Se solidariza tras emboscada

Primero, saludo y aplaudo la inteligente, necesaria y valiente labor periodística y la construcción de un medio impreso crítico, independiente e indispensable en la actual coyuntura que vive la sociedad mexicana. Segundo, solidaridad ante los preocupantes y deleznables hechos de los que son víctimas. Fraternos saludos.

Gustavo García

Se pronuncia en contra de la agresión

Con mucha preocupación leo y escucho las agresiones de que son objeto todos ustedes indirectamente al haber sido violentadas sus instalaciones hace más de 15 días. Pero algo que se suma a mi preocupación, es saber que el equipo de periodistas agredido en el estado de Oaxaca ayer (27 de abril) es de la revista Contralínea. Definitivamente me parece una acción sin precedente, lo que habla del estado de indefensión de la gente que protesta y, lo peor, de los periodistas que informan desde ese lado de las cosas. Es inmediato pensar que es el Partido Revolucionario Institucional estatal el que desea imprimir miedo y terror a sus propios coterráneos para mantener el poder y ganar las próximas elecciones estatales. Espero se encuentren bien los reporteros Érika Ramírez y David Cilia, y sean auxiliados por algún organismo de derechos humanos. Yo desde esta humilde trinchera haré un llamado a la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) para que se vuelva hacia esa situación a todas luces anómala. Insisto, reciban todo mi apoyo y todo el ánimo para seguir adelante, con ese valor para darnos a conocer todas las rapacerías de nuestras autoridades y “carroñeros” que los acompañan.

Silvio J Tinoco P

Instituto de Astronomía

Departamento de Instrumentación de la Universidad Nacional Autónoma de México

Alto a la represión en San Juan Copala, exigen investigadores

México, Distrito Federal, 28 de abril de 2010

El día 27 de abril, alrededor de las 14:50 horas, una caravana humanitaria de organizaciones sociales que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca (MASJC), fue agredida con armas de alto poder por integrantes de la organización priista Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) a la altura de la población triqui denominada La Sabana, en el camino que conduce a dicho municipio.

La caravana ?integrada por organismos nacionales, como Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Red de Radios y Comunicadores del Sureste Mexicano, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, profesores de la Sección 22, así como observadores internacionales de Bélgica, Finlandia e Italia y reporteros de distintos medios de comunicación? tenía como finalidad entregar alimentos, víveres, ropa y cobijas al MASJC, ya que desde hace meses la población vive un aislamiento sistemático orquestado por la Ubisort y avalado por el gobierno del estado.

En la agresión, perdió la vida la compañera Alberta Cariño Trujillo, de la organización Cactus, así como Jyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia (…)

Repudiamos esta agresión y hacemos responsables al gobernador del estado Ulises Ruiz y a la dirección política de la Ubisort del paradero e integridad física de todos los integrantes de esta caravana pacífica que se encuentran desaparecidos [hasta el 29 de abril]. Exigimos que cesen las agresiones contra el municipio autónomo de San Juan Copala, sus autoridades y habitantes, se detenga y procese a los agresores y se respete el derecho de libre determinación de los pueblos.

Académicos condenan ataque paramilitar

Los académicos y académicas abajo firmantes hemos tenido conocimiento, a través de la prensa y de diversos informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil, que el pasado martes 27 de abril fue atacada, por un grupo armado, una caravana de paz conformada por organizaciones sociales y de derechos humanos, por periodistas y por observadores internacionales. Como resultado de dicha acción, se ha confirmado que perdieron la vida Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa. Además, varias personas resultaron heridas.

(…) Manifestamos nuestro mayor repudio frente a estos acontecimientos que son intolerables al interior de un estado de derecho. Asimismo, manifestamos nuestra máxima preocupación por el clima ascendente de violencia que predomina en la región, debido a la proliferación de grupos civiles armados, y exigimos que las autoridades responsables:

a) Garanticen la integridad plena a familiares, defensores de derechos humanos y sociedad civil que se encuentran en la zona para exigir el esclarecimiento de los hechos y el fin del cerco a San Juan Copala.

b) Realicen las investigaciones procedentes para sancionar a las personas responsables.

c) Reparen los derechos violentados de las víctimas de estos sucesos.

d) Adopten las medidas necesarias para acabar con la violencia en la zona, incluyendo el desarme de los grupos armados.

e) Abran los canales de diálogo necesarios para disminuir la tensión en la zona, respetando los derechos a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México.

Rodrigo Gutiérrez Rivas, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); José Luis Caballero Ochoa, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana; Daniel Vázquez Valencia, coordinador de la maestría en derechos humanos y democracia, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), México; Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Lorenzo Córdova Vianello, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Enrique González Ruiz, coordinador del Programa de Posgrado en Promoción de derechos humanos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Alejandro Anaya Muñoz, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); Ariadna Estévez López, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM; Luis Eduardo Zavala De Alba, profesor investigador titular del Proyecto de Investigación Derechos Humanos EGAP/CEM, Tecnológico de Monterrey; John M Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Rosa María Rubalcava, profesora de la Flacso-México; Juan Antonio Cruz Parcero, Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM; Loretta Ortíz Ahlf, profesora-investigadora de la Universidad Iberoamericana; Miguel Eraña Sánchez, profesor-investigador de la Universidad Iberoamericana; Miguel Rábago Dorbecker, profesor-investigador de la Universidad Iberoamericana; Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia-Morelos; Emilio Álvarez Icaza Longoria, profesor del Posgrado Facultad de Derecho de la UNAM; Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Agustín Pineda Ventura, profesor del Posgrado Facultad de Derecho de la UNAM; Gabriel Sosa Plata, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa; Beatriz Solís, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; María del Pilar Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Ricardo Méndez Silva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Jorge Alberto González Galván, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Manuel Becerra Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mylai Burgos Matamoros, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM; Academia de Derecho-UACM; Jorge Peláez Padilla, profesor de la Academia de Derecho-UACM; Liliana López López, profesora del Posgrado de Derecho de la UNAM; Pietro Ameglio, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Aleyda Hernández Cervantes, profesora del Posgrado de Derecho de la UNAM; Gabriela Rodríguez, profesora-investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Imer B Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; David Madrigal González, Programa de Estudios Antropológicos, Colegio de San Luis; Horacio Fajardo Santana, profesor-investigador del Colegio de San Luis; Adriana Berrueco García, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Edmundo del Pozo Martínez, Maestría en Derecho de la UNAM; Yacotzin Bravo Espinosa, Maestría en Derecho de la UNAM; Carlos Silva Forné, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Enrique Carpizo Aguilar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Aline Rivera Maldonado, doctora de la Universidad Olavide, Sevilla, España; Mario Vela Pallares, doctor de la Universidad Olavide, Sevilla, España; Gabriel Nagore Cárdenas, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Alfredo Sánchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Silvia Soriano Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe; Elisa Cruz Rueda, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas; Juan Carlos Martínez, profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Pacífico Sur; Adriana Terven Salinas, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro; Manuel Buenrostro Alba, profesor-investigador de la Universidad de Quintana Roo; Morna Macleod, investigadora huésped del CIESAS; Aída Hernández Castillo, profesora-investigadora del CIESAS-Distrito Federal; Teresa Sierra Camacho, profesora-investigadora del CIESAS-Distrito Federal; Luis Lorenzo Córdova Arellano, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM; Tonatiuh Hernández Correa, profesor de la Academia de Derecho de la UACM; Marité Hernández Correa, profesora de la Academia de Derecho de la UACM; Gabriela González Ortuño, maestrante de estudios latinoamericanos de la UNAM; Joel Marín, profesor de la Academia de Derecho de la UACM; Angela Hasyadeth Borja Chagoya, profesora de la Academia de Derecho de la UACM; María Griselda Gunther, doctoranda de estudios latinoamericanos de la UNAM; Dania López, maestrante de estudios latinoamericanos de la UNAM; Amaranta Cornejo Hernández, doctoranda de estudios Latinoamericanos de la UNAM; Gustavo Roberto Cruz, Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM; Kátsica Mayoral, posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, Yllich Escamilla Santiago, Posgrado Estudios Latinoamericanos de la UNAM; doctora Alma Rosa Alva de la Selva, profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Rebeca Munguía, profesora de la Universidad Iberoamericana

Poderes atacan periodismo independiente, señala

La agresión que sufrieron David Cilia y Érika Ramírez, fotógrafo y reportera de Contralínea, entre otras personas, el pasado 27 de abril en Oaxaca viene a sumarse a una larga cadena de ataques de sectores poderosos contra el periodismo independiente.

El 10 de abril fueron allanadas las oficinas de Contralínea por cuarta vez en lo que va del sexenio, agravio que se suma al acoso judicial de que han sido objeto Miguel Badillo, director de la revista, al igual que algunos reporteros y colaboradores, por haberse atrevido a denunciar casos escandalosos de corrupción en México.

En muchos países, hay gobiernos, empresas y grupos que, incapaces de combatir con razones las verdades que, en forma impresa y en la web, difunden medios críticos, recurren a la agresión directa, sea en el plano material o con argucias legales, para anular la libertad de expresión.

Blancos de esa represión han sido periodistas de Red Voltaire, como su fundador, Thierry Meyssan (quien tuvo que exiliarse en Líbano luego de haber denunciado vínculos de Sarkozy con la Agencia Central de Inteligencia); Jürgen Cain Külbel, en Alemania (encarcelado en 2008 debido a su labor periodística), y Herbert Mújica, en Perú (a quien desde hace años persigue judicialmente la empresa LAP, concesionaria del aeropuerto de Lima, por haber denunciado sus corruptelas).

Esa tendencia global busca que sólo tengan voz los grandes intereses económicos y sus testaferros.

Edgar González Ruiz

Reforzar periodismo de investigación, solicita

Un abrazo fraterno para ustedes ahora que Contralínea está bajo asedio. Y ahora más que nunca, es cuando se requiere reforzar al periodismo de investigación.

José Antonio Zapara Cabral

Condena emboscada paramilitar

Lamentable y condenable. Actos de esta naturaleza ponen al descubierto la verdadera naturaleza de los gobiernos priistas: autoritarios y represores, antidemocráticos, facistoides. Contundente prueba del frágil, por decir lo menos, estado de la “democracia” en la sociedad mexicana. Saludos solidarios.

“Ulises Ruiz, responsable del ataque en Copala”

Responsabilizo al asesino de Ulises Ruiz de cualquier agresión física y sicológica en contra de los compañeros Érika y David.

Alto a la represión. No podrán callar nuestras voces jamás.

Castigo para los responsables, exige

Me dio mucho gusto saber que los desaparecidos en la emboscada en San Juan Copala ya aparecieron; la verdad es que había pensado lo peor; sin embargo, el saberlos vivos me llena de esperanza.

Esperemos que la autoridad esclarezca los hechos y se castigue a quienes atentaron contra la vida de las víctimas de esta emboscada.

Acciones de esta naturaleza ponen en evidencia que, con tal de mantener el poder, recurren a esto y crean miedo e intimidan a quienes luchan por una comunidad mejor para sus habitantes.

“Acciones de rescate, demasiado lentas”, dice

Amigos, gracias a dios están bien de salud. El gobierno mexicano debe velar más por la seguridad en ese país: las acciones de rescate son demasiado lentas. Érika y David, espero que se encuentren bien de salud. Les envío un caluroso saludo desde Panamá. Siempre los recuerdo.

Se pregunta los motivos del ataque

¿Sería por el reportaje “Entregan oro y plata de México a trasnacionales” (de Érika Ramírez) el atentado contra la reportera que iba en la caravana de paz en Copala, Oaxaca?

Protesta enérgicamente por “abusos” de Ulises Ruiz

Me permito enviar estas líneas para protestar enérgicamente por los abusos de poder del cacique que ejerce el poder en el admirable estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. El hecho de que existan gobernadores como éste es producto de la terrible descomposición del sistema político mexicano, pero también de que ha sido exitosa la política de la burguesía tendiente a enajenar a la ciudadanía, despojarla de su conciencia de clase y de su capacidad de indignación. Lo que sucedió a nuestros compañeros periodistas Érika Ramírez y David Cilia nos puede suceder a todos los que nos atrevamos a cumplir nuestra responsabilidad profesional y social. Me solidarizo con ellos y espero que se restablezcan pronto del trauma que debe haberles ocasionado haber sido víctimas en una escena de horror orquestada por un grupo paramilitar al servicio del cacique. Un abrazo.

Guillermo Fabela Quiñones

Exigen investigación y castigo a culpables de emboscada armada

Los abajo firmantes, organizaciones no gubernamentales, colectivos y redes sociales, académicos y personas en lo individual hacemos pública, desde el estado de Chiapas, nuestra total indignación y preocupación por la artera agresión paramilitar perpetrada, el pasado 27 de abril, por parte de miembros de la Organización Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort)-Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la región Triqui de San Juan Copala, Oaxaca, en contra de la misión civil de observación de derechos humanos, integrada por defensores y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, así como por periodistas.

Dicha agresión, realizada a través de una cobarde emboscada armada que acribilló a los vehículos que integraban la caravana civil, desembocó en el asesinato de la entrañable compañera oaxaqueña Beatriz Alberta Cariño Trujillo, Bety –directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), coordinadora regional de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y fundadora de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano? y del compañero finlandés Jyri Jaakkola, resultando con lesiones por arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; los compañeros Mónica Citlali Santiago Ortiz, David Cilia y Noé Bautista, así como desaparecidos de forma temporal y bajo secuestro de otros compañeras y compañeros (entre ellos, Érika Ramírez y el propio David Cilia, reportera y fotógrafo de la revista Contralínea).

La misión de observación fue convocada y anunciada previamente de forma totalmente pública, y pretendía realizarse de manera pacífica, teniendo como objetivo recorrer la zona del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, para documentar las diversas violaciones a los más elementales derechos humanos –individuales y colectivos– ejercidas por parte de grupos armados de corte paramilitar, militantes de la citada Ubisort-PRI, en contra de sus hermanos indígenas que, desde hace más de un año, tomaron la decisión, en forma colectiva y mayoritaria, de hacer valer como indígenas su derecho a la libre autodeterminación, constituyéndose para ello en un municipio autónomo.

Esta pacífica y soberana decisión tomada por un buen número de comunidades y familias triques afectó sin duda intereses caciquiles regionales y estatales, vinculados directamente con el PRI y con el gobernador Ulises Ruiz y su administración, alentándose y solapándose entonces desde los más altos niveles oficiales la impune, ostentosa y cada vez más pública aparición en la zona Triqui de grupos armados de corte paramilitar, al parecer –y a decir de sus propias palabras? encabezados por Heriberto Pasos y Rufino Juárez.

Estos grupos armados paramilitares desde hace más de tres meses habían venido incrementando el clima de provocación, hostigamiento y agresión violenta en contra de las y los compañeros y familias integrantes del municipio autónomo (hechos denunciados en sus momento, sin que las autoridades estatales hayan realizado ningún tipo de acción para desarmar, desmovilizar y encarcelar a los agresores). Los últimos días, el nivel de agresión en contra de la población civil (hombres mujeres, niños y niñas) llegó al grado de que los paramilitares establecieron un verdadero estado de sitio alrededor del municipio autónomo, impidiendo el ingreso a la cabecera de maestros, personal médico, alimentos, incluso cortando el abastecimiento de agua potable y la energía eléctrica.

De ahí que otro de los objetivos de la misión era el de tratar de romper, de forma pacífica, el inhumano cerco armado, ejercido contra la población civil de San Juan Copala, llevando alimentos, medicinas, agua y cobijas, hecho que fue cobarde y arteramente impedido por los paramilitares a través de la citada emboscada.

Ante estos lamentables e indignantes hechos exigimos:

1. El desarme inmediato y la desarticulación total de todos los grupos armados de corte paramilitar, integrantes de la Ubisort-PRI, presentes en la región triqui de Oaxaca y que – a decir de ellos mismos? son encabezados por Heriberto Pasos y Rufino Juárez.

2. Rompimiento inmediato y total del inhumano cerco armado ejercido por los paramilitares en contra de la población civil del municipio autónomo de San Juan Copala, así como la garantía a dicha población civil, por parte del Estado mexicano, de su total integridad física sicológica y moral, restableciendo con ello un verdadero estado de derecho en la zona.

3. Otorgamiento por parte del Estado mexicano, de todas las garantías y medidas cautelares necesarias, para que periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos puedan desempeñar sus labores en la zona triqui.

4. Esclarecimiento total de los hechos a través de la realización de una investigación seria, profunda e imparcial, no sólo en relación con la agresión armada contra la misión civil y los arteros asesinatos de los compañeros Bety Cariño y Jyri Jaakkola, sino en relación también a la previa aparición y operación en la zona de grupos armados paramilitares, así como del conjunto de amenazas, hostigamiento y agresiones que estos grupos han venido ejerciendo reiteradamente en contra de la población civil.

5. Castigo con todo el rigor de la ley no sólo a los autores materiales de la emboscada y del asesinato –efectuado con premeditación, alevosía y ventaja? de los compañeros Bety Cariño y Jyri Jaakkola, sino también de los autores intelectuales de dichos actos, así como de los funcionarios públicos de todo nivel que han promovido y solapado la aparición y operación de los paramilitares.

6. Para el logro de lo anterior, exigimos que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República, y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los centros defensores de derechos humanos de Oaxaca y nacionales participen en la investigación en calidad de coadyuvantes.

Atentamente,

Colectivo 99.1, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas; Maderas del Pueblo del Sureste, AC; Grupo de Mujeres de San Cristóbal, AC; Colectivo La Puerta Negra, AC; Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante, A. C; Red de Defensores Comunitarios; Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, AC; Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, AC; Alianza Cívica Chiapas K’inal Antsetik, AC; Cooperativa Jolom Mayaetik; Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; Colectivo Rosa Luxemburgo-FNLS; Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, AC; Otros Mundos, AC; Red Nacional de Afectados por la Minería; Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos; Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas; Jubileo Sur-México; Ik Balam (Agencia de noticias ambientales y de derechos de los Pueblos); Movimiento de Resistencia Popular del Sureste; Frente Regional contra las Privatizaciones; Organización Campesina Emiliano Zapata; Coordinadora de Organizaciones Democráticas Independientes “Ricardo Flores Magón”; Colectivo Tsoblej de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas; Colectivo de Lucha Magisterial; Colectivo La Otra Historia, Los Otros saberes. Araceli Burguete Cal y Mayor, investigadora de Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Sureste; Xóchitl Leyva, investigadora CIESAS-Sureste; Martha Figueroa; Michel Chamberlain; Gustavo Castro Yolanda Castro; Miguel Ángel García A; Luis Alberto García A; Silvia Vázquez Díaz; Silvia Kajani García Vázquez; Alejandro Mosqueda Guadarrama; Guadalupe Cárdenas Zitle; Verónica Melgoza; Daniel Luna; Olivia Velázquez Torres; Héctor Javier Sánchez; Alfredo Rasgado Molina; David Lozano Sánchez; Lázaro Sánchez; Gabriela Soriano Segoviano; Carlos Perola

Red por la Paz Chiapas condena ataque armado contra caravana

Las organizaciones civiles, que integramos la Red por la Paz Chiapas, condenamos enérgicamente el ataque armado que sufrieron integrantes de la caravana humanitaria conformada por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales. La caravana se dirigía a la comunidad de San Juan Copala en la región triqui, cuando fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la región Triqui (Ubisort), organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalada como teniendo corte paramilitar. El saldo de la agresión fue de dos muertos, Beatriz Alberta Cariño Trujillo, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, AC (Cactus) y Jyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés, así como de varios heridos.

Esta agresión se dio en contra de una caravana humanitaria y pacífica de observación, refrendando el riesgo que corren las y los defensores de derechos humanos, así como los periodistas en México. Vemos con preocupación la situación de vulnerabilidad de las y los que trabajan a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos frente a la cada vez más recurrente violencia política, a la criminalización de su labor y a la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física.

De igual modo nos parece de particular gravedad que, frente a la muerte de Jyri Antero Jaakola durante la agresión, el gobierno del estado de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos.

El gobierno estatal se deslinda de toda responsabilidad en estos hechos de violencia. La impunidad en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado en la zona triqui han contribuido, mínimamente por omisión, a crear la situación de violencia en la región.

Finalmente, nos preocupa que, como se suele dar en Chiapas, la respuesta a este ataque se quede en una atención limitada a restablecer un mínimo de orden público sin afrontar las causas de fondo detrás de la violencia que ha prevalecido en la zona triqui.

Ante esta situación,* las organizaciones que integramos la Red por la

Paz Chiapas, exigimos:*

-Inmediata intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca y de la Procuraduría General de la República para que realicen una investigación imparcial, frenen la violencia en el lugar, se haga justicia y se castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos.

-Actuar de inmediato para atender de fondo la violencia que viven las comunidades triquis, poniendo especial énfasis en el respeto y garantías al proceso de diálogo interno.

-Que se investiguen y desmantelen los presuntos grupos paramilitares en la región.

-Asegurar condiciones que permitan el restablecimiento de la seguridad para toda la población sin distinción, situación que consideramos no se restablecería por la simple militarización de la zona.

-Buscar soluciones a las razones que dieron pie a la organización de esta caravana (falta de acceso a servicios básicos de parte de la población).

Atentamente,

Organizaciones integrantes de la Red por la Paz; Educación para la Paz; Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, AC; Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC; Servicio Internacional para la Paz; Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, AC; Enlace, Comunicación y Capacitación AC; Servicios y Asesoría para la Paz, AC; Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC; Centro de Derechos Indígenas, AC; Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC

Chiapas, México a 30 de abril de 2010

“Agresiones sin fin a periodistas”

Afortunadamente no asesinaron a David Cilia y Érika Ramírez. Él tiene dos impactos de bala, uno importante en una pierna; ella salió ilesa. Ambos junto con los activistas de derechos humanos, Noé Bautista y David Venegas, caminaron durante horas para alejarse de San Juan Copala ?lugar de la agresión? y enviaron un video en el que se mostraba que seguían vivos, algo importantísimo para que no los desaparecieran y luego mataran.

El asunto muestra tres enseñanzas, cuando menos: existen zonas en nuestro país controladas por grupos armados que no tienen relación con el narcotráfico, donde no hay ley, sólo la del más fuerte; las procuradurías en general no actúan para defender a las víctimas de los atropellos ni siquiera en situaciones límite y, como sabemos, la actividad periodística es de alto riesgo y sin protección oficial.

El par de reporteros de la revista Contralínea fueron rescatados gracias a que el director del semanario, Miguel Badillo, y el padre de Cilia, del mismo nombre, llegaron en un helicóptero y realizaron el trabajo que los judiciales no hicieron.

Las policías y la Procuraduría General de la República no movieron un dedo no sólo para proteger una caravana de paz, sino para entrar en un territorio dominado por el grupo priista Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, afín al gobierno de Ulises Ruiz. Éste en varias declaraciones únicamente lamentó los asesinatos de Beatriz Cariño y el finés Jyri Yakkola, aunque censuró que un extranjero se encontrara en Copala.

Sería inútil pedirle al gobierno federal que haga lo que le ordena la Constitución: posibilitar el ejercicio periodístico, las libertades de información y expresión y la defensa de los periodistas. La exigencia en 10 años no se ha tomado en cuenta. Es hora de organizarnos para lograr que no sigan en el poder caciques de la talla de Ulises Ruiz, Mario Marín y otros sujetos por el estilo.

Jorge Meléndez Preciado

[email protected]

Mensaje de agradecimiento (y petición al mundo) del padre de uno de los reporteros de la revista Contralínea que participaban en la caravana de paz atacada por paramilitares en Oaxaca, y quienes afortunadamente fueron rescatados con vida.

Estoy en Huajuapan de León, Oaxaca. Dentro de una hora o dos, saldremos hacia la ciudad de México. Tuvimos que pernoctar aquí, pues mi hijo (David Cilia) requirió de un cambio de gasas.

Quiero por tu conducto enviar (un agradecimiento) a todas las personas que se preocuparon y contribuyeron a la localización y rescate de David Cilia García y de Érika Ramírez. Si no hubiéramos actuado todos con intensidad, mi hijo estaría probablemente en una montaña impenetrable en riesgo de perder la vida. Quiero hacer un reconocimiento especial a Érika Ramírez, que pudiendo escapar, eligió continuar a lado de mi hijo hasta el final, al costo que fuera, y a los compañeros del Municipio Autónomo de San Juan Copala, quienes también arriesgaron su vida para ayudarnos a materializar el rescate de mi hijo.

Por el momento no tengo mi teléfono, durante la búsqueda en algún lugar de la montaña se quedó junto con mis lentes, pero a partir del lunes al medio día, tendré el mismo número. Mientras tanto, mi celular es 953 110 2690.

Desde el momento en que les envié el correo anterior a éste, el martes por la noche, luego de enterarme de los hechos, me puse en contacto con Carmen Cariño, cuya hermana estaba desaparecida al igual que mi hijo. Decidimos trasladarnos a la zona. Fueron 10 horas de angustia que vivimos juntos: ella, buscando a su hermana, y yo buscando a mi hijo. Esta circunstancia nos hermanó, por lo que la muerte de Alberta Cariño significa para mí la muerte de alguien entrañable.

Tal vez la verdad de estos acontecimientos nunca se difunda, pero existe la recuperación de mi hijo y de Érika Ramírez. No es el final feliz de un cuento de hadas. Tuve la oportunidad en la montaña de entrevistarme con las mujeres del Municipio Autónomo de San Juan Copala, que se encuentran en medio de montañas sitiadas por los paramilitares y no pueden salir de la zona, pues las asesinan; no pueden comunicarse, pues los paramilitares les han cortado la luz y todos los servicios, y no tienen ni siquiera qué comer o cómo atender a sus heridos. Ellos están viviendo todos los días, a cada segundo, el mismo drama que vivió mi hijo. Las mujeres del Municipio Autónomo de San Juan Copala, que en la montaña gritaron junto conmigo el nombre de mi hijo y de Érika, me pidieron que transmitiera este mensaje al mundo. Yo espero que ustedes puedan reenviar este mensaje a todos los lugares donde haya alguien que lo pueda escuchar. La operación fue exitosa, el final no es feliz.

Estoy muy orgulloso de mi hijo. Él ha vivido una situación extrema y actuó con acertividad, que es lo primero, y con el valor que se necesitaba. Estoy muy orgulloso de que el tenga compañeros de trabajo como los que tiene y especialmente estoy muy orgulloso de contar entre mis amigos a gentes como ustedes y gente como Miguel Badillo, mi camarada, mi hermano.

Gracias por su solidaridad.

Compruebo lo que dice Ariadne. Sólo se cumplen los sueños de los que sueñan.

David Cilia Olmos

Carta de la familia de Bety Cariño, asesinada en San Juan Copala

A todos ustedes, quienes con su calor, solidaridad, presencia, denuncias, nos dicen y dictan el camino que tenemos y que debemos seguir, a quienes han sufrido en su corazón el dolor de arrebatarles a un ser querido, queremos decirles que no existen palabras para poder expresar la rabia que sentimos, la imponencia, la angustia y la desesperación de no poder estar al lado de quien era la compañera, la madre de dos hijos, la dirigenta, la amiga, la hermana, el amor de nuestra vida, cuando el odio, la saña y la ira le arrebato la vida, por esta lucha que decidimos caminar durante 14 años, a todos ustedes y a nombre de mis hijos, gracias.

Nuevamente, como en 2006, el estado terrorista, asesino y represor de Ulises Ruiz busca demostrar su fuerza, imponer su política y demostrar su odio contra lo que no se le parece, no se subordina, no se doblega y además es incorruptible, porque nace desde abajo y lleno de vida, porque se construye con la fraternidad de quienes hemos decidido caminar hacia la construcción de un mundo diferente, un mundo más humano, donde florezca la tierra y los sueños que sembramos día a día. Bety o mejor dicho Beto, como su padre le decía o como verdaderamente se llamaba, Alberta Cariño Trujillo, ¡no ha muerto! Tu palabra crece en darle voz de los que no tenían y en ser hermana de las mujeres de Copala, de la mixteca, y del mundo, por tu ser de mujer, tu determinación de hermana y de esta lucha autonómica que es esencia de madre: resistir contra los odios, ira y desprecio de los paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), que dirigen Rufino Juárez y Antonio Cruz.

Destruirte es hoy más difícil; estás viva y ardiendo en los corazones de hombres y mujeres dignos; representas la voz de un nuevo camino que se llama esperanza para la paz verdadera del pueblo triqui, para el Municipio Autónomo de San Juan Copala. Aquellos que te nieguen y que juzguen tu camino son cómplices de los lacayos, mercenarios de una política de dar y recibir a cambio del dolor del pueblo triqui, de negociar dadivas para someter y explotar la condición de pobreza de la gente y quienes se sienten dueños de las vanguardias revolucionarias, así que espero que se guarden sus palabras retóricas y sin sentido.

El pararte enfrente cuando la vida está en peligro te hace ser humana, digna y respetable, aunque ellos digan que fue un “error táctico”, “una provocación cuestionable, equivocada”. ¿Acaso cuando la vida de la humanidad está en peligro, no es digno asumir los mismos riegos que tú asumiste? Defender la vida con tu propia vida es el ejemplo de la historia que juntos caminamos.

A todas y a todos quienes siguen pugnando por justicia, queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento. Es claro para nosotros quién es el responsable, con nombre y rostro, y quiénes son sus operadores, nuestros enemigos hoy se llaman Ulises Ruiz Ortiz, Evencio Martínez y los paramilitares de la Ubisort. ¿Dónde está el gobierno que pugna un cambio? ¿Dónde el respeto a la vida? Por esto hago un llamado a la Sección XXII, a las organizaciones sociales y democráticas que luchan y resisten a que sea determinante su papel, así como a toda la comunidad oaxaqueña para arrebatares el poder de todas las maneras posibles a la clase política y a este gobierno asesino.

¡Brech, como siempre te dije!, no dejaré de seguir en el compromiso de hacer algo por alguien todos los días de mi vida, como siempre lo discutimos y por lo que te comprometiste con todo lo que tu ser era. ¡No olvidaremos nunca! que dios nos dio la oportunidad de ayudar a quien lo necesite y de estar al lado de nuestros dos hijos Omar y de Ita, que son hoy hijos del movimiento que clama justicia. Toda la hermandad que vivimos es inmensa; tus hijos serán seguramente discípulos de tu lucha y del compromiso de indignarse ante las injusticias, de ofrendar la vida por los demás, porque es necesario, urgente, seguir adelante y sorprendernos por el dolor, la miseria y las injusticias que día a día se comenten; tomar posición por los más pobres es un obligación humana. A nombre de todos, te decimos que te amamos, te amaremos y estarás en nuestro corazón y en nuestra mente. En estos días donde a veces los pies tiemblan y el alma desfallece, tu ejemplo nos levanta para decir ¡¡¡Ya Basta!!!

Ya basta de callarnos, de agachar la cabeza y mirar que pasa todo menos el odio, la rabia y el coraje de no poder cambiar el destino falso que nos han obligado a vivir los políticos corruptos, los cuerpos policiacos, militares, parapoliciales y paramilitares, los dueños del dinero, la clase política putrefacta, que sólo con el diálogo de las armas se hacen escuchar. El pueblo puede cambiar su destino y construir sus propios caminos de autonomía y de autodeterminación, como siempre lo soñamos y lo compartimos en las redes, con La Otra Campaña, en la Red de Radios del Sureste Mexicano, en la AMAP, en la REMA, en la RMALC, en el movimiento indígena, con las organizaciones nacionales e internacionales, con la gente donde nos paramos y con todos nuestros hermanos y hermanas de lucha que resisten y buscan el mundo por el que tú decidiste ofrendar la vida, en la que te llevaste una parte de nosotros que seguimos aquí conmocionados, rabiosos, consternados.

Porque eres la flor y tu semilla es el fruto del camino digno a seguir, no te olvidaremos, Omar, Ita y yo, te decimos hasta la victoria.

¡Cárcel para Ulises Ruiz, Evencio Martínez, Rufino Juárez, Anastasio Juárez, Antonio Cruz y la Autoridad de La Sabana!

¡Muerte al mal gobierno represor y asesino de Ulises!

¡Rompamos el cerco en el que mantienen a San Juan Copala!

¡Ni con la muerte, ni con metrallas a Bety se le calla!

¡Tierra, Libertad o Muerte!

Con todo nuestro más grande amor,

Omarcito, Itandewi y Omar Esparza

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Comisión Civil Internacional de Observación se pronuncia por emboscada paramilitar

El martes 27 de abril a las 11 de la mañana, partió de la ciudad de Huajuapan de León una caravana formada por un centenar de personas miembros de diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos mexicanas e internacionales. Su objetivo era romper el cerco que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala en la zona triqui del estado de Oaxaca. Este municipio se encuentra cercado por un retén paramilitar armado desde el mes de enero por parte de la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobierna en el estado, y denunciada en repetidas ocasiones como paramilitar, responsable de numerosas agresiones y asesinatos en la zona. Este cerco impide la realización de clases, así como ha cortado el suministro de agua y la llegada de mercancías al municipio; tiene como objetivo impedir el libre autogobierno mediante el municipio autónomo declarado en la zona.

Formaban parte de la caravana la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, con el objetivo de hacer ingresar a los maestros al municipio para reiniciar las clases; el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad y diferentes organizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, así como observadores internacionales de derechos humanos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania, y también periodistas y miembros de la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano.

Alrededor de las 14:50 horas, en la zona de la Sabana, se encontraron con el retén paramilitar que les impidió el paso y dispararon contra la caravana. Dos personas murieron: Beatriz Alberta Cariño, miembro de la organización Cactus, y Jiry Antero Jaakkola, observador internacional originario finlandés. Resultó herida por arma de fuego Mónica Citlali Santiago Ortiz, que fue trasladada por una ambulancia de la Cruz Roja al hospital rural 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Santiago Juxtlahuaca. La ambulancia también fue baleada por los mismos paramilitares. Según los primeros testimonios, en la agresión participaron más de 15 personas armadas. Varias personas se escondieron para protegerse, sin que hasta el momento hayan aparecido, al tiempo que se tienen informaciones que señalan la existencia de más heridos.

La realización de la caravana fue anunciada públicamente por los organizadores, provocando la respuesta del líder de la organización Ubisort, Rufino Juárez Hernández, que anunció el lunes pasado que impedirían a toda costa el paso de ésta tal como hicieron hace poco tiempo con la visita de miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que no pudieron acceder a la zona.

La violencia en la zona triqui ha provocado en estos años un sinfín de asesinatos, nunca investigados ni sancionados, que ha permitido la acción de los grupos paramilitares con total impunidad. Este hecho tan grave es una muestra más de que esta violencia, dirigida contra las organizaciones opositoras, se hace con la connivencia del poder estatal, monopolizado por el PRI, impidiendo una solución dialogada a los conflictos.

La protección de la cual gozan grupos como Ubisort y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui permite al gobierno estatal deslindarse de toda responsabilidad en los hechos de violencia. De hecho, la ausencia total de justicia en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrados en la zona triqui han contribuido a crear una situación calificada de “incontrolable”, en donde se justifica de forma implícita el derecho de hacerse justicia por sí mismo, creando así un clima de terror en la región.

En el mes de octubre pasado, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) publicó un boletín de prensa bajo el título El sistema mexicano penaliza a las víctimas y protege a los responsables de violaciones a los DDHH, en el que afirmábamos: “Como ha constatado la propia CCIODH en sus dos visitas a la entidad: el objetivo de los órganos de poder era destruir un movimiento social legítimo y pacífico. Para ello se valió de detenciones selectivas de líderes sociales, secuestros y detenciones ilegales, manejo político como amenaza de órdenes de aprehensión muchas veces sin fundamento, exilio forzado por amenazas de muerte, detenciones masivas y encarcelamiento prolongado de cientos de personas que finalmente han sido exoneradas de cualquier delito, tortura, violaciones, dilación y desobediencia de los jueces del fuero común en la aplicación de los amparos emitidos por jueces federales, imputaciones falsas a miembros del movimiento para encubrir a funcionarios públicos … y decenas de homicidios de indiscutible carácter político que nunca han sido resueltos por la justicia estatal y federal…”.

Todo ello conforma un panorama muy grave en el que los conflictos sociales, lejos de afrontarse las causas que los generan, son tratados como meros asuntos de orden público mientras se criminaliza a los opositores, aplicándoles medidas represivas desmedidas y ejemplarizantes para el resto de la sociedad. Esta política hace crecer una espiral de violencia e impunidad que en vez de resolver los problemas no hace sino agravarlos. Desgraciadamente, este diagnóstico que describimos y comprobamos en los conflictos de Oaxaca, Chiapas y Atenco es hoy en día comparable a otras situaciones en el resto de la República.

La reciente agresión paramilitar confirma todo lo anterior y aumenta la exigencia de nuestro compromiso, como expresión de parte de la sociedad civil internacional, en la defensa y la vigilancia de los derechos humanos individuales y colectivos frente a estos abusos del poder contra las comunidades y las personas que luchan de forma legítima por mejores condiciones de vida y un mundo mejor para todos.

Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

Barcelona, España, a 28 de abril de 2010

Fuente: Contralínea 181 / 9 de mayo de 2010