/Primera parte
La Convención Nacional por los Derechos a la Salud, Pensiones y Jubilaciones, Seguridad Social, Trabajo y demás Derechos Sociales, que se llevó a cabo hace unos días en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), representa un parteaguas histórico en la lucha que están emprendiendo miles y miles de jubilados y pensionados del país ante el inminente riesgo de perder los ahorros de toda una vida que debían garantizarles una vejez digna.
Es de vital importancia saber que está surgiendo un gran frente nacional que empezará a exigir al Estado poner en la mesa de los grandes problemas nacionales el tema del incierto futuro que espera a millones de mexicanos de la tercera edad, debido en gran medida al manejo irresponsable que los tecnócratas neoliberales han hecho de sus fondos para el retiro, que lo mismo han servido para financiar el creciente déficit presupuestal del gobierno federal que las “deudas corporativas” de las grandes empresas del país.
Los mismos organismos internacionales están advirtiendo del riesgo que implica la bomba de tiempo en que se ha convertido el pago de pensiones a las finanzas públicas, sobre todo porque al ceder el manejo de los ahorros de millones de trabajadores tanto del apartado “A” como ahora del “B”, el Estado otorga a los bancos la libertad de transformar su antes sentido social al de un carácter privado de riesgo mediante cuentas individuales.
Esta imprudente cesión de los millonarios recursos para las pensiones tiene postrado, y en un callejón sin salida, al Estado mexicano, que como ya es costumbre, busca indexar a la pobreza de la clase trabajadora ahora más miseria. Lo analizado por organizaciones de jubilados y pensionados del país en la pasada Convención Nacional, que en una primera etapa representaron directamente a más de 200 mil personas, dejó en claro que la situación a que se ha llegado es producto también del dócil acatamiento de los gobiernos neoliberales a los lineamientos impuestos por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en fecha reciente, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No se ha actuado, en este sentido, en la defensa de los intereses de la clase trabajadora, sino en función de acrecentar las ganancias de la banca privada. En el mediano plazo los costos sociales pueden ser muy altos.
Los directamente afectados piden, con la ley y la razón en la mano, que no únicamente los funcionarios de primer nivel, sino también los legisladores federales, expliquen a la nación entera quiénes son los directamente responsables de poner en riesgo el derecho a un retiro tranquilo y honorable, pues resulta inaceptable que además de cobrar altas comisiones por el manejo de cuentas, los bancos jueguen en un volado el dinero, y la vida misma de millones de trabajadores.
Las reformas impuestas por los gobiernos neoliberales a los sistemas de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ahora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han implicado demagógicos discursos en el sentido de que son necesarias para mejorar la atención médica y garantizar pensiones decorosas. De hecho, desde hace 20 años que iniciaron su operación las administradoras de fondos para el retiro (Afore) los resultados no fueron los esperados, y la atención en los nosocomios tanto del IMSS como del ISSSTE raya en un encubierto genocidio.
Tanto en las consultas externas como en urgencias, el servicio está saturado; las camas de los hospitales no son suficientes para atender a una población que empeora día a día en el nivel de su salud, pese a ser un derecho constitucional, sobre todo porque además de no obtener los medicamentos suficientes y de calidad, los exámenes y estudios tardan incluso meses en realizarse, sin mencionar el tiempo de espera para acceder a una operación.
Ejemplo de la mortal ineficiencia es el creciente número de mujeres que año con año mueren a consecuencia de cáncer cervicouterino o de mama; de forma perversa, el gobierno satura los medios de comunicación con campañas de prevención y atención temprana de estas modalidades de cáncer, pero sucede que cuando una mujer es dictaminada con el mal, el tiempo para iniciar su atención y tratamiento es muy tardado, lo que contribuye a que su problema de salud se agudice rápidamente.
Resulta ilógico que una persona deba esperar hasta 5 meses o más en acceder a sus análisis y estudios de laboratorio. Se dan casos en los que cuando una paciente empieza a ser atendida es porque ya presenta un cuadro de metástasis. Todo esto a consecuencia del gradual desmantelamiento que experimenta el sistema de salud del país desde hace más de 1 década, y que, junto con el desmembramiento del sistema de pensiones, han terminado por deteriorar la calidad en el servicio, poniendo en riesgo la vida misma de los derechohabientes.
Es necesario que quienes deberán enfrentar su vejez en condiciones de auténtica supervivencia, se enteren del porqué ante la premura de las urgencias financieras del Estado se han esfumado sus fondos para el ahorro, y con estos su patrimonio labrado en años de trabajo. El tamaño del conflicto social que se avecina es de proporciones mayúsculas si se considera que actualmente hay, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 52 millones de cuentas individuales, por lo que se estima que en la próxima década muchos de estos trabajadores se sumarán a la población de la tercera edad y se darán cuenta que sencillamente fueron esquilmados por las Afores, con el consentimiento de las propias autoridades.
Es innegable que los fondos de las pensiones para la jubilación de los trabajadores financian hoy en día 4 de cada 10 pesos de la deuda que los principales corporativos del país tienen colocada en el mercado bursátil; es decir, que hasta el primer trimestre de 2015 las Afore tenían como cartera de inversión en “deuda corporativa” unos 386 mil 200 millones de pesos, sin tomarse la molestia de preguntar a los trabajadores sobre su anuencia o no de financiar con sus ahorros a sus patrones.
De acuerdo con estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el adeudo global en pensiones que presenta el gobierno mexicano asciende a la estratosférica suma de 9 billones 167 mil 903 millones de pesos, lo que equivale al 69 por ciento del producto interno bruto. Y el escenario se torna más dramático para las quebradas finanzas públicas si se considera que el gobierno le debe a las Afores, o mejor dicho, al ahorro de los trabajadores, 1 billón 300 mil millones de pesos.
Es por ello que el panorama en este rubro es realmente preocupante, por lo que los acuerdos alcanzados en la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados deberán ser la punta de lanza para iniciar un gran movimiento nacional que llame a cuentas a los directamente responsables de haber esfumado estos billonarios recursos, hurtados aparentemente de manera legal, a millones de trabajadores cuya vejez digna y tranquila está en riesgo.
Martín Esparza Flores*/Primera parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]
Contralínea 466 / del 07 al 13 de Diciembre 2015
