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Enfrenta espionaje a televisoras

Nancy Flores / Manuel Pineda

Resumen
   
 
 
 

Lo que en una primera impresión parecía una operación de espionaje político,

se ha complicado a partir de que dos empresarios aparecieron en las listas de las víctimas del espionaje telefónico, encontradas por la PGR en la casa en donde desmanteló a principios de febrero un operativo de intervenciones telefónicas que incluso alcanzó a la casa presidencial (Contralínea 24).

Los nombres de Javier Moreno Valle, Alberto Isaac Saba y el abogado Javier Quijano Baz, todos ellos relacionados directamente con la empresa de televisión CNI Canal 40, le han dado un matiz inesperado a las investigaciones y, asegura Moreno Valle, todo apunta a un espionaje de televisoras.

A dos meses de que la Procuraduría General de la República (PGR) desmanteló una casa de seguridad desde donde se intervinieron teléfonos de la Presidencia y algunas secretarías de Estado (Contralínea 24), las preguntas de quiénes y por qué han quedado en el aire.

Lo que en las primeras investigaciones judiciales parecía una operación de espionaje político, se ha complicado a partir de que dos connotados empresarios, vinculados entre sí, aparecieran en la lista de víctimas del espionaje telefónico encontradas por la PGR en la casa ubicada en el número 22 de la calle Florencio Miranda, delegación Miguel Hidalgo.
Los nombres de Javier Moreno Valle, Alberto Isaac Saba y el abogado Javier Quijano Baz, todos ellos relacionados directamente con la empresa de televisión CNI-Canal 40, le han dado un matiz inesperado a las investigaciones.

Hasta el momento las indagaciones en la PGR se mantienen reservadas, y los detalles en torno a las líneas de investigación son confidenciales. En la Procuraduría son parcos y sólo reconocen que hay una investigación abierta por intervención telefónica.

No obstante que el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, dice que “la PGR cuenta con líneas de investigación sólidas”, reconoce que “hay elementos de la investigación muy complejos”.

Ajeno a las pesquisas de la PGR, Javier Moreno Valle, propietario de la Televisora del Valle de México, tiene su propia hipótesis: “no hay que echarle mucho cerebro para averiguar… son los del sur”.

La disputa

Javier Moreno Valle mantiene desde hace más de dos años una disputa judicial con su ex socio Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, de donde se ha derivado una rivalidad entre ambos empresarios que, por momentos, da la impresión de que rebasa el ámbito comercial.

Los motivos del pleito entre estos empresarios data de una negociación frustrada en la que Ricardo Salinas Pliego posee acciones de CNI Canal 40 y el canal se nutriría de la programación de TV Azteca.

Al final, el empresario Moreno Valle decidió unilateralmente dar por terminado el acuerdo y rompió el trato con Salinas Pliego; éste, a su vez, reclamó 80 millones de dólares como pago para entregar sus acciones, pero solo le ofertaron 40 millones y el litigio ya alcanzó tribunales internacionales sin que hasta la fecha haya una solución.

Desde entonces la guerra de televisoras ha sido cruenta y los empresarios no han dado tregua. Lo último que se recuerda fue la toma violenta de la torre de transmisión de canal 40 por personal de TV Azteca, en diciembre de 2002.

Desde el inicio de la disputa, Moreno Valle asegura que ha sido espiado por Salinas Pliego, lo que ha despertado en él un estado de alerta que mitiga la sorpresa de saberse víctima de intervenciones telefónicas: “no me sorprende, es algo de lo que he estado consciente, porque ellos han sido tan obvios, que una serie de cosas que yo he comentado por teléfono al día siguiente o a los tres días, por esa misma información, toman algunas acciones”.

Sin mencionarlo por su nombre, Moreno Valle acusa a su ex socio de ser el autor intelectual del espionaje al que fue sometido, no sin antes matizar su denuncia: “no tengo los elementos, lo que sí tengo es la certeza de que lo estaban haciendo, por lo menos, desde hace dos años y medio”.

Javier Moreno Valle asegura que desde julio de 2000, “empezaron a ponerse las cosas un poco más duras. Desde entonces tengo la precaución de que aquí, cuando hay algún automóvil afuera de mi oficina con alguna persona adentro, vayan a ver si no traen algún aparato de escucha remota”, expresa.

La hipótesis de Moreno Valle sobre la autoría intelectual en las intervenciones telefónicas de las que fue objeto, obedecen a una lógica que tiene como premisa el saber que por lo menos dos personas más relacionadas con su televisora fueron también víctimas del espionaje telefónico.

Javier Quijano Baz, el abogado que defendió en la causa judicial a CNI de su contrincante TV Azteca y que ahora como víctima del espionaje telefónico se ha convertido también en coadyuvante de la PGR en esta investigación, asegura que este hecho hace pensar en que por lo menos el motivo del espionaje obedece al litigio que enfrentó a Moreno Valle con Ricardo Salinas Pliego.

“Esto me hace pensar que la intervención de los teléfonos tiene relación directa con este litigio; no puedo concluir que se trate de una intervención privada de la parte contraria (TV Azteca), pero sí que tenga que ver con este juicio; puede ser una intervención directamente de las autoridades o de alguien interesado en el litigio.”

Pero advierte que la intervención de las líneas telefónicas de la Presidencia de la República y algunas secretarías de Estado distorsiona la hipótesis de que el interés se centre únicamente en el conflicto legal entre las televisoras.

“Parece que uno de los teléfonos corresponde a una de las oficinas de la Secretaría de Gobernación en las instalaciones de Molino del Rey, que está en la zona de Los Pinos. A mí se me hace muy cuestionable pensar que un particular pueda llegar a intervenir esas líneas, pero estamos ante una incógnita, ante un hecho realmente grave en nuestro país”, asegura Quijano.

Por la magnitud del hecho, Quijano Baz sostiene que la intervención telefónica es responsabilidad de alguna dependencia como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ya que hay otras 50 líneas intervenidas. “Puede ser el Cisen, puede ser alguna otra oficina de Gobernación o puede ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; son las que me parece pudieran tener alguna injerencia en el tema; o bien particulares. Pero al haber una larga lista de teléfonos pienso que es una intervención oficial.

“Cuando comparecí ante la PGR me erigí en coadyuvante del Ministerio Público y en denunciante, por eso tuve acceso al expediente y, efectivamente, están otras líneas intervenidas, lo que nos hace pensar que no se trata específicamente de la intervención de nuestras líneas por el litigio, sino de otros intereses, además de los que se debaten en este juicio, por eso creo que puedan ser intervenciones provenientes de alguna autoridad”, dice Javier Quijano.

El litigante se duele de que las intervenciones telefónicas de que fue objeto violaron además de su privacidad su derecho al secreto profesional. “Esto es algo grave, el que se intervengan teléfonos de personas es violar la privacidad y la intimidad, pero el que se intervengan teléfonos de abogados viola además el derecho al secreto profesional que tienen no sólo los abogados, o más que los abogados, los clientes”.

El vínculo de los particulares que han sido víctimas de este espionaje telefónico con el conflicto legal que enfrentan las televisoras CNI Canal 40 y TV Azteca, es el elemento que añade mayor complejidad a la investigación sobre la identidad y los propósitos de quienes también intervinieron la residencia oficial de Los Pinos.

Alberto Isaac Saba fue el otro empresario que padeció el espionaje telefónico y que tiene vínculo con Javier Moreno Valle, después de que intentó comprar las acciones de CNI que posee Ricardo Salinas Pliego. “La verdad no sé cómo interpretar esto, es una sorpresa, yo no sabía, pero espero que las autoridades investiguen a las personas que hicieron el espionaje, sobre todo para saber cuál era su propósito”, dice el empresario.

“Estos actos se deben acabar definitivamente; no puede ser que sigamos viendo este tipo de acosos. No estoy de acuerdo, y creo que se debe poner toda la mano de la ley a la gente que haga este tipo de cosas”, reprocha Isaac Saba al enterarse de que el número intervenido era el de su casa particular.

La investigación

Las investigaciones que lleva a cabo la PGR en torno al expediente del espionaje telefónico, mantienen a la expectativa a las autoridades. “Mientras no se demuestre que es delincuencia organizada, tenemos el problema de que no es delito grave”, dice el procurador Rafael Macedo de la Concha.

Asegura que el espionaje telefónico que motivó las investigaciones es una “práctica común” en México; la diferencia, dice, “es que ahora realmente se busca acabar con estas prácticas que han lastimado tanto a las instituciones”.

El hecho de que no sea un delito grave la intervención telefónica, motivó que el único detenido el 2 de febrero pasado por este delito, durante el operativo de desmantelamiento de la casa de seguridad, Víctor Manuel Bernabé Castillo, fuera dejado en libertad bajo caución. De acuerdo con el expediente de la PGR, Bernabé Castillo aceptó que su trabajo era cambiar los casetes donde se registraba el desvío de las llamadas telefónicas.

El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, está convencido que Bernabé Castillo es sólo un miembro de menor rango que obedeció órdenes específicas.

“Como producto de los avances de esa investigación, se decidió ponerlo en libertad bajo caución. Si lo hubiéramos consignado hubiera sido por un delito no grave, y de cualquier manera hubiera obtenido su libertad. Nosotros llevamos un trabajo profundo y muy intenso, y se pensó que era más conveniente conforme al ejercicio de un derecho, dejarlo en libertad”, explica Gilberto Higuera.

Higuera se reservó aportar más detalles de la investigación. “Es un tema que se está trabajando técnicamente con peritos en la materia; yo quisiera reservarme hasta que tengamos la certeza de todo lo que ha venido ocurriendo sobre este asunto, porque son una buena cantidad de casos, de búsquedas, de información en llamadas telefónicas y, naturalmente, todo eso se tiene que probar técnicamente”.

En cuanto a los propósitos, Higuera Bernal manifiesta que “se deben tener pruebas y dictámenes técnicos que nos digan realmente a qué iba enfocado, qué se buscaba, que línea en particular; porque en este tema podemos encontrar más que líneas o más que oficinas, personas, y tenemos que ser cuidadosos en esa parte”.

Pero para Javier Moreno Valle no basta la contundencia de las declaraciones del procurador general de la República en el sentido de que se va a investigar a fondo. “No tengo confianza en que una vez que encuentren quién es el autor intelectual hagan algo; además, no creo que llegado el caso en el que la Procuraduría tenga la información, nos la haga saber”.

Y es que Moreno Valle tiene claro, desde su lógica, quien fue el autor intelectual: “No hay que echarle mucho cerebro… son los del sur”.

 
 
 

 


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