En la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico –que ha costado casi 23 mil vidas y en la que participan 96 mil efectivos del Ejército–, únicamente se han dictado 735 sentencias firmes por delincuencia organizada; ahora se erradica y decomisa menos droga que en 2003, y sólo a 1 mil 359 detenidos por delitos contra la salud se les acredita su pertenencia a algún cártel. Con esta entrega, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan los resultados reales de esa supuesta “lucha frontal”

/ Primera parte

El panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa mantiene 96 mil militares en las calles con el argumento de que éstos combaten al narcotráfico y a los cárteles de la droga. Sin embargo, datos oficiales de los gobiernos de México y de Estados Unidos desmienten la “guerra” contra el tráfico de estupefacientes, que ha costado la vida a más de 22 mil 700 civiles.

Tan sólo en materia de impartición de justicia, el Consejo de la Judicatura Federal admite –en la respuesta a la solicitud de información 00044844, hecha por Contralínea– que sus juzgados de distrito han dictado sólo 735 sentencias de última instancia por el delito de delincuencia organizada, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.

La cifra contrasta con las 121 mil 199 personas detenidas –entre diciembre de 2006 y marzo de 2010– por presuntos vínculos con el crimen organizado, que el gobierno federal informó a legisladores mexicanos el pasado 12 de abril.

Las 735 sentencias firmes –que ya no se pueden apelar ante ninguna instancia judicial– apenas significan el 0.6 por ciento de las detenciones reportadas por la administración calderonista en un documento confidencial dado a conocer el pasado 14 de abril por la agencia de noticias EFE.

120 mil detenidos sin nexos con cárteles

La “guerra” contra el narcotráfico es en realidad una guerra social que busca propósitos no confesados, señala el politólogo y antropólogo Gilberto López y Rivas.

—Es un proceso de militarización y de criminalización de las luchas sociales en donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva. Como lo hizo en el pasado, a través de la Guerra Sucia con desapariciones forzadas, ahora (lo hace) con la impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.

Y es que mientras 22 mil 700 civiles han sido ejecutados, militares asesinan inocentes y comandos armados clandestinos se apoderan de pueblos enteros, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce que sólo 1 mil 359 detenidos por delitos contra la salud entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 tenían vínculos comprobables con algún cártel de la droga.

Los datos que la dependencia encabezada por Arturo Chávez Chávez proporcionó a Contralínea –a través de 13 solicitudes basadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– señalan que, de esa cifra, sólo 1 mil 194 miembros del crimen organizado fueron consignados ante las autoridades judiciales. Esto es que 165 ni siquiera fueron procesados judicialmente.

Los 1 mil 359 detenidos a quienes la Procuraduría afirma que sí les puede comprobar sus nexos con los cárteles del narcotráfico representan apenas el 1.12 por ciento de los 121 mil 199 detenidos por delincuencia organizada que reportó Calderón a los legisladores.

Esto podría implicar que 119 mil 840 detenidos eran narcomenudistas, consumidores, burros (personas pobres que son utilizadas para transportar pequeñas cantidades de droga a cambio de un pago), campesinos o incluso inocentes.

—La estrategia del presidente Calderón es una farsa mediática. Está implementada a través de un criterio de mercadotecnia que no pretende desmantelar grupos criminales –señala en entrevista Edgardo Buscaglia, experto en seguridad.

El también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México agrega que “el 98 por ciento de las detenciones por delincuencia organizada o asociación delictuosa se les cae (a las autoridades). No hay un efecto punitivo, y sin ese efecto de castigo obviamente la delincuencia organizada sigue encontrando en México un paraíso patrimonial”.

Con base en la experiencia internacional, Buscaglia sugiere cuatro medidas (“las cuatro ruedas”) para luchar “efectivamente” contra la mafia: desmantelamiento de las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial, combate a la corrupción política, prevención social del delito y que sea la inteligencia civil la que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga, con una dirección jurídica apropiada para que los procesos judiciales no se caigan.

De acuerdo con la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, entre diciembre de 2006 y enero de 2010 se consignaron 47 mil 21 averiguaciones previas por delitos contra la salud; 123, por delincuencia organizada, y sólo dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

El Consejo de la Judicatura Federal admite que sólo ha dictado 735 sentencias firmes por delinciencia organizada entre diciembre de 2006 y febrero de 2010

Caen erradicación y decomisos: EU

Al concluir su tercer año de “lucha frontal” contra el narcotráfico, Felipe Calderón entregó resultados negativos incluso en materia de erradicación de plantíos y decomisos de drogas. Ello, a pesar de que en esas labores se han involucrado 96 mil efectivos del Ejército e incluso, ahora, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exige un marco legal que les permita permanecer fuera de los cuarteles y realizar actividades civiles por más de una década.

México es considerado uno de los países “más importantes” en materia de origen y tránsito de drogas ilícitas. Se calcula que el 90 por ciento de toda la cocaína consumida en Estados Unidos transita por este territorio, señalan los International narcotics control strategy report 2008, 2009 y 2010.

El general brigadier en retiro Samuel Lara Villa explica a Contralínea que Estados Unidos no es ajeno al conflicto mexicano. “Las mafias narcotraficantes actúan solapadas por los máximos consumidores del planeta; eso lo demuestra la dotación de armamento, municiones, artefactos y equipo de campaña”.

El también presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC, señala que el actuar de Estados Unidos “responde a la táctica de guerra irregular. El conflicto es oportuno para presionar al presidente de facto (Felipe Calderón) a cumplir con los compromisos que adquirió por su instalación gracias al fraude electoral. Para la nación más poderosa del planeta, sería catastrófica la falta de estupefacientes destinados a su población consumidora”.

Los tres reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos consultados indican que “importantes cantidades” de heroína, metanfetaminas y marihuana son trasegadas a lo largo del territorio mexicano. Además, califican a México como “punto clave” para la “colocación del dinero producto del narcotráfico en el sistema financiero internacional”.

Pese a ello, ni la supuesta “guerra” ni los recursos que el gobierno de Barack Obama ha dado a la administración de Felipe Calderón (a través de la Iniciativa Mérida, también conocida como Plan México, y que ya asciende a 1 mil 300 millones de dólares) dan resultados.

El International narcotics control strategy report 2010 revela que, desde 2003, la erradicación de plantíos y el decomiso de drogas en este país, sobre todo en lo que corresponde a amapola, cocaína y marihuana, han caído de manera consecutiva.

“El gobierno de México informó que, hasta noviembre de 2009, se erradicaron 14 mil 135 hectáreas (ha) de cannabis, en comparación con las 18 mil 663 ha erradicadas en 2008”. Agrega que entre 2002 y 2006 el promedio de hectáreas erradicadas fue de 30 mil por año, época en la cual esas actividades recaían en la Procuraduría General de la República.

El Departamento de Estado advierte, en ese reporte, que “2009 representa el sexto año consecutivo de descenso. La erradicación de amapola también registró niveles por debajo de los históricos: hasta noviembre de 2009 se habían erradicado 11 mil 471 hectáreas, mientras que en 2008 sumaron 13 mil 189 ha”.

Respecto de los decomisos de droga, indica que “las incautaciones de marihuana estuvieron por debajo de los niveles históricos de los últimos años. En 2009, 1 mil 385 toneladas métricas de marihuana fueron incautadas, mientras que en los últimos cinco años el promedio fue de casi 2 mil toneladas métricas”.

El informe justifica que esta situación “puede atribuirse a un cambio en la aplicación de la ley mexicana, cuyo foco principal fue atacar drogas más duras, como la metanfetamina; asimismo, a que más recursos militares y policiales se desvían para enfrentar a las organizaciones delincuenciales y la violencia”.

Ésta no es la primera vez que las autoridades estadunidenses disculpan la ineficacia de la lucha antidrogas mexicana. El International narcotics control strategy report 2008 señalaba que en 2007 –primer año en el que el Ejército Mexicano asumió la responsabilidad exclusiva de la erradicación de cultivos ilícitos de marihuana y amapola– “la disminución en las tasas de erradicación se debió, al menos en parte, a la realineación de las responsabilidades en materia de erradicación aérea. La PGR cesó sus vuelos de erradicación en diciembre de 2006, y la tasa posterior de la erradicación aérea de los militares ha sido lenta”.

Lavado de dinero en auge

En materia de combate al blanqueo de capitales, la estrategia calderonista tampoco ofrece resultados. El International narcotics control strategy report 2010 afirma que “México sigue siendo un centro de lavado de dinero”.

Añade: “Se estima que los ingresos brutos anuales de las organizaciones delictivas oscila entre 15 mil millones y 30 mil millones de dólares por ventas de drogas ilícitas en Estados Unidos. La mayoría de estos ingresos que se obtienen en territorio estadunidense se repatrian principalmente a través de los envíos de divisas a granel y el lavado a través de negocios legítimos de México”.

Carlos Flores, profesor asociado en el Center for Development and The Environment, de la Universidad de Oslo, Noruega, explica en entrevista que la estrategia antidrogas mexicana sólo ha apostado por el despliegue masivo de elementos de seguridad federal (policías y militares), sin que se aprecie una adopción simultánea de otras acciones imprescindibles para lograr un resultado más contundente en el abatimiento de la delincuencia organizada.

—Se ha dejado de lado el desmantelamiento de la estructura de protección política, con la que todo grupo de esta naturaleza cuenta, no sólo en México, sino en todos los países donde estos fenómenos han estado presentes; y se ha hecho muy poco esfuerzo por investigar sistemáticamente los activos patrimoniales y financieros de este tipo de estructuras criminales.

El investigador agrega que, incluso, las acciones que muestran una mejor coordinación y eficiencia en su ejecución –como la urdida en contra de Arturo Beltrán Leyva, asesinado a manos de efectivos de la Marina– son tácticamente efectivas, pero estratégicamente insuficientes si no van acompañadas del desmantelamiento de la protección política y de los bienes económicos de la delincuencia.

Para el Departamento de Estado estadunidense, el flujo transfronterizo de dinero y de armas desde Estados Unidos a México ha permitido que los cárteles estén “bien armados y bien financiados para participar en actividades violentas”.

En su informe más reciente, señala que las organizaciones delictivas emplean tácticas militares avanzadas y utilizan armamento sofisticado como rifles de francotirador, granadas, lanzagranadas y morteros, incluso en los ataques contra personal de seguridad.

El general Samuel Lara critica que Estados Unidos haya demostrado de manera permanente su eficiencia anticomunista, antiterrorista y en contra de todo lo que contravenga sus intereses y su afán de dominio continental, pero que no demuestre esa misma eficiencia en el tema de las drogas ilegales.

Resulta increíble, señala el general, que sus fronteras sigan siendo penetradas impunemente por los cárteles y abiertas al tráfico de armamento, que no capturen a los narcotraficantes internos y que sólo se arrojen sobre los países productores.

“Es muy claro el manejo político que dan al asunto de la producción de enervantes para penetrar en las naciones al sur de su frontera. (El narcotráfico) es utilizado como un recurso tendiente a reafirmar su estrategia imperialista en Latinoamérica, justo cuando les preocupa el renacimiento del bolivarismo al sur del continente.”

En su más reciente informe sobre la lucha internacional antidrogas, el Departamento de Estado señala que México falla en la erradicación de plantíos de marihuana y amapola

Territorios sin control

Los cárteles desafiaron “abiertamente” al gobierno de México a través del conflicto y la intimidación y han luchado entre sí por controlar las rutas de distribución de drogas. Los resultados llevaron a la violencia sin precedentes y a un sentimiento general de inseguridad en algunas zonas del país, particularmente cerca de la frontera con Estados Unidos, afirma el reporte del Departamento de Estado.

Para Edgardo Buscaglia, la violencia en el país es uno de los síntomas que enfrentan los Estados fallidos. “Nosotros hemos contabilizado 982 pequeños bolsones territoriales de Estado fallido en México. Si no se toman las cuatro medidas que hemos recomendado, estos bolsones territoriales van a seguir multiplicándose y expandiéndose, con lo cual, eventualmente, México puede llegar a una situación como la que viven Afganistán o Pakistán”.

El experto en seguridad indica que “en zonas de Durango, por ejemplo en el Mezquital, Guanasevi y Ciénaga, hay una ausencia de autoridad total. Los grupos criminales son de facto la autoridad: extorsionan, cobran impuestos con un padrón fiscal a los dueños de negocios, de hoteles”.

Por ello, dice, “hay que tener cuidado y dejarnos de arrogancias, de shows mediáticos presidenciales y tomar las medidas que le hemos recomendado al señor presidente desde hace tres años y medio”.

Edgardo Buscaglia indica que todos los partidos políticos y el Congreso mismo son corresponsables de que no se tomen las cuatro medidas sugeridas. No obstante, aclara: “El presidente es el Poder Ejecutivo; por definición, debe ejecutar. Él y su administración son los responsables de que estas cuatro medidas se propongan y se comiencen a implementar”.

Concluye que la sociedad mexicana ya está contaminada de manera masiva por la enfermedad de la violencia y que este mal aumenta en espiral. Ese grave problema, indica, se debe resolver con medidas a largo plazo que rescaten los 982 bolsones territoriales que hoy son ocupados por los grupos fácticos criminales.

Para la elaboración de este trabajo y de la serie de reportajes sobre los resultados de la “guerra” contra el narcotráfico, Contralínea solicitó conocer la postura de la Presidencia de la República, a través de Nicolás Lohmann, secretario técnico; de la Secretaría de Gobernación, por medio de la subdirectora de Eventos; de la Sedena, con el general Ricardo Trevilla Trejo; y de la PGR, con Adriana Pérez, subdirectora de Información. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Los crímenes del Ejército deben ser juzgados: general

El general brigadier en retiro Samuel Lara Villa considera que “lo que Felipe Calderón llamó ‘guerra’ sólo fue un arranque de los que acostumbra valerse para ‘gobernar’”.

Indica que, en 2006, el ahora presidente “trataba de legitimar ante la opinión pública su gobierno alardeando del apoyo militar. El problema creció porque las fuerzas armadas, en cumplimiento incondicional a su doctrina de ‘lealtad a las instituciones’, se lanzaron de inmediato a la ‘guerra’ del mando supremo sin estudiar la situación con la profundidad que ameritaba”.

Agrega que “la ciudadanía pronto resintió los efectos de los retenes de control en las vías de comunicación, el patrullaje, los rondines y el empleo de las armas para responder a la capacidad de fuego y de maniobra de los malhechores. El resultado es la muerte de gente inocente, incluyendo niños y estudiantes. Está pendiente la explicación de la muerte de los alumnos del Tecnológico de Monterrey, porque el caso trae a la memoria el del hijo de la señora Rosario Ibarra de Piedra, desaparecido en condiciones semejantes, aunque no se trataba de narcotráfico”.

Lara Villa dice que el gobierno federal y el Ejército “tienen que hacer frente a la justa indignación de la sociedad ante crímenes que no serán capaces de explicar satisfactoriamente. Menos aún cuando la justicia es burlada por la protección que se ven obligados los altos mandos a proporcionar a la tropa, que debe cumplir las consignas de su puesto o tendría que responder ante la superioridad por falta de espíritu militar. La responsabilidad es de quien los mandó a esa ‘guerra’ sin respaldo legal. Tarde o temprano (ese responsable) tendrá que responder ante el tribunal que la historia le depare”. (NF)

Fuente: Contralínea 183 – 23 de mayo de 2010