Luego de las presiones internas y externas para que México acepte participar con fuerzas armadas en “misiones de paz” de la ONU, generales en retiro y académicos debaten sobre la pertinencia de que el país abandone su política de no intervención. Militares coinciden: esas misiones sirven a intereses de las grandes potencias
La participación de México en alguna de las 18 operaciones de mantenimiento de paz (OMP) –impulsadas actualmente por la Organización de Naciones Unidas (ONU)– es una maniobra de carácter estratégico de Estados Unidos que busca transformar a las fuerzas armadas en ejércitos de ocupación, asegura el general brigadier especialista en ciencia política, Francisco Gallardo Rodríguez.
Para el general en retiro Roberto Badillo Martínez, exdirector del Servicio de Inteligencia del Ejército y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, esas misiones “son herencia de la colonización”.
Ambos generales condensan con sus argumentos el rechazo de un importante sector castrense a la persistente posición desde el Ejecutivo federal para que los mexicanos avalen el despliegue de elementos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea alrededor del mundo, en una o varias OMP bajo el cobijo de Naciones Unidas. A esa posición se suma el diplomático Ricardo Valero Recio, quien considera que el actual gobierno mexicano “es el gobierno más lineal y más primitivo en todos sus planteamientos y rígidamente ortodoxo”.
La posibilidad de participar en misiones internacionales, planteada hace años desde las dependencias del Ejecutivo federal, se hizo más evidente el 30 de diciembre pasado cuando Edmond Mulet, subsecretario general de Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas, indicó que México es uno de los pocos países que no participa con tropas en las OMP, a pesar de que su contribución financiera a ese rubro es la más importante de América Latina. Más recientemente, el 9 de marzo, el mandatario francés Nicolas Sarkozy pidió ante el Senado mexicano que valore esa participación en virtud de que una gran nación tiene derechos, pero también deberes, y entre éstos “está el precio de la sangre, la sangre de sus soldados”.
Precisamente es al Senado de la República al que compete resolver que la Armada de México participe en las maniobras militares, como lo hizo el pasado 14 de abril respecto de la Unitas Gold 50-09. Se trata de la edición del aniversario número 50 y que se desarrolla del 19 de abril al 7 de mayo en La Florida, con navíos de guerra de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.
Aunque la fragata F 212 Abasolo de la Armada de México fue observadora en los dos ejercicios realizados en el Caribe y el Pacífico de la edición de Unitas en febrero de 2002 –sin el conocimiento ni la autorización del Senado–, su despliegue tuvo como marco la “nueva política de apertura militar” que planteó el gobierno de Vicente Fox Quesada. Meses antes, el 26 de noviembre de 2001, México había dejado atrás su tradicional política exterior de no participar activamente en organismos internacionales castrenses. Fue entonces cuando hizo oficial su ingreso a la Conferencia de Ejércitos Americanos.
Esta organización, fundada hace 49 años por iniciativa estadunidense, sirve como escenario de análisis en materia de defensa y seguridad y es en ese marco en el que el gobierno mexicano decidió intervenir en las maniobras de Unitas Gold 50-09.
Una descripción de las acciones que tienen lugar en tales maniobras está en el libro Unitas XXV. A silver anniversary, de Harrison Kirby, quien en 1985 escribió: “Un asalto aéreo agrega un nuevo elemento a los helicópteros de transporte Mi-6 a medida que bajan en nubes de polvo y arena para desembarcar soldados.
Junto con los paracaidistas, que ya descendieron, forman una segunda ola que atacará desde una dirección distinta a la del desembarco.
Por varias horas, la serenidad de esta tierra árida se ve estremecida por los ruidos de la guerra. Finalmente, el cañoneo se convierte en explosiones esporádicas y más tarde, en disparos. Todos están satisfechos; los objetivos se han cumplido”.
Ni maniobras ni OMP
El general Francisco Gallardo considera que “es riesgoso” que las fuerzas armadas de México participen tanto en las maniobras militares conjuntas estadunidenses y latinoamericanas como en Unitas o en las operaciones de mantenimiento de paz. Subraya el también doctor en administración pública que, en el pasado, el Ejército y la Armada mexicanos han recibido entrenamiento y capacitación del Departamento de Defensa estadunidense, y existe una relación con las juntas de secretarios; ambas actividades son convenientes para la formación castrense, indica.
Sin embargo, este especialista en escenarios estratégicos internacionales considera que luego de que en junio de 2008 Estados Unidos reactivó la IV Flota Naval y la ubicó frente a las costas venezolanas, esa fraternidad “ya no lo es más”.
Como tampoco es conveniente que el Ejército y la Armada mexicanos reciban ayuda y asistencia militar, que compartan ninguna junta de comandantes o que participen en esas maniobras, porque “tienen un carácter encubierto del Pentágono y la Casa Blanca para entrometerse en los asuntos internos de los países latinoamericanos”.
Para el general Badillo Martínez, la participación de la Secretaría de Marina en el sexenio pasado en la operación Unitas recibió críticas porque no se pidió autorización al Senado de la República.
El legislador y militar se opone a que fuerzas armadas concurran a esos ejercicios bianuales porque considera que, en el futuro y “por costumbre, van a querer venir al Golfo de México donde están los grandes yacimientos petroleros mexicanos”, como en las cercanías de la Isla de Lobos o Tuxpan. De ahí su reclamo para que los políticos y diplomáticos “no pierdan de vista la naturaleza imperial de Estados Unidos”.
En su análisis sobre la presencia de tropas mexicanas en OMP, bajo mandato de Naciones Unidas, Badillo Martínez –también excomandante de la sexta zona militar en Veracruz y agregado militar en Argentina, Uruguay y Paraguay– señala que, pese a alcanzar su liberación nacional a mediados del siglo pasado, las excolonias africanas y asiáticas no lograron su estabilidad porque años después persisten la explotación de sus recursos y las disputas étnicas y territoriales que trae consigo el subdesarrollo. El legislador dice que lo que ofrece Naciones Unidas a esos Estados son armas y tropas.
Las declaraciones de los generales mexicanos ocurren a unos cuantos meses de que el diplomático guatemalteco y funcionario de Naciones Unidas, Edmond Mulet, reiterara en su pasada visita a México el interés de ese organismo multinacional para que este país se incorpore a las misiones “de paz”. Según argumentó, éstas ya no se limitan al aspecto militar, sino que se extienden a la “construcción de instituciones en los Estados, a realizar elecciones, a identificación de personas y aspectos humanitarios”, bajo las 92 nuevas tareas que les asignó el Consejo de Seguridad.
Mulet explicó que bajo ese nuevo mandato, las OMP también realizan campañas de vacunación, construyen escuelas, carreteras, puentes y en casos de desastres naturales distribuyen materiales de urgencia. Además de apoyo al proceso político, reforzamiento de instituciones, incluso judiciales o parlamentarias.
En ese sentido, el exsubsecretario para América Latina, Ricardo Valero Recio Becerra, refiere que las fuerzas de paz no están contempladas en la Carta Fundacional de Naciones Unidas, sino que la necesidad de su existencia surgió en la medida que la realidad internacional así lo requirió.
Aún así, el también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se manifiesta partidario de que el país participe en esas misiones, aunque propone un análisis y debate previos, además de que excluye toda acción militar. En la década de 1980, Valero Recio fue uno de los diplomáticos mexicanos que con sus contrapartes franceses negociaron la pacificación de El Salvador. Por esa experiencia, el académico llama a considerar con cuidado la “exaltación casi indiscriminada y acrítica” de las operaciones de paz.
Reconoce que quienes integran las OMP muchas veces se han visto involucrados en violaciones a los derechos humanos. “Los ejércitos y fuerzas armadas que integran esas operaciones se comportan casi como las fuerzas regulares de cualquier otro país, así que no se debería idealizarlas”, señala.
Valero Recio afirma que otro aspecto para evaluar la participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz consiste en considerar cómo han evolucionado esas misiones a partir del cambio que también tuvieron los conceptos de paz y seguridad internacional.
Este gobierno, agrega, no tiene la sensibilidad para tejer fino y estar alerta ante estas cuestiones.
Marcos Pablo Moloeznik, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas de seguridad, concuerda con la integración y participación de las fuerzas armadas mexicanas en operaciones de mantenimiento e imposición de la paz cuando emanen de resoluciones del Consejo de Seguridad. Para este especialista es necesario también un debate en el Senado, como único órgano con la potestad de autorizar la salida de tropas propias del territorio nacional, tal como establece la Constitución.
Esgrime dos argumentos a favor: que México es fundador de Naciones Unidas y que ha participado como miembro no permanente de su Consejo de Seguridad, por lo que debería existir una correspondencia entre la “delicada responsabilidad” de participar en el órgano que vela por la paz y seguridad internacionales y el compromiso real de hacerlo mediante el empeñamiento de militares o la contribución de efectivos a los contingentes de los llamados “cascos azules”. Por otra parte, considera que la experiencia demuestra que los mandos que participan en esas misiones en el extranjero “crecen profesionalmente”, pues cualquier militar que se integre a las fuerzas de paz debe dominar el idioma inglés y estar en contacto con diferentes culturas y ambientes operacionales.
Moloeznik sugiere que si el Senado aprobara la participación de México en las OMP debería crearse un centro de formación que seleccione a los militares que voluntariamente decidan integrarse a esas operaciones y someterlos a un proceso de “reconversión profesional” que los habilite para su nuevo encargo.
No obstante, reconoce que actualmente las fuerzas armadas mexicanas se encuentran ante una situación de “sobrecarga de misiones y funciones” que incluyen la lucha contra el narcotráfico, el apoyo a la seguridad pública, la participación en el sistema nacional de protección civil e, incluso, la protección física del presidente (mediante el Estado Mayor Presidencial, al que llama un “resabio del porfiriato”).
El general Francisco Gallardo reitera que la política exterior de México es pacifista, tal como establecen sus principios contenidos en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución para no involucrarse en asuntos de guerra y dirimir los conflictos por la vía de la negociación.
Actualmente, “los gobiernos de derecha del Partido Acción Nacional han sido entreguistas de nuestra soberanía y creo que buscan debilitar al poder armado del Estado mexicano para evitar que en un conflicto exista una fuerza militar que defienda los recursos energéticos del país”.
Recursos para conflictos
Ricardo Valero Recio estima que en el debate sobre la participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz (OMP) debe considerarse el costo y el carácter económico para desplegar esas operaciones; indica que, actualmente, significan cuatro veces más que el presupuesto regular de Naciones Unidas para todas sus actividades.
En diciembre de 2007, Alicia Bárcena, subsecretaria de administración Naciones Unidas, señaló que entonces sólo participaban siete mexicanos en las OMP a pesar de que México es uno de los principales contribuyentes económicos al sistema de Naciones Unidas.
Durante el 60 aniversario de las operaciones para el mantenimiento de la paz, el 7 de noviembre de 2008, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, indicó que estaban vigentes 20 operaciones donde participaban 110 mil elementos; ese año, el presupuesto anual de Naciones Unidas ascendía a 5 mil 600 millones de dólares, cifra equivalente al 1 por ciento del gasto militar mundial.
De acuerdo con una investigación periodística de Érika Ramírez (revista Fortuna. Negocios y Finazas, 15 de septiembre de 2008), la cancillería mexicana mostró ser, en 2008, la dependencia que más recursos deposita en el exterior, pues asigna 113 millones 171 mil 745 dólares a 75 organismos internacionales; de ellos, Naciones Unidas encabeza la lista, con 45 millones 871 mil 116 dólares, de los que 25 millones de dólares se asignan para contribuir al desarrollo de las OMP.
Esa cifra contrasta con los 12 millones de dólares que México aportó en 2004 y que se elevaron a 14 millones de dólares en 2005, según el documento El sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas y las operaciones para el mantenimiento de la paz, preparado por la cancillería y que exhibió entonces la Presidencia de la República. (NE)
Las misiones de México
México tuvo su primera contribución con la Comisión de Investigación de Naciones Unidas en Los Balcanes, que operó de 1947 a 1951, a través del envío de un general, dos jefes y un oficial del Ejército y la Fuerza Aérea. Su segunda participación fue en 1949 cuando envió a cuatro jefes y dos oficiales del Ejército y Fuerza Aérea al Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en India y Pakistán.
Fue hasta 1991 y 1993 cuando apoyó al organismo multilateral en el conflicto de El Salvador con una misión de observación integrada por 120 elementos de la entonces Policía Federal de Caminos, de la Policía Judicial Federal y de la Secretaría General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal.
Entonces, la misión de ese grupo fue observar y supervisar la creación de la Guardia Nacional de El Salvador y, en su segunda etapa, asesorar la formación de la nueva Policía Nacional Civil. Desde 1993, según la cancillería, México participó en 41 misiones de asistencia electoral en 22 países: en 2004, en el Irak ocupado, en Timor oriental y en la capacitación para consejeros electorales de Haití. (NE)
Fuente original: Revista Contralínea
CONTRALÍNEA 129 | 03 DE MAYO 2009
