Sociedad  

Fracasa Fox contra el crimen organizado

Zósimo Camacho
El gobierno de Vicente Fox propone al Congreso una polémica iniciativa de reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada que, de acuerdo con investigadores y legisladores, viola derechos humanos y garantías individuales

 

 


Publicidad

Arrinconado por los más de 700 asesinatos cometidos por la delincuencia organizada en lo que va del año, que reflejan el fracaso del gobierno en la lucha contra las organizaciones criminales, el presidente Vicente Fox envió al Congreso un paquete de reformas a las leyes Federal Contra la Delincuencia Organizada y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales.

Intervención y grabación de comunicaciones privadas sin autorización judicial y un incremento de las prerrogativas para los delincuentes (testigos protegidos) que delaten a sus cómplices son, entre otras disposiciones, los “instrumentos” que Fox propuso a la Cámara de Diputados para combatir al crimen organizado.

El paquete de reformas es criticado por especialistas en asuntos de seguridad nacional, derecho constitucional y legisladores pues, argumentan, atenta contra los derechos humanos y no garantiza un combate al crimen organizado.

Las iniciativas, que se encuentran en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se concentran en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996. Desde entonces, esta ley ha carecido de un reglamento que clarifique el funcionamiento de programas como el de Testigos protegidos, el cual se conduce actualmente de manera discrecional.

En la exposición de motivos se reconoce que “el crimen organizado ha perfeccionado sus métodos de comisión delictiva y su estructuración, aprovechando para su operación la globalización y el comercio mundial, así como la existencia de nuevas tecnologías de comunicación, informáticas, financieras, empresariales, bursátiles y de redes internacionales”.

 

Espionaje legal

 

No obstante que el artículo 16 de la Constitución señala que la intervención de comunicaciones privadas sólo podrá realizarse con autorización judicial y por un periodo determinado, y que las grabaciones que no cuenten con ese aval carecerán de todo valor probatorio, la iniciativa propone legalizar las escuchas sin permiso de autoridad alguna.

Con el argumento de que dicho artículo “no puede interpretarse en el sentido de proteger las comunicaciones privadas relacionadas con delitos”, la iniciativa propone cambios al segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

“Para los fines de la investigación y persecución y de los delitos a que se refiere esta Ley, no se entenderá como intervención de comunicación privada la grabación o registro de sonidos o imágenes que realicen agentes infiltrados, informantes o testigos, así como víctimas u ofendidos, cuando participen directamente en las comunicaciones de que se trate, mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos como sistemas o equipos informativos.”

A esta iniciativa se suma la del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual propone que “los resultados de la intervención de comunicaciones privadas tengan validez para otros delitos que se relacionen o deriven de la misma investigación”. Es decir, las escuchas no tendrán como objetivo aportar pruebas para un delito en específico, sino que se podrán utilizar para fincar responsabilidades en cualquier otro tipo de delitos.

Se establecen multas para las personas y empresas que no colaboren “eficientemente” en la intervención de comunicaciones privadas, bajo el argumento de que no obstante que la Ley obliga a los titulares de los medios de comunicación “susceptibles de intervención” a colaborar con las autoridades, “…no colaboran de manera eficaz en todos los casos”. Es decir, cuando los medios de comunicación y los periodistas se convierten en informantes policiales.

Así, el artículo 26 señalaría que “cuando los concesionarios, permisionarios y titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención, no colaboren eficientemente con la autoridad competente en la intervención que haya ordenado la autoridad judicial, podrá aplicar como medio de apremio multa de cien a quinientas veces la percepción neta diaria de la persona, empresa o entidad de que se trate”.

 

Luz verde

 

El secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Francisco Valdez de Anda, confía en que la iniciativa sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Sin embargo, el legislador panista se pronuncia porque en todos los casos las intervenciones de comunicaciones sean autorizadas por las autoridades judiciales. “No debe ser discrecional, sino a través de una petición debidamente fundada y motivada”.

El diputado del PRI y secretario de la Comisión de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escárraga, dice que la iniciativa es de “claroscuros”. Le preocupa que se dé “manga ancha” para la intercepción de comunicaciones y que con el pretexto de combatir la delincuencia “pudiéramos estar dando un cheque en blanco a las autoridades para otro tipo de objetivos, de orden político, o para inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos”.

Eliana García Laguna, diputada perredista, dice que la propuesta de intervenir comunicaciones “contraviene a la Ley de Seguridad Nacional, que establece que para hacer cualquier intervención de comunicaciones se requiere la autorización judicial expresa”.

Dice que su grupo parlamentario “no aceptará cualquier intención de intervenir comunicaciones privadas que lastimen la intimidad de las personas sin autorización judicial”.

 

Más delitos

 

Se propone considerar como delitos del crimen organizado – artículo 2–, el desvío de precursores químicos y sustancias químicas esenciales; transportación de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; desmantelamiento de vehículos robados y comercialización de sus partes, y tráfico de vehículos robados.

También el terrorismo, contra la salud, asalto, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de órganos, tráfico de indocumentados, secuestro y tráfico de menores.

De acuerdo con Eliana García, se trata de sentar las bases para establecer un “régimen de excepción. Se está queriendo incluir más delitos como parte de la delincuencia organizada. Se trata de sujetar la seguridad pública a la de la lucha antiterrorista del gobierno de Estados Unidos, cuando las condiciones entre una nación y otras son totalmente diferentes.”

 

Testigos protegidos

 

En la iniciativa, el Jefe del Ejecutivo identifica “lagunas” en materia de “protección” a testigos y propone un programa similar al que existe en otras naciones –como Estados Unidos–, para cambiar la identidad de los informantes y la de sus familias. Para ello, plantea la creación de un Programa Federal de Protección a Personas.

“Este Programa comprenderá los requisitos de ingreso, tales como la idoneidad de la persona y antecedentes penales; el tiempo de duración de la protección; los niveles de protección; las obligaciones de la persona protegida, y las causas de exclusión del Programa”, señala la exposición de motivos.

El programa sería expedido por el procurador general de la República, pero serían jueces federales altamente especializados los que autorizarían el cambio de identidad del testigo y de sus familiares a solicitud del Ministerio Público Federal, el cual deberá probar que el cambio es necesario.

Para el panista Valdez de Anda, “la idea del Programa es regular este tipo de prácticas que ya se vienen dando; pero se debe revisar con mucho cuidado”.

Díaz Escárraga reconoce que es necesario brindar protección al testigo que, por los datos que aporte, corra riesgo su integridad. Sin embargo, en la iniciativa se deja exclusivamente al titular de la PGR los alcances del programa.

“Los legisladores tenemos que analizar con sumo cuidado estas facultades que le estaríamos dando porque, de lo contrario, se podría suscitar una serie de excesos o componendas en las que pudiera no estar combatiéndose el crimen organizado, sino protegiendo otro tipo de intereses.”

 

Privilegios para delatores

 

Además, se propone estimular la colaboración de integrantes de la delincuencia organizada, “mediante el no ejercicio de la acción penal en contra de colaboradores cuando éstos aporten elementos de prueba para iniciar una averiguación previa en contra de otros miembros de la delincuencia organizada o cuando en una averiguación previa aporten indicios para consignar a otros miembros de la organización”.

En el artículo 43 de la Ley se señalaría que cuando un inculpado aporte pruebas para sentenciar a otros miembros de la banda, la pena por los delitos por los que se le juzga se podría reducir a la mitad.

Y cuando un sentenciado aporte elementos para sentenciar a sus  cómplices, se le podrá otorgar la remisión parcial de la pena hasta en dos terceras partes. Se aclara que estos delincuentes podrán acogerse a más de uno de los beneficios previstos en esta ley.

Para la perredista García Laguna, los privilegios para este tipo de delincuentes sólo serán “una fuente de impunidad y complicidad porque, además, las autoridades judiciales y policíacas están copadas por la corrupción y adolecen de profesionalización”.

 

Informantes

 

En la iniciativa se señala que debido al alto riesgo que representa la actividad de los agentes infiltrados e informantes, se reservará de manera “absoluta” la identidad y todo documento que sirva para identificarlos. Así, “no estarán obligados a comparecer ante la autoridad ministerial para rendir testimonio o ratificar sus informes o reconocer las pruebas que hubiesen obtenido durante su actuación”.

Además, “cuando se ordene su comparecencia ante la autoridad judicial para demostrar la inocencia del inculpado, la diligencia correspondiente puede ser desahogada a través también de videoconferencia u otros medios”.

Propone la creación de tribunales y juzgados especializados en delincuencia organizada, cuya circunscripción territorial sería determinada por el Poder Judicial de la Federación. Establece las reglas de colaboración entre el Poder Judicial e instancias como las secretarías de Hacienda y Gobernación, con el fin de lograr una coordinación eficaz en el combate a la delincuencia organizada y nuevas disposiciones en materia de arraigo, cateo, órdenes de aprehensión y valoración de pruebas.

Díaz Escárraga reconoce que el marco jurídico del país está rezagado en el combate a la delincuencia organizada nacional e internacional. “Es necesario que se hagan todo tipo de adecuaciones a la ley para combatir de manera más eficaz a la delincuencia. Todo intento será incierto si, a la par, no se avanza en la profesionalización de los cuerpos policíacos”.

 

Instrumentos internacionales de combate a la delincuencia organizada suscritos por México

• Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional.

• Convención sobre la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas inclusive los Agentes Diplomáticos.

• Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

• Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados.

• Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

La iniciativa, “un volado” de Fox

El paquete de iniciativas presentadas por Vicente Fox en materia de combate a la delincuencia organizada “es un volado”, dice la fundadora y directora de la asociación civil Democracia, Derechos Humanos y Seguridad, Sigrid Artz.

Integrante del Grupo de Especialistas en Seguridad Nacional, la investigadora dice que es necesario que el país se actualice en el combate a las bandas criminales “porque está muy rezagado”. Reconoce que las disposiciones en materia de testigos protegidos son “un paso adelante”, pero las que se refieren a la intervención de las comunicaciones privadas “son de cuidado”.

Y es que con el pretexto de que los jueces no están otorgando con la premura necesaria las autorizaciones para intervenir las comunicaciones privadas cuando el Ministerio Público necesita allegarse de cuanta evidencia exista, la propuesta de Fox pretende “saltarse” al Poder Judicial.

“Se sugiere que incluso si hay una conversación entre dos personas y a una de ellas no se le avisa que se le está grabando, esta grabación puede integrarse como parte de una investigación. Quieren flexibilizar toda cantidad de escuchas”, dice.

“Y no es que debiésemos temer de que el Estado pueda intervenir comunicaciones. Debemos asegurarnos de que la ley se ajuste sin violentar los espacios privados de los individuos y sin que cualquier persona pueda hacer uso de estas herramientas.”

Reconoce que el programa de protección a testigos que propone la dependencia acaba con las lagunas que existen actualmente en la ley y que permiten que se haga un uso discrecional de los programas.  Otra deficiencia de la iniciativa es que no distingue entre la figura de un agente encubierto y la de un informante.

“Es gravísimo que en la iniciativa confundan a los agentes encubiertos con los informantes. El primero es un profesional, un policía de investigación, y en una etapa de su carrera, pasa a ser agente encubierto para internarse en una banda delictiva y obtener información en un periodo de tres o cinco años.

“Mientras, el informante es el que está en la calle, puede estar observando durante semanas o haber sido testigo de un acto delictivo, pero no pasó ni por el proceso de reclutamiento, ni por filtros, ni ha estudiado política criminal.” (Zósimo Camacho)

Reformas absurdas

Raúl Carrancá y Rivas“La Ley contra la Delincuencia Organizada es la más inconstitucional que existe en México”, dice el doctor en Derecho Constitucional, Raúl Carrancá y Rivas.

El programa de testigos protegidos y la legalización de las intervenciones en comunicaciones privadas sin permiso del juez, son flagrantes violaciones a las garantías individuales, consagradas en la Constitución, considera.

“Si la figura del testigo protegido implica que el acusado no sepa quién lo está acusando, se trata de un acto violatorio de las garantías individuales y los derechos humanos. Es un principio universal de lógica elemental que yo debo de saber de qué se me acusa y quién me acusa.

“Sin embargo, ampara a esta idea un criterio pragmático muy favorecido por la legislación anglosajona, y concretamente por los estadounidenses. Te protejo a ti testigo y así no corres el menor riesgo de ser agredido o molestado.”

Desde el punto de vista pragmático hay que reconocer que esto lleva consigo una determinada dosis de eficacia. Pero este pragmatismo se enfrenta con la razón sustancial del Derecho: las garantías”, dice Carrancá.

Señala que al momento de discutir y aprobar las iniciativas, el legislador estará frente a un dilema entre el respeto a las garantías individuales y la utilidad. Pero ni siquiera ésta última estará garantizada con la aprobación de las propuestas de Fox.

El constitucionalista califica de “espantoso” reducirle las penas al delincuente y tratarlo con deferencia. “Es algo que va en contra de los principios fundamentales del derecho.”

La intervención de comunicaciones privadas sin la autorización de un juez es “una aberración”. “Ése es el pragmatismo de ciertas corrientes del derecho anglosajón. Urge que en vez de estar pidiendo reformas absurdas, pusieran especial atención en darle dignidad al Ministerio Público y en que realmente se favorezca su independencia”. (Zósimo Camacho)

 

 

 

 



Tu opinión:

Tu nombre:
E-mail

Escribe tu mensaje aquí:

Publicidad

Volver al ínidce de julio de 2005
Enviar a un amigo
Opina sobre este texto
Página de inicio


Publicidad

 

Humor
 

 

Avance Contralínea

 

Números atrasados

 

Publicidad

 

Números atrasados

 

 

 

 

Suscríbete


En la República:  

De actualidad  


 




Baja California Chiapas Chihuahua Coahuila Estado de México Guanajuato
Oaxaca Sinaloa Sonora Hidalgo Michoacán NacionalTamaulipas Veracruz Zacatecas
Revista Contralínea
Av. Juárez 88, primero piso, desp. 110 y 111. Col. Centro, México D.F.
Tels: 9149-9808 /30 /07
La otra campaña, el Ejército Zapatista y el Subcomandante Marcos
Sitios Recomendados:
| Oficio de Papel | Revista Fortuna | Los periodistas | Fraternidad de Reporteros de México |

Responsable del sitio: Gonzalo Monterrosa Galindo