Las drogas más lucrativas –cocaína y heroína– se producen en zonas pobres e inestables con “fenómenos de insurgencia”, corrupción, violencia e inestabilidad. En esa confrontación, “equivalente a una guerra civil”, miles de víctimas están en el desamparo, señala el Informe mundial sobre drogas 2010
Aunque las estadísticas globales de producción muestran una baja en las cuatro drogas ilegales más importantes: cannabis, heroína, cocaína y las sustancias tipo anfetamínicas, su tráfico aún es significativo. Anualmente transitan unas 200 toneladas métricas de cocaína entre México y Centroamérica, lo que significa unos 6 mil millones de dólares en ganancias para los cárteles regionales. La “ofensiva antidrogas” del gobierno mexicano desencadenó la violencia, aunque “parecería necesario pasar por una etapa así para desmantelar a la delincuencia organizada que ha comenzado a desafiar al Estado”, cita en su informe 2010 la Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
El apartado 3, “La influencia desestabilizadora del tráfico de drogas en países de tránsito: el caso de la cocaína”, describe que quienes controlan las porciones de la frontera mexicana por las que pasa la droga “han ganado en riqueza y poder comparable al que detentaron los cárteles colombianos en sus años más prósperos”. Estos grupos comandan una fuerza y arsenal suficiente para desafiar al Estado, además de que poseen fondos para sembrar ampliamente la corrupción en los más altos niveles.
En México, el comercio de cocaína está en manos de cárteles que compiten por el control de los cruces fronterizos y las rutas de transportación, lo que desató enfrentamientos entre rivales. El informe admite que la violencia en México es “formidable” en ciertas zonas y parecida a la que experimentó Colombia, aunque el gobierno mexicano dispone de “recursos más grandes”. Por ello, anticipa que la presión que se ejerce para imponer la ley tendrá un “efecto positivo” y desmantelará a los cárteles, “como se logró en Colombia”.
El arresto de casi 40 mil miembros de los cárteles, incluidos algunos de sus líderes en los últimos años, y la extradición de 107 de esos criminales hacia Estados Unidos “decapitó” a esas organizaciones. Según el estudio, esto atizó la violencia dentro y entre esos grupos. Sin embargo, en nada se refiere a que apenas a 735 personas se les sentenció por el delito de delincuencia organizada, como lo documentó Contralínea (edición 185).
El inciso 3.3 del documento correspondiente a los países de tránsito en Mesoamérica reconoce que en México se elevó el número de muertes. Aun así, considera que la tasa de homicidios (de 12 por cada 100 mil personas en 2008) permanece “relativamente baja y es casi la misma que a mediados de los años 1990”.
Tal como sostiene el gobierno federal mexicano, el informe de la UNODC reitera que la mayoría de las víctimas mortales de su política antidrogas es miembro de cárteles. Para la UNODC, las tasas de homicidio en México son “considerablemente inferiores” a las que se manifiestan en Centroamérica. Además, estima que los avances obtenidos en este país beneficiarán a los países del Sur, concretamente a los que pertenecen al llamado “Triángulo Norte”: Guatemala, Honduras y El Salvador.
Además, indica que el suministro de cocaína hacia Estados Unidos se redujo, con lo que se creó “una espiral a la baja de la que difícilmente podrán escapar” esas agrupaciones.
Los nuevos adversarios
La página 234 del Informe mundial sobre drogas 2010, de la UNODC, examina la situación de los países suramericanos por los que transita la cocaína. Ahí abundan señalamientos contra la República Bolivariana de Venezuela (RBV), el Estado Plurinacional de Bolivia y Ecuador, todos antagonistas de la política antidrogas de Estados Unidos.
Se describe que, ante las crecientes intercepciones de embarques y cambios en el mercado de la demanda, “aumentó la importancia de países como la RBV, Ecuador y Brasil”. Admite que en 2008 Venezuela tuvo el cuarto lugar mundial por el volumen anual de incautaciones de cocaína (34 toneladas métricas), incluso adelante de Perú y del Estado Plurinacional de Bolivia, aun así el informe advierte que la situación por el tráfico de drogas en ese país “parece deteriorarse”.
La fuente del informe es el “nuevo” Centro de Operación Marítimo de Análisis-Narcóticos (MAOC-N, por sus siglas en inglés), que indica que más de la mitad de todos los embarques interceptados en el Atlántico (67 incidentes entre 2006 y 2008) comenzó su viaje en la República Bolivariana de Venezuela.
El MAOC-N es una agencia de varios países de la Unión Europea que opera desde el 1 de abril de 2006 en Portugal. Su perímetro de acción va del Atlántico Occidental al Cabo de Buena Esperanza, en el Sur de África, y al Norte, en el Mar de Noruega. Por lo tanto, no es ni “nuevo” ni opera en la zona de tránsito de la cocaína de Suramérica.
De acuerdo con la UNODC, “todos” los embarques aéreos de cocaína clandestinos detectados en África Occidental “parecen” haberse originado en Venezuela, que también “parece ser la fuente” del flujo de cocaína hacia pistas aéreas clandestinas en Honduras. Afirma que ese país “parece experimentar un notorio retorno a la violencia criminal” por el marcado incremento de la tasa de asesinatos, aunque, señala, esa tendencia es difícil de rastrear porque el gobierno venezolano “detuvo la publicación de cifras criminales oficiales después de 2003”.
Para reemplazarlos, el Informe cita que, según el Observatorio Venezolano de Violencia de la Universidad Central de Venezuela, ahora hay ocho veces más asesinatos que hace dos décadas. Así, la República Bolivariana de Venezuela “parece” estar entre los países con más homicidios del mundo y los secuestros “parecen” haber crecido en las zonas fronterizas de ese país con Colombia.
Indica que Venezuela “ha tenido grupos insurgentes”, como el Frente de Liberación Bolivariano que es “muy similar” a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque afirma que estos grupos fueron “cooptados efectivamente por el gobierno”, asegura que se mantienen células armadas, algunas a lo largo de las fronteras que comparte con Colombia, Ecuador y Brasil.
Asimismo, advierte que el gobierno venezolano “ha comenzado a armar y apoyar milicias civiles (la Reserva Nacional)”, un movimiento que en otros países mostró que “puede alimentar al crimen organizado”.
Al concluir su revisión sobre la República Bolivariana de Venezuela, el Informe mundial sobre drogas 2010 pasa revista, sin transición, al caso de Ecuador. Explica que ha sido usado por mucho tiempo por los traficantes como un corredor marítimo secundario para la cocaína que se trafica a través del Pacífico. Y cita que el “Frente 48” de las FARC, situado en la frontera común, es un lugar importante para el tráfico de cocaína.
Desestabilización mundial
Naciones Unidas reconoce la relación entre la inestabilidad política y el crimen organizado, particularmente en el tráfico de drogas. Las drogas más lucrativas –cocaína y heroína– se producen en las zonas pobres e inestables en las que hay problemas de insurgencia; desde ahí comienzan su viaje a los países de consumo, que también son los más ricos del planeta. El valor de estos flujos y la concentración de la producción y el tráfico intensifican el efecto desestabilizador en los países de tránsito.
Cuando se ataca una zona de cultivo, tránsito o mercado, los delincuentes se desplazan a nuevos espacios, preferentemente los de menor resistencia y desde ahí el crimen organizado puede escalar hasta ser una amenaza para la inestabilidad. Se “ha sugerido”, cita la UNODC, que la cannabis financia movimientos rebeldes en regiones tan diversas como Sacamance (Senegal), Aceh (Indonesia) y el Sur de Nepal. También se conoce que las metanfetaminas financian a las milicias étnicas en Myanmar (antes Birmania).
En África Occidental (donde se ubican Nigeria, Costa de Marfil, Senegal, Congo y Ghana), existen problemas de gobernabilidad y ese tráfico parece estar controlado por figuras nacionales muy poderosas. La UNODC afirma que ahí las disputas por los mercados se solucionan desde los altos cargos del gobierno.
Afganistán y Myanmar (antigua Birmania), donde se cultiva la amapola de la que deriva la heroína, son ejemplos del vínculo entre el financiamiento ilícito de drogas hacia los “ejércitos rebeldes”. El informe explica que, en 2009, Afganistán produjo el 90 por ciento de la producción mundial de opio. El 99 por ciento de esa sustancia provino de siete provincias del Sur y el Occidente de ese país, precisamente donde la UNODC asegura que esos grupos rebeldes “son más fuertes”.
Esas fuerzas, alineadas con el Talibán, obtuvieron al menos 125 mil millones de dólares al año a través de los impuestos por cultivo, producción y tráfico. Esto significa, aproximadamente, el 7 por ciento del valor del comercio total en Afganistán. En contraste, otros países asiáticos que no tienen estos conflictos han eliminado la producción de heroína, como Turquía, la República Islámica de Irán, Pakistán, Tailandia, la República Democrática Popular de Laos, China y Líbano.
Para los traficantes, su territorio ideal es un Estado autoritario donde la autoridad está bajo su bolsa. Bajo esa circunstancia, hay poca violencia y el tráfico permanece completamente invisible a nivel nacional, sólo se expone cuando la evidencia internacional la sustenta.
En contraste, las democracias son más desafiantes pues requieren de violencia y corrupción para que los traficantes logren sus objetivos; esa violencia puede asumir varias formas. Los investigadores, fiscales y jueces que persiguen al crimen organizado son amenazados y asesinados; también los periodistas y activistas pueden ser su blanco.
En algunos casos, esa escalada violenta puede alimentar las demandas públicas para suspender las acciones de la ley. Sin embargo, los grupos más pequeños que resulten de la desintegración no tendrán la misma capacidad para desafiar al Estado “y la violencia declinará al final”. La desestabilización sólo es una amenaza real cuando la corrupción alcanza la cúpula del gobierno y quienes son responsables de detener el tráfico promueven abiertamente ese delito, concluye el documento que tuvo como base los cuestionarios que respondieron los gobiernos en 2008.
Ejército, ¡a las calles!
Según el informe 2010 de la Oficina de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y el Delito, los criminales organizados no buscan derrocar al Estado, sino seguir operando para obtener beneficios ilegales. El signo claro de que el crimen amenaza la seguridad nacional es la incorporación del Ejército a las labores de reestablecimiento del orden.
A veces es necesario que los Estados recuperen el territorio perdido frente a los grupos criminales y, en algunos países, el Ejército es más disciplinado y menos corrupto que la policía civil. En un mundo donde los conflictos internacionales son menos frecuentes, el uso de las fuerzas armadas para promover la estabilidad puede ser efectivo. Esa medida tendría el apoyo popular en países en los que la gente teme por su seguridad y están frustrados la apariencia de impunidad, aunque debe permanecer como una opción o el último recurso.
Usar al Ejército en poblaciones por largo tiempo presenta riesgos para la ley y las libertades civiles. También, los oficiales militares y policiacos pueden frustrarse ante un sistema de justicia criminal corrupto o ineficiente y comenzar a comprometerse en ejecuciones extrajudiciales. Por otra parte, la sociedad puede optar por formar grupos de “autoprotección” civiles que pueden atraer el reconocimiento y apoyo del Estado.
El capítulo que desapareció
El 30 de junio pasado, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonio Mazzitelli, presentaron el Informe mundial sobre drogas 2010. Tras las expresiones de mutuo reconocimiento y una breve sesión de preguntas y respuestas, se distribuyó un extracto traducido del citado informe que, al contrastarlo con las 313 páginas de la fuente original en inglés, se constató que no incluye un resumen del apartado 3 “La influencia desestabilizadora del tráfico de drogas en países de tránsito: el caso de la cocaína”. Este tema es el que precisamente tiene las consideraciones del organismo internacional sobre la situación mundial de las drogas y abunda en el caso mexicano.
Acciones y respuestas
La evaluación 2010 de la Oficina de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y el Delito no consigna que Venezuela fue sede de la XIX Cumbre Mundial Antidrogas de 77 países. Por primera vez, África fue invitada para analizar la tendencia actual del tráfico de sustancias ilegales. Ahí, el coronel Edilberto Molina, subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas, anunció la adquisición de 10 radares de detección temprana de vuelos ilícitos, por valor de 260 millones de dólares, para su estrategia preventiva.
A su vez, la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) difundió el 26 de marzo de este año que organismos como Naciones Unidas reconocían que Venezuela, pese a ser un país de tránsito y poseer una política antinarcóticos alejada de Estados Unidos, “en los últimos cuatro años ha figurado como el tercer país entre los que presentan tasas más altas de incautación de drogas en el mundo, y el segundo en Suramérica”.
Ahí se denunció el fracaso del “Plan Colombia” y la instalación de siete nuevas bases militares estadunidenses bajo esa estrategia, supuestamente, para combatir la producción y flujo de coca. Hasta ahora, apuntó la ABN, el único resultado de ese Plan ha sido el “incremento de la producción de estupefacientes ilegales en la nación suramericana”.
Entretanto, el 23 de junio el Estado Plurinacional de Bolivia lanzó su nueva estrategia antidrogas. Un año antes, suspendió su colaboración con la agencia antidrogas estadunidense a la que acusó de conspiración. La nueva estrategia rompe el “círculo vicioso de la dependencia y la delincuencia” y privilegia la “prevención y la reinserción social”, aseguró el viceministro de Defensa.
El 28 de junio, cinco días después de ese anuncio, Rafael Cervantes, embajador de México en Bolivia, inauguró la tercera reunión del Comité Boliviano-Mexicano de cooperación para ajustar estrategias en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la farmacodependencia.
Valor y nuevas rutas
Entre los hallazgos de la investigación de la Oficina de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y el Delito, destaca que la superficie total que se dedica al cultivo de la amapola (conocida también como adormidera) se redujo a 181 mil 400 hectáreas en 2009. Es decir, descendió en 23 por ciento desde 2007.
También refiere que tal reducción trajo la disminución en la producción mundial de opio de 8 mil 890 toneladas métricas en 2007 a 7 mil 754 toneladas métricas en 2009. De igual manera, la producción potencial de heroína se redujo de 757 toneladas métricas en 2007 a 657 toneladas métricas en 2009.
En cuanto a la hoja de coca, la superficie total que se dedica a ese cultivo se redujo a 158 mil hectáreas en 2009, es decir, 28 por ciento comparado con 2008. También, la producción estimada de cocaína a nivel mundial disminuyó de 1 mil 24 toneladas métricas que se producían en 2007 a 865 toneladas métricas en 2008 (equivalente a 16 por ciento menos). La producción mundial de hoja fresca de coca se redujo en 4 por ciento durante 2009.
Antes casi toda la cocaína producida en la región andina se consumía en Estados Unidos; pero en la última década esto ya cambió. Ahora la cocaína fluye hacia tres principales mercados: Estados Unidos (responsable de casi el 40 por ciento del consumo mundial en 2008), Europa (con el 25 por ciento) y el Cono Sur de América (entre 10 y 20 por ciento).
Las rutas de tráfico son muy dinámicas. Con mayor frecuencia, se suman más países de tránsito, como la República Bolivariana de Venezuela y Ecuador. Entre 1970 y 1980, el Caribe era el principal paso de las drogas suramericanas hacia Estados Unidos; ahora, es Centroamérica. También cambió el flujo hacia Europa, recientemente se incluyó a África Occidental como un paso.
