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Urge reforma a leyes castrenses

Yenise Tinoco
Regida por principios posrevolucionarios, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de los años, ha adquirido un poder de facto que la ha cubierto de impunidad, privilegios y rebendas permitidos por la autoridad civil. Acusada de violar constantemente derechos humanos, tanto de sus miembros como de los civiles, las fuerzas castrenses precisan de una reforma integral que no ha tenido desde 1933.

 

 

 


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Preso de conciencia por más de ocho años en el penal de Chalco, el general brigadier Francisco Gallardo Rodríguez se pronuncia por acabar con la “impunidad legalizada” de la que goza el Ejército Mexicano desde tiempos del maximato de Plutarco Elías Calles.

Y es que desde 1933 el marco jurídico bajo el cual se rige el Ejército no ha sido alterado. A casi 75 años de las últimas modificaciones de fondo al Código de Justicia Militar, Gallardo Rodríguez considera “una necesidad” llevar a cabo una profunda reforma en la institución constantemente acusada de violar derechos humanos, tanto de militares como de civiles.

La intervención del Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico, la activa participación de las fuerzas armadas en la toma de posesión de Felipe Calderón, la supuesta violación tumultuaria por parte de efectivos a una anciana indígena en Zongólica, Veracruz, el caso de los militares seropositivos, el traspaso de cientos de soldados a la Secretaría de Seguridad Pública y la asistencia de milicia al congreso internacional de Provida, son algunos de los temas que han puesto a las fuerzas castrenses en los titulares de los medios de comunicación.

Gallardo Rodríguez se propone impulsar, a través de los diputados perredistas, una reforma que permita una nueva relación civil-militar, para que en los hechos los soldados estén supeditados al poder civil. Además, acotar el fuero militar en tiempos de paz, para acabar con la impunidad de las fuerzas castrenses al momento de cometer ilícitos: “todos ellos deben ser juzgados por civiles”.

También habla de la exigencia de crear un ombudsman que se encargue de investigar las violaciones que se comenten al interior del Ejército, y defienda los derechos que tienen los soldados.

El general considera que los secretarios de Defensa y Marina deben ser civiles, asimismo deben ser nombrados por la Cámara de Diputados y, agrega, que sea el Congreso el que vigile el gasto del presupuesto destinado a ambas secretarías.

A decir de Guillermo Garduño, investigador y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dentro de la reforma del Ejército se deben tomar en cuenta tres factores. El primero sería el sistema de ascensos, el cual recae en las autoridades civiles, es decir, en el Ejecutivo y de alguna manera en el Senado, para que pase a ser competencia de la Sedena, y no se haga de forma discrecional.

El segundo principio a modificar, de acuerdo con Garduño, es el nombramiento de los secretarios de la Defensa, Marina y el jefe del Estado Mayor Presidencial, ya que hasta este momento “se ha conformado a través de cómodas elites militares que establecen la circulación de esa gente, hay exclusión de generaciones, y otras que se eternizan en el poder, como la de los años cincuentas”.

El tercer elemento a considerar es la asignación del presupuesto para que las secretarías de Hacienda y de la Función Pública tengan un mecanismo más importante de regulación respecto al control del gasto del Ejército.

“Se requiere necesariamente una reforma a la legislación, porque en este momento la falta de un marco legal adecuado deja una cantidad de espacios libres”.

Para Javier Oliva, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y experto en seguridad nacional, el país necesita una Ley de Defensa Nacional para plantear una relación de lealtad reciproca del poder civil al poder militar. Y de esta manera sean corresponsables de los resultados de las misiones que el Ejecutivo les encarga a las estructuras militares. 

Oliva manifiesta la necesidad de acotar las atribuciones del presidente sobre el Ejército, “para que no queden a la discrecionalidad del gobierno en turno. Como lo que pasó con Vicente Fox y puede pasar con Felipe Calderón, que creen que las Fuerzas Armadas son instituciones del gobierno y no saben que son estructuras del Estado”.

La creación de un Estado mayor conjunto es otra de las reformas que sugiere el experto en seguridad. Sugiere que se debe de fusionar la Sedena y la Marina, con el propósito de que se tenga una verdadera racionalidad en los gastos, operaciones, adiestramiento y armamento.

El doctor en Sociología y académico del INAH, Gilberto López y Rivas, sostiene que es urgente la reforma del Ejército para clarificar la relación del gobierno en turno y el poder militar, evitar un uso faccioso de las Fuerzas Armadas y no emplear a la milicia para resolver conflictos sociales.

“Los militares no deben participar en actividades del ámbito civil, como la lucha contra el narcotráfico, campañas de vacunación, construcción de carreteras, instalación de retenes vehiculares, misiones de rescate en desastres naturales. Sólo deben participar en la defensa de la soberanía nacional y para preservar la seguridad nacional”, dice.

Inviable reforma de Gallardo

Guillermo Garduño califica como inviable el planeamiento del general Gallardo por carecer de una base jurídica, y el contenido de contradicciones como la eliminación del fuero y la creación del ombudsman militar.

El especialista explica que el fuero militar existe desde la antigüedad, donde había un sistema diferente de juicio para el ámbito militar y civil. 

El Estado deposita únicamente la violencia legítima en el Ejército, dotado de una legislación específica; eso implica el fuero militar. Si no existiera, cualquier civil podría ejercer la violencia libremente y ser juzgado solamente ante un aparato civil, expone Garduño.

De acuerdo con el investigador es necesario mantener el fuero, pero actualizando la legislación, creando un sistema de derechos y deberes en el ámbito militar, con un sentido totalmente moderno.

Javier Oliva señala que el fuero militar existe en todos los países que tienen Fuerzas Armadas y México no es una excepción. Agrega que, de acuerdo con el marco jurídico, un militar que comente un delito del fuero común es juzgado por las leyes civiles pero también por las militares. “Muchas veces se entiende que fuero significa impunidad, y esa es una interpretación muy laxa”.

Garduño declara que resulta una contradicción el pedir un ombudsman militar si se elimina el fuero. “Si se está excluyendo la legislación propia de juicio del Ejército, esto quiere decir que tendrían que ser sometidos los militares a la legislación de los civiles. Para qué un ombudsman militar, con el existente basta”.

Garduño sostiene que para reformar al Ejército se necesita que la propuesta sea de una persona del ámbito militar en las cámaras de Diputados y de Senadores. Para que entre con mayor fuerza y tenga eco entre los demás congresistas.

En la actual legislatura hay tres diputados de origen militar: Jorge Justiniano González Betancourt, presidente de la Comisión de Defensa Nacional; Roberto Badillo Martínez, secretario de la misma Comisión, y Marco Antonio Peyrot Solís, secretario de la Comisión de Marina.

Los acercamientos que ha tenido el general Garduño han sido con legisladores del PRD, y dicho partido no cuenta entre su lista de legisladores con militares. González y Peiyrot son de extracción panista y Badillo es priísta.

Transparencia

A decir de Guillermo Garduño, si se trasparentaran los gastos de la Sedena, se estaría sacrificando la Seguridad Nacional. Por lo cual la claridad del aparato militar está limitada por ley.

El catedrático de la UNAM explica que si se rindieran cuentas sobre el gasto de las Fuerzas Armadas se estaría sometiendo a la nación a que cualquier enemigo interno o externo, conociendo las prioridades del gasto, vulnere a la institución militar.

No obstante, Garduño asegura que se tienen que establecer mecanismos militares de regulación para evitar la corrupción, pero eso no significa abrir completamente el gasto del Ejército, sólo normarlo.

Javier Oliva sostiene que los recursos que se destinan en la milicia se utilizan con base en los criterios mismos de la doctrina militar.

“El problema del análisis de las Fuerzas Armadas es que usualmente se hace desde una perspectiva prejuiciada o de carácter coyuntural, sin adentrarse y analizar las características geopolíticas e históricas del país”.

Espinoso tema de la reforma

El diputado perredista David Sánchez Camacho y su compañera de bancada Alma Lilia Luna Munguía pretenden impulsar la reforma del Ejército en la Cámara de Diputados, partiendo de la tesis doctoral del general Gallardo Rodríguez.

Sánchez Camacho, miembro de la Comisión de Defensa, menciona que no puede darse una reforma del Estado si no se incluye al Ejército dentro de la misma.

Sin embargo, el legislador dice que no será una tarea fácil el que se dé un nuevo marco legal a las Fuerzas Armadas, porque no todos los diputados del PRD quieren “entrarle” a dicha propuesta, pues lo consideran un tema espinoso.

Luna Munguía, secretaria de la Comisión de Defensa, sostiene que se le debe de quitar el cúmulo de poder que tiene el Ejecutivo federal sobre el Ejército, y dejar de lado los excesos en los que se llega a caer, con el fin de defender los derechos de los militares y de la propia institución.

 

Publicado: Abril 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 77



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