Contralínea  

Auditoría al Seguro Popular

Erika Ramírez
Luego de que la Secretaría de la Función Pública diera “carpetazo” a las investigaciones sobre las supuestas irregularidades en el proceso de credencialización del Seguro Popular, los legisladores de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación que inicie la investigación del caso

 

 


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A punto de terminar el sexenio foxista, los legisladores de las distintas bancadas del Congreso de la Unión piden que se fiscalicen los recursos que se han empleado en el programa de mayor promoción de este gobierno: el Seguro Popular.

Los diputados de oposición impugnan el uso de los datos particulares de las familias más desprotegidas del país, que en diciembre pasado llegaron a los 3.5 millones, y advierten que este proceso podría significar un fichaje electoral y poner en riesgo la seguridad de cada uno de los afiliados.

Todo empezó cuando el 20 de diciembre de 2005 los representantes de la empresa Técnica Comercial Vilsa se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por supuestas manipulaciones en el otorgamiento del contrato de credencialización del Seguro Popular -que implica recursos por 320 millones 400 mil pesos- a la empresa Image Tecnology, por lo que se abrió el expediente 779/2005.

La denuncia no prosperó en las oficinas de la SFP, que encabeza Eduardo Romero Ramos, pues el encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades, Mario Alberto Massé Alemán, y la directora de Inconformidades, Martha Cristina Herrera Terrazas, resolvieron que la empresa quejosa carecía de “interés jurídico” y concluyeron que la inconformidad era “infundada” (Contralínea 53).

No obstante, en la Cámara de Diputados ya se solicitó al máximo órgano de fiscalización del país que se realicen las investigaciones necesarias para dejar aclarado el caso y fincar responsabilidades si se llega a encontrar irregularidades en el proceso de licitación 12161001-004-05.

El legislador panista José Ángel Córdoba Villalobos, presidente de la Comisión de Salud, sostiene que aunque en “apariencia” todo está debidamente en orden en los procesos de licitación, “ya se solicitó el ejercicio a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Comisión de Protección Nacional en Salud”, encargada del proyecto de credencialización inteligente “Tu Salud”.

“Llegamos a un punto de acuerdo que ya fue aprobado por el pleno y turnado a la Auditoría para que nos dé todas estas informaciones, porque desde entonces se están entregando credenciales y se están ejerciendo diversas funciones”, dice Córdoba Villalobos.

Sin embargo advierte que “tendremos que esperar” los resultados que arroje la dependencia que encabeza el auditor Arturo González de Aragón, “porque si cada quien queremos actuar como jueces lo único que hacemos es, de manera irresponsable, crear zozobra, escepticismo y de repente rumores, mitos o mentiras que desacreditan a las instituciones sin fundamento”.

El legislador panista señala que una vez que la ASF dictamine si hay o no irregularidades, evidentemente habrá que actuar y fincar responsabilidades a los funcionarios encargados de este proceso, entre los que se encuentra el comisionado nacional Juan Antonio Fernández Ortiz.

“Esto es del conocimiento de los funcionarios públicos, que además saben cuáles son sus atribuciones y sus funciones, y si no actuaron apegados a ello tendrán que someterse a las consecuencias”, señala.

La oposición

Para el diputado independiente Roberto Vega Galina, secretario de la Comisión de Seguridad Social y líder sindical del IMSS, el Seguro Popular es un programa más que se utiliza para la campaña política del Partido Acción Nacional.

“El Seguro Popular se está tomando como un programa de salud electorero al ofrecer resolver los problemas de la población que no tiene derecho a la atención médica y eso lo vuelve muy peligroso, porque las dificultades de salud en el país crecen”, dice el legislador priísta.

Vega Galina critica la promoción mediática que se le hace a este programa, y añade que “los problemas que tenemos no sólo son de salud, sino de prevención y de muchos otros factores que se necesitan en las condiciones de vida de los que menos tienen, y éstos ya están siendo atendidos por los programas de la Secretaría de Desarrollo Social con el IMSS Oportunidades, y Oportunidades”.

Respecto al proyecto de credencialización inteligente “Tu Salud”, el cual tiene como principal objetivo controlar el abasto de medicamentos a los afiliados al Seguro Popular y contiene todas las señas particulares de los derechohabientes, el líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Seguro Social señala que “hay que buscar una forma mucho más ágil, menos costosa y que realmente lleve un control de lo que está sucediendo con las personas afiliadas a un programa tan ambicioso como éste”. 

Advierte que esta “es una forma de tener un control sobre los más desprotegidos”, y agrega que “son manejos arcaicos en los que se pretende aglutinar a un grupo importante de gente que no cuenta con los suficientes recursos y poderlos manipular en momentos electorales como éste”.

La diputada priísta Martha Palafox Gutiérrez, integrante de la Comisión de Salud, coincide con Vega Galina y agrega que la credencialización del Seguro Popular sólo está sirviendo para “tener cautiva a la gente en un turismo electorero, lo único que están haciendo es vender ilusiones a la gente sin respetar su dignidad, piensan que ofreciéndoles dádivas los van a tener sometidos, pero finalmente cuando van por el servicio y no lo tienen se desengañan”. 

Ante la auditoría que realizará la ASF, la diputada priísta pierde la esperanza de que se llegue a fincar responsabilidades y señala que “es una constante de este gobierno el no rendir cuentas, y las que rinde son falsas. Lamentablemente hay impunidad en el mal manejo de los recursos y con pena vemos que existe una verdadera frivolidad para esto”.

“Yo solicité 380 millones de pesos para el instituto de transplantes y dieron 14 millones. No es posible que en el proceso de credencialización se empleen más de 320 millones de pesos”, puntualiza Palafox Gutiérrez.

La defensa

Luego de las descalificaciones que ha recibido el programa estrella del foxismo, el presidente de la Comisión de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, niega que los datos que se recavan para la credencialización de los derechohabientes tenga fines electoreros, además de que no vulneran la seguridad de los afiliados.

“En la misma Ley de Transparencia está garantizada la confidencialidad y el uso de los datos públicos como son aquéllos del IFE o del Seguro Popular, este programa no se circunscribe nada más a la gente humilde, ya que es para todos aquéllos que no tienen derecho a alguna institución pública del Estado”, dice.

El legislador panista deja abierta la posibilidad de malos manejos en la base de datos, pues advierte que “siempre puede existir alguna fuga de información, pero esto es responsabilidad de quien dirige este tipo de comisiones o instituciones, no hay otra forma de hacerlo y es necesario tener un registro porque la veracidad de que las personas reciben el beneficio se basa en la existencia de estos datos”.

Sin embargo, precisa, “no hay fundamento para decir que es un sistema electorero, porque estos programas de beneficio social para la gente más necesitada han sido desarrollados por los diferentes partidos. Entonces, ¿todo el programa de apoyo a los viejitos en el Distrito Federal es electorero, y Progresa, que tuvo durante su administración el PRI era electorero?, pregunta el legislador panista.

 

Publicado: Abril 2a quincena de 2006 | Año 4 | No.54



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