Aprobada por el senado, la Ley de Seguridad Nacional no contempla los servicios de inteligencia militar. Los expertos cuidan su alcance
Después de un intenso cabildeo en diversas instituciones, y de reformas constitucionales, el pasado 15 de abril fue aprobada con 69 votos a favor y 12 en contra por el Senado de la República, la Ley de Seguridad Nacional, presentada el pasado mes de octubre por los senadores priístas Enrique Jackson y Antonio García Torres.
Mientras que para García Torres, esta Ley “es muy completa porque da participación a los tres poderes del Estado mexicano”, para algunos especialistas consultados se queda “corta” en sus alcances porque fue “hecha al vapor”, aprovechando un momento coyuntural.
Para Javier Oliva, asesor del Colegio de la Defensa Nacional, aunque esta es una Ley pionera en esta materia, sólo contempla uno de los aspectos de la seguridad nacional que son los organismos de inteligencia civil y deja afuera a la inteligencia militar, aunque, dice, “es explicable porque de lo que se trata es de reglamentar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)”.
“Me parece y espero no sea el caso, esta Ley está desarrollada bajo el contexto de las revelaciones al interior de los partidos políticos, pero si este no es el caso, entonces sí hay faltantes, porque no sólo la seguridad nacional tiene que ver con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), o con el espionaje, sino con un espectro mucho más amplio como de la inteligencia militar que en ningún momento toca la Ley, y que necesariamente requiere de mayor precisión”, dice Oliva.
El especialista considera que dejar fuera de la Ley la inteligencia militar tiene su lógica, ya que para hacer cambios a estos organismos, se necesita profundizar en una de las instituciones más cerradas del país como es el Ejército, y cambiar la forma como ha venido funcionando.
“Los legisladores no quieren meterse en problemas, porque les conviene que la inteligencia militar siga funcionando como hasta ahora; es lo que les ha convenido a los gobiernos por muchos años y por eso es que no fue contemplado este tema en la Ley”, dice el investigador.
Oliva considera que otra de las deficiencias que tiene la Ley, es que las definiciones sobre el concepto de seguridad nacional son muy ambiguas, lo que provoca que sea muy difícil hacer una agenda anual de riesgos congruente y especializada en los temas que verdaderamente son de seguridad nacional.
“Las definiciones son un tanto ambiguas, pero están contempladas con la intención de que el Estado, debido a la diversidad de desafíos que puede encontrar, le permitan actuar con cierta laxitud dependiendo de los fenómenos que tenga enfrente. Entonces, en un constante cambio de amenazas el Estado necesita el instrumento legal que le permita flexibilidad para actuar”.
El también asesor de seguridad nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), considera que la Ley tiene que pasar por un proceso de revisión exhaustivo por parte de la Cámara de Diputados para que de ser necesario se devuelva Senado de la República, “para hacerle los cambios que se consideren necesarios, a través de la opinión de otros sectores de la sociedad, la Ley es un buen intento pero aun falta pulirle algunos aspectos”.
El Congreso
Uno de los avances que se reconocen de la nueva Ley es que contempla en su artículo 56 que “las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de la Cámara de Senadores”. En este sentido se designará una Comisión encargada del control y la evaluación de los organismos encargados de la seguridad nacional.
Entre las atribuciones que tendrá esta nueva Comisión del Senado, se encuentran “solicitar informes concretos al Cisen, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades; conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y emitir opinión al respecto; opinar sobre el proyecto de presupuesto de los programas de Seguridad Nacional; solicitar copia de los reportes de actividades que envíe el Director General del Centro al Secretario de Gobernación; y requerir al Centro y a las instancias correspondientes los resultados de las revisiones, auditorias y procedimientos que se practiquen a dicha institución, entre otros”.
Para el senador García Torres, esta iniciativa, de ser aprobada por la Cámara de Diputados, aportará un conjunto de reformas que culminarán con una nueva normatividad que le hacía falta al país.
Javier Oliva considera, sin embargo, que la nueva Ley, además de dejar fuera temas importantes, deja ver la visión tan “estrecha” que tienen los legisladores, al no considerar a la Secretaría de Relaciones Exteriores como miembro permanente del gabinete de seguridad nacional.
“Es importante mencionar que no obstante que la seguridad nacional implica asuntos de política internacional, no está contemplada la Secretaría de Relaciones Exteriores como integrante permanente, y sólo será convocada cuando el tema le incumba. Es evidente que los temas de seguridad nacional pasan por el ámbito de las relaciones exteriores; me parece un tanto inconexo que saliendo del Senado la Ley de Seguridad Nacional no se contemple en el gabinete a esta secretaría”.
Según la ley, el gabinete estará conformado por el titular del Ejecutivo Federal, los secretarios de Gobernación; Defensa Nacional; Marina; Seguridad Pública; el procurador General de la República y el director general del Cisen.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), votó en contra de la Ley al considerar que faltó discutir asuntos relacionados con la seguridad pública y desarrollo social.
Al respecto, García Torres comenta que “no fue una iniciativa en seco” y que hubo consenso y cabildeo. “Cuando la presentamos, ya habíamos platicado con Gobernación, con el Cisen, la Defensa y los senadores de todos los partidos, de tal manera que conocían la Ley”.
La Ley, que ya fue turnada a la Cámara de Diputados, será revisada en los próximos días para su aprobación en el actual periodo de sesiones.
