinio contra menores, entre otros ilícitos, y eran requeridos por los sistemas de justicia de otros países, principalmente de Estados Unidos, descubre la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) a la solicitud de información 0001700177511, hecha por este semanario.

 

Poco más del 80 por ciento de los supuestos delincuentes que son juzgados en en otras naciones –con la venia del gobierno federal– es de nacionalidad mexicana, se desprende de la información oficial. En el 20 por ciento restante se incluyen estadunidenses –la mayoría acusados de cometer delitos contra la salud–, alemanes, franceses, cubanos, italianos, españoles y colombianos.

 

Los datos entregados por la PGR revelan, además, que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se concedieron sólo 15 extradiciones, por lo que los casos remitidos a las autoridades extranjeras en los cinco años de la administración calderonista implican 3,156 por ciento más. En el gobierno de Ernesto Zedillo se extraditaron 80 personas, 214 por ciento menos que en el actual; y en el de Vicente Fox, se concedieron 235 extradiciones, 214 por ciento menos que con su sucesor.

 

Así, las estadísticas demuestran que los gobiernos panistas han concedido, a la fecha, 740 extradiciones de presuntos delincuentes, el 88.5 por ciento del total (836) registrado en 23 años. El aumento en el número de extradiciones otorgadas por sexenio coincide con un viraje en la política exterior. “En 1994 empieza a desarticularse la política exterior mexicana, pero es en 2000 cuando se da, como tal, el dislocamiento del modelo”, señala Juan Manuel Bueno Soria, doctor en derecho de la cooperación internacional.

 

Mientras Bueno Soria asegura que “todo el trabajo diplomático que se había hecho desde la Independencia se ha venido abajo [en estos dos últimos gobiernos]”, el perredista José Luis Jaime Correa, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores­ de la Cámara de Diputados, advierte que la política exterior mexicana está subordinada a Estados Unidos. El país, explica, se ha alejado de Latinoamérica.

 

Históricamente, México fue conocido por ejercer una política exterior independiente y pacifista, a pesar de su vecindad con Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Eso se reflejaba en todos los ámbitos, incluida la procuración de justicia. Las naciones centroamericanas incluso lo reconocían como un Estado conciliador, posición que durante los gobiernos panistas poco a poco se perdió. Por ello, el legislador Jaime Correa señala que “la política exterior la debe de marcar el Estado, no el gobierno o la Presidencia, como sucede en la actualidad”.

 

Sin embargo, el panista Luis Alberto Villarreal García, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores-América del Norte de la Cámara de Senadores, asegura que las extradiciones no son una debilidad del Estado, sino parte de los acuerdos internacionales suscritos por México, mismos que se deben de cumplir. En su defensa, argumenta que “hay una autoridad que está atendiendo un tema que durante muchos años no se atendió: la seguridad”.

 

Villarreal García dice que “los delincuentes tienen más miedo a ser extraditados a Estados Unidos [que a ser juzgados en el país]. Así se hizo con éxito en Colombia, y no veo por qué dentro del marco jurídico y de cooperación no vaya a funcionar en México”.

 

Pero en este país, las extradiciones están lejos de poder inhibir los delitos. Tan sólo en el caso del narcotráfico, el 90 por ciento de toda la cocaína consumida en Estados Unidos transita por el territorio mexicano, señala el International narcotics control strategy report 2010.

 

   

 

Más del 80 por ciento de las extradiciones concedidas por México en el gobierno de Calderón Hinojosa han sido a favor del sistema de justicia estadunidense. A ese país se envió, por ejemplo, a Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo de Ismael Zambada García, el Mayo, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

 

También, se extraditó a Benjamín Arellano Félix, integrante del cártel de los Arellano Félix; al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid; y a Miguel Caro Quintero, hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien fundó el extinto cártel de Guadalajara, entre otros. Un caso frustrado tanto para las autoridades mexicanas –que afanosamente cooperan con el país vecino– como para las estadunidenses es el de Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, cuya defensa ha conseguido un amparo contra la petición de extradición.

 

El resto de los supuestos delincuentes ya extraditados en este gobierno tuvo como destino las cárceles de Panamá, El Salvador, Países Bajos, Italia, Francia, Perú, Guatemala, Canadá, España, Gran Bretaña y Alemania.

 

 

La “sumisión” de la política exterior de México no sólo se limitaría a la impartición de justicia, sino también abarcaría el comercio. El investigador Bueno Soria considera que al país le ha faltado “mirar”hacia el Sur: promover más intercambios comerciales con Suramérica, pero también con países como China.

 

Contrario a esto, el panista Villarreal García afirma que el gobierno de  Calderón Hinojosa ha estrechado los lazos con América del Norte, Europa –especialmente España, que ha realizado inversiones importantes en el país–, con la zona Asia-Pacífico y con Latinoamérica, en “apego a la cultura y costumbres que nos identifican”. Agrega que se ha fortalecido la seguridad del país y el intercambio económico con la comunidad internacional.

 

No obstante, el perredista Jaime Correa recuerda que “el 85 por ciento de nuestro intercambio comercial es con Estados Unidos. Tenemos una dependencia económica con ellos y de ahí surge la subordinación”. Aunque admite que la política exterior se apega al marco jurídico, indica que éste se hizo en el viejo sistema, en el cual el presidente en turno acaparaba todo el poder; ahora “con el nuevo presidencialismo panista, en el que el Ejecutivo no tiene el poder absoluto, no se ha modificado dicho marco jurídico”.

 

Para Bueno Soria, “México tiene que aprender de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Comunidad Andina de las Naciones y el Mercado Común del Sur, pues esos países tienen la voluntad de que el nuestro participe en las alianzas. Así habría más desarrollo de la economía mexicana en un intercambio más igualitario de bienes y servicios”.

 

Pero en vez de consolidar la política exterior, ésta se encuentra abandonada. El doctor Bueno Soria ejemplifica esta postura con el caso de Cementos Mexicanos en Venezuela: “El gobierno mexicano no hizo nada por defender los intereses de la empresa; no hubo negociación de alto nivel y fue perjudicial para la economía nacional”. Por ello, apunta, “en el gobierno no hay errores, hay desconocimiento. Existen diplomáticos mexicanos en bajos puestos que podrían ser cancilleres”.

 

No obstante, para las autoridades federales las 505 extradiciones concedidas entre el 1 de enero de 2007 y el 18 de enero de 2012 son un éxito de la cooperación internacional.

 

 

 

 

En el ámbito de la cooperación internacional, México tiene entre sus pendientes atender el problema de los refugiados y de los migrantes. El accionar del crimen organizado, la colaboración o tolerancia de las autoridades y la tendencia xenofóbica de algunos segmentos de la sociedad mexicana son tres puntos importantes que cambiarían la realidad de los migrantes y refugiados, considera el investigador José Luis Loera.

 

El coordinador del Programa Casa Espacio Refugiados de Amnistía Internacional en colaboración con el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados destaca que muchas personas en riesgo –principalmente aquellas que han sido amenazadas por el crimen organizado– no tienen posibilidades de solicitar refugio en otros países, debido a que las leyes locales no contemplan esa agravante.

 

El argumento para negar la protección es simple: “Son víctimas de la violencia del crimen organizado, no de una persecución por agentes estatales, y sus gobiernos hacen esfuerzos suficientes para combatir esa violencia”, refiere el investigador.

 

Agrega que en el caso de los migrantes, es importante que se hayan visibilizado los abusos y la violencia que se ejerce en contra de esta vulnerable población. El problema central, dice, es la impunidad y la corrupción: “Mientras prevalezcan estas tendencias en el quehacer de funcionarios, todo el cumplimiento de la ley queda limitado”.

 

Recuerda que aún no han terminado las extorsiones y abusos a los migrantes. “Los cambios que se generan en la legislación no corresponden con un cambio de actitud y trato por parte de funcionarios y se ve que no hay mayor incidencia en cuanto al actuar de grupos delictivos coludidos con servidores públicos”.

 

Al respecto, el senador panista Villareal García señala que “cuando uno hace reformas a las leyes no significa que por arte de magia se resuelvan los problemas”. Agrega que “la voluntad es la vocación que tiene el gobierno del presidente Calderón”.

 

No obstante, José Luis Loera refiere que “independientemente del partido y el nivel de gobierno, se ve un incremento a lo largo de los años en los abusos a los migrantes y posibles solicitantes de asilo u otra protección complementaria. Las personas que brindan asistencia humanitaria son víctimas de amenazas del crimen organizado y de propias las autoridades”.

 

En ese contexto, insta a que la voluntad del gobierno incluya no sólo el respeto sino el conocimiento pleno del “complejo perfil” de los migrantes, porque no en todos los casos es económico. Además, advierte que entre éstos también se encuentran posibles solicitantes de asilo o personas que en otros países poseen la condición de refugiado, pero a falta de garantías de seguridad, –sociales, económicas– se ven obligados a migrar en búsqueda de condiciones más favorables.

 

“Es importante hacer un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre el grado de descomposición y, en ese sentido, la tendencia que se da a nivel de sociedad del crecimiento de xenofobia y el nivel de discriminación. Es interesante que un país que tiene una población tan alta en el exterior, no tenga una sociedad suficientemente consciente de los derechos y las situaciones que pasan las personas migrantes o solicitantes de asilo y refugio. Es importante que como sociedad también se reflexione más allá del combate a la impunidad, de la denuncia de los delitos, también cómo en lo cotidiano se vive la discriminación, el rechazo, la apatía hacia los delitos y los abusos contra las personas que están en su tránsito por México o que radican aquí después de haber huido de situaciones de violencia o de persecución.”