Contralínea  

Militares aterrorizan la frontera sur

Ana Lilia Pérez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
Desapariciones “extrañas”, robos, extorsiones y vejaciones de emigrantes en la frontera sur del país, atribuidas a militares, siguen impunes, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hace cómplice al omitir investigar las denuncias y pronunciarse al respecto.

 

 


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Frontera Sur, Chiapas. Amparados en el incondicional respaldo público que ha hecho el presidente de la República, militares asignados a la región de la frontera de México con Guatemala, en Chiapas, incurren en extorsiones, robos, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en agravio de emigrantes centroamericanos que intentan cruzar territorio mexicano con destino a Estados Unidos.

Las denuncias contra las fuerzas castrenses han sido remitidas al mismo presidente Felipe Calderón, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, sin tener hasta ahora respuesta alguna.

El Limbo

A las 3:15 de la tarde del 21 de febrero de 2005, siete hondureños que viajaban rumbo a Tapachula, a bordo de una camioneta combi, en el municipio fronterizo de Suchiate, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano.

Los soldados, asignados al retén militar de Puente Cahocán, Ciudad Hidalgo, los retuvieron ilegalmente durante tres horas y les exigieron dinero. Como los indocumentados se negaron a entregarlo fueron golpeados y obligados a bajarse los pantalones, y al esculcarlos les encontraron 90 pesos que traían escondidos en los genitales.

Tras el hurto, los militares impusieron una condición para dejarlos seguir su camino: que una de las dos mujeres que viajaba en el grupo se quedara con ellos. Maritza Bayres, de 24 años de edad, quedó retenida aquella tarde por siete soldados que tripulaban el vehículo Hummer número 0904170. Hasta la fecha se desconoce su paradero.

Ese mismo día el resto de los hondureños pernoctó en el Albergue Belén, en la ciudad de Tapachula, y allí reportaron al Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFM) la detención de Maritza.

Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del CDHFM, dice que ninguno de los emigrantes era familiar de la joven hondureña, así que los datos que proporcionaron sobre su origen o el de su familia fueron apenas los mismos que ella les comentó durante los días de viaje, que compartieron desde la frontera de Honduras hasta que ingresaron a México.

El CDHFM presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para exigir a los elementos castrenses informar sobre el paradero de la hondureña.

Los abogados del Centro Fray Matías solicitaron informes en la estación migratoria de Tapachula, y mediante el oficio drchis/scm/250/05 el Instituto Nacional de Migracón (INM) respondió que Maritza no fue entregada ni deportada por autoridades de esa dependencia.

La CNDH abrió el expediente 2005/1840/CHIS/5/Q sobre esa desaparición; sin embargo, en más de dos años las indagatorias no han avanzado. Lo más preocupante es que la Sedena señaló que para proceder en contra de sus elementos espera la resolución que sobre el caso dé la CNDH.

Fermina Rodríguez dice que, como defensores de los derechos humanos y testigos de los abusos contra los emigrantes por parte del Ejército Mexicano en la frontera sur, esperan no sólo un pronunciamiento enérgico del organismo que dirige José Luis Soberanes, sino que los militares expliquen el paradero de Maritza.

Para los altos mandos castrenses, la desaparición de la joven centroamericana Maritza no es un caso ajeno; incluso llegó hasta el entonces secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, y el procurador general de Justicia Militar, Jaime Antonio López Portillo Robles-Gil, actual director de Justicia Militar, revela.

Un documento emitido por el subprocurador general de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez.

En el oficio DH-42824/1338, el subprocurador de Justicia Militar señala que “por acuerdo del secretario de la Defensa Nacional y disposición del general de Brigada de Justicia Militar y procurador, la postura de la Sedena al respecto es que el personal militar no reportó haber detenido en la citada fecha a emigrante alguno”.

En respuesta a la denuncia del CDHFM, el 29 de diciembre de 2006 el general López Benítez indica que, dado que la CNDH “ya tiene conocimiento de los hechos”, lo procedente es que “acuda ante la Comisión Nacional para que le informen de las acciones que se hayan realizado para dar con el paradero de Maritza Bayres, y esté pendiente de la resolución a que arribe el ombusman nacional sobre el particular”.

Han pasado más de 24 meses desde que la CNDH dio entrada al caso y las indagatorias están empantanadas.

El consulado de Honduras en Tapachula informa que junto con el CDHFM han intentado contactar a los familiares de Maritza para notificarles de su desaparición en territorio mexicano.

El cónsul de Honduras, José Armando Pineda, reclama que el organismo que dirige José Luis Soberanes no les ha proporcionado información del estado que guardan las investigaciones. Lo peor, dice el diplomático, es que los militares que participaron en la desaparición de Bayres permanecen impunes.

El Purgatorio

A orillas del río Suchiate, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 8 de enero de 2007 los emigrantes hondureños, Oscar David Hernández, Raúl Coto y Luis Fernández, fueron interceptados por cuatro elementos del Ejército Mexicano, quienes les exigieron el dinero que traían consigo.

Tras la negativa a entregarles el dinero, uno de los militares de nombre Pedro Ordóñez –a quien los emigrantes identificaron por la placa número 1143 que tenía sujeta al uniforme–, revisó los bolsillos de Oscar David y extrajo 500 pesos, y le ordenó entrar a un baño improvisado a orillas del Suchiate, en donde catean a quienes cruzan la frontera sur a nado o en balsas.

Oscar describe como “trigueño, chaparro, un poco gordo y con cabello negro” a Pedro Ordóñez, y narra los momentos que vivió en lo que describe como una sala de tortura:

“En el baño me señaló que me desvistiera, después introdujo su dedo en mi recto para buscarme más dinero, terminó de revisarme. Cuando me estaba vistiendo, llegó otro soldado, blanco, fornido, de estatura regular, cabello negro, y le preguntó a Pedro Ordóñez si había encontrado algo. Éste le dijo que no, por lo que el soldado le dijo que me volviera a revisar, ¡yo le supliqué que ya no!, pero me amenazó con introducir en mi ano el rifle que portaba”.

El siguiente en entrar de manera forzada al “baño” fue Raúl Coto, a quien también desvistieron y revisaron entre las piernas, en el ano, debajo de los testículos y el pene. De la revisión corporal extrajeron 400 pesos. Tocó el turno a Luis Fernández, a quien también Pedro Ordóñez sometió a las mismas vejaciones para robarle 600 pesos.

En su denuncia ante la Quinta Visitaduría General de la CNDH, los hondureños relatan que ese día no sólo ellos fueron víctimas de los militares en el retén de Ciudad Hidalgo, sino que otros dos militares -a los que no pudieron identificar- revisaban de la misma forma a otro grupo de centroamericanos.

El Infierno

En diciembre pasado José Elías González Montoya y su sobrina Antonia Cecilia González salieron del Departamento de Cuscatlán, al sur de El Salvador, rumbo a Estados Unidos, con la idea de trabajar para pagar el viaje de sus respectivos cónyuges, Ana Rubia Martínez y Mario Ernesto López, y para que los cuatro sostuvieran a toda la familia que dejaban en el país centroamericano.

José Elías y Antonia cruzaron la frontera de México en los primeros días de enero y llegaron a la ciudad de Arriaga para tomar el ferrocarril Chiapas Mayab. Allí se recrudeció su calvario, pues los salvadoreños ya habían sido víctimas de asaltos, extorsiones y vejaciones por parte de policías municipales y de tránsito.

Durante uno de los operativos “Frontera Sur Segura” del gobierno federal, a través del INM, la Agencia Federal de Investigaciones y la PFP, la joven de 18 años de edad fue bañada con gas lacrimógeno, pero ni ella ni su acompañante fueron capturados por la migra mexicana. Temerosos, sin dinero y sin haber podido subir al tren, echaron a andar rumbo a la carretera costera, reflexionando si era mejor volver a su tierra.

Cuando emprendían el camino de regreso, el 17 de enero, en la colonia Viva México, en las orillas de Tapachula, fueron asaltados por pandilleros de la zona. Antonia fue violada y José Elías, al entrar en su defensa, resultó herido con machete en la cabeza y los brazos. Estuvo a punto de perder los miembros y fue hospitalizado en esa ciudad, donde permaneció las siguientes semanas.

Antonia comunicó a la familia lo sucedido y acordaron que su esposo Mario Ernesto López y su tía Ana Rubia Martínez pedirían prestado a sus vecinos para poder llegar a Tapachula y visitarlos en el hospital, hasta que José Elías pudiera regresar a su tierra.

Ana Rubia y Mario Ernesto cruzaron la frontera por el puente internacional de Tecún-Umán, Ciudad Hidalgo, a las cuatro de la tarde del miércoles 24 de enero. Pasaron las oficinas de migración mexicanas y unos metros más adelante los detuvieron siete elementos del Ejército Mexicano, uno de ellos armado.

Ana recuerda al militar que les marcó el alto: moreno, de 1.60 metros de estatura, la cara cubierta con marcas de acné, cabello corto peinado hacia adelante y de unos 20 a 24 años de edad.

Les pidió su identificación y que acreditaran su estancia legal en el país. Mario intentó extraer de su ropa interior la cédula de identidad, antes de que la sacara el soldado lo cateo y luego, dirigiéndose a ambos, les solicitó una dádiva a cambio de dejarlos libres. Se negaron, pero finalmente les robaron 50 de 70 dólares americanos que portaban.

Mientras cuatro militares le sacaban el dinero a Mario, el resto se llevó a Ana hacia los matorrales. Le ordenaron desvestirse. Sintió las callosas manos sobre su cuerpo, entre las piernas y los genitales, le dijeron que buscaban más dinero.

Cuando la “revisión” concluyó, la llevaron junto a Mario y les advirtieron que no denunciaran porque les iría peor, pues “sabían de dónde veníamos. Nos buscarían. Y que eran militares y el gobierno los protegía”.

Llegaron hasta el albergue El Buen Pastor, en Tapachula, en donde pidieron asilo; presentaron su denuncia ante el CDHFM y luego a la CNDH.

En su denuncia, Mario Ernesto señaló que en donde los detuvieron había cámaras de seguridad, por lo que podría ser un elemento para identificar a los soldados que participaron en las agresiones.

La complicidad

Aunque en algunos de estos tres casos, como el de Maritza, podría estar en riesgo la integridad de la víctima, la CNDH no ha dado resolución alguna.

El cónsul de El Salvador, Nelson Miguel Cuellar Hernández, lamenta el desinterés del gobierno mexicano de corregir las prácticas de sus funcionarios respecto de los abusos que cometen contra los emigrantes en la frontera sur.

El diplomático explica que el consulado da seguimiento a la denuncias contra los elementos del Ejército, pero lamenta que las autoridades en México no resuelvan este tipo de arbitrariedades. Lo más grave, dice, es que mientras las indagatorias permanecen estancadas, los militares siguen incurriendo en las mismas prácticas.

Sobre los abusos de los que fueron víctimas Ana y Mario, el cónsul dice indignado que “no deja de molestarse uno; queremos que caiga el peso de la ley y que la ley sea pareja. No nos gusta que en México se confunde al emigrante con delincuente. Los cónsules decimos: el emigrante no es un delincuente, es una persona en busca de oportunidades, de poder sobrevivir. Esa familia de salvadoreños salió llena de ilusiones y se encontraron con abusos por todas partes, y cuando los detienen, finalmente se vuelven retraídos o muy violentos”.

Tibiezas de la CNDH

El Foro Migraciones, la red nacional integrada por más de 40 organizaciones civiles, académicos, activistas sociales y de derechos humanos que trabajan en defensa de los emigrantes, ha puesto de relieve que México es una mala copia de los abusos que se comenten en Estados Unidos en contra de connacionales que ingresan ilegalmente.

En una encuesta aplicada por el CDHFM a los 300 emigrantes del Albergue Belén, el 30 por ciento de ellos dijo haber sido víctima de extorsión de los militares en la frontera.

Al respecto, el sacerdote Heiman Vázquez Medina, fundador y director de un albergue para emigrantes en Arriaga, denuncia que más del 80 por ciento de los centroamericanos que piden asilo señalan que en la frontera de Ciudad Hidalgo los militares los roban o extorsionan para dejarlos seguir su camino.

Sin embargo, pocos son los que denuncian los abusos de los militares por dilación en los procesos, intimidación de autoridades o porque los emigrantes prefieren callar que verse involucrados en un proceso judicial en un país ajeno.

En los pocos casos que se denuncian, la CNDH no ha estado a la altura de las circunstancias, y aunque cuenta con una Comisión Regional en Chiapas no ha resuelto un solo asunto que involucre a las fuerzas castrenses.

En entrevista, el titular de la Quinta Visitaduría General, Mauricio Farah, justifica que para la CNDH en las denuncias de los hondureños Oscar Hernández, Raúl Coto y Luis Fernández; y de Mario Ernesto López y Ana Rubia, “no hubo elementos qué investigar”, basándose únicamente en el dicho de la Sedena de que sus elementos no incurrieron en los abusos contra los emigrantes, y desestimando incluso los propios testimonios, en donde se identificó a uno de los militares.

Para el caso de Bayres, el funcionario dice que aunque el área a su cargo recibió la denuncia, él la envió a la Primera Visitaduría General, “en la que se llevan los casos de personas presuntamente extraviadas”.

Así, el respaldo que el Ejecutivo da a las fuerzas armadas desde inicios del sexenio es también la nueva política de la Secretaría de Gobernación (Segob), lo que para las organizaciones no gubernamentales es preocupante, pues estiman que pese a todas las denuncias contra los miembros del Ejército, difícilmente procederán.

Peor aún, el discurso del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, Florencio Salazar, quien pese a haber recibido también las denuncias que involucran a militares en abusos contra emigrantes ha reconocido la participación de policías estatales y delincuentes comunes en estos agravios.

Al respecto, Fermina Rodríguez señala: “esperamos que la Comisión se pronuncie de manera enérgica en cuanto a estos abusos y que el Ejército Mexicano responda por las denuncias que están surgiendo. Además, esperamos el retiro de la militarización en Chiapas: es algo muy grave que estamos viviendo en el estado”.

Se solicitó una entrevista con el procurador de Justicia Militar pero no hubo respuesta.

Justificados en el programa “de seguridad” de Felipe Calderón para la frontera de México y Guatemala, los destacamentos y retenes proliferan a lo largo de la franja fronteriza, pero, al amparo del poder, los propios militares han construido una verdadera red de corrupción, extorsión y abuso de autoridad contra los emigrantes que osan cruzar por la frontera del sur.

En la carretera de la Costa hay cuatro retenes, los campamentos más grandes están a orillas del río Suchiate, a la altura de Ciudad Hidalgo, en la carretera internacional, y en Tonalá, además de las patrullas móviles; todas identificadas por los emigrantes como “El Purgatorio”, en donde se paga cara la culpa de ser un “sin papeles”.

 

Publicado: Mayo 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 78



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