Opinión

1a quincena febrero 2008

Pemex pretende ceder la renta petrolera

Mario Di Costanzo*

La renta petrolera se define como la diferencia que hay entre el precio de venta del petróleo y su costo de extracción. Esto significa que si extraer un barril de petróleo en nuestro país tiene un costo promedio de 8 dólares y se vende en mercados internacionales en aproximadamente 80 dólares, la renta petrolera equivale a 72 dólares por barril.
Esta renta petrolera es la que hasta ahora se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una de las principales fuentes de ingreso para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero del país.
Por ello, a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) han señalado que la “reforma energética” que se presentará no busca la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo implicaría la “transferencia o cesión” de buena parte de la renta petrolera, que es de todos los mexicanos, a compañías privadas extranjeras.
El principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria. Sin embargo, para refutar lo anterior, sólo basta señalar lo siguiente:
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007, la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos (73 mil 927 millones de dólares) y un costo de ventas más gastos generales de 375 mil 339 millones de pesos (34 mil 336 millones de dólares). Es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos.
Sin embargo el mismo informe señala que, al 30 de septiembre, la paraestatal entregó o pagó al fisco, entre impuestos, derechos y aprovechamientos, 457 mil 341 millones de pesos, es decir, tuvo que entregar la totalidad de la renta petrolera más 25 mil millones de pesos aproximadamente.
Es obvio señalar la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que entraran al negocio del petróleo: ninguna empresa del mundo aceptaría, ni le sería rentable, esa carga fiscal.
Necesariamente las empresas privadas que entraran al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo con tal carga fiscal, por lo que necesariamente a ellos se le aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida que la que actualmente enfrenta Pemex, lo que les permitiría adueñarse de la renta petrolera.
Sin la apertura está garantizado que dicha renta petrolera tenga como destino las arcas nacionales. Con la apertura a la inversión privada –aunque esto no implique de fondo una privatización total– se estaría cediendo una buena parte de esta renta petrolera a empresas privadas, quienes la utilizarían para construir más infraestructura petrolera. Así, se adueñarían de una porción cada vez mayor de la renta petrolera nacional.


Hay recursos para invertir en Pemex
De acuerdo con la última información disponible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a noviembre de 2007, las finanzas públicas registraron un superávit fiscal, es decir, más ingresos que gastos, por 192 mil 97.9 millones de pesos. Lo anterior es producto de haber obtenido ingresos por 2 billones 35 mil 500 millones de pesos y de haber realizado gastos por 1 billón 874 mil 615 millones de pesos.
La favorable evolución de los ingresos presupuestarios se debe, en gran medida, a la favorable evolución de los ingresos petroleros, que en noviembre fueron de 753 mil 153. millones de pesos, lo que representó el 37 por ciento del total. Es decir que, de cada peso que ingresó al gobierno, 37 centavos provinieron directamente del petróleo. Esta proporción es mayor si se considera la recaudación proveniente del impuesto al valor agregado (IVA) de las gasolinas y los excedentes petroleros. Estos últimos, se estima, a noviembre, ascendieron a 113 mil 399 millones de pesos.
En contraste, se observó que el gasto público se concentró en el gasto corriente, que ascendió a 1 billón 231 mil 836.1 millones de pesos, cifra que representa el 61.1 por ciento del gasto total. Enseguida se ubicó el gasto no programable, que representó el 25.5 por ciento y que se conforma principalmente por el costo financiero de la deuda y las participaciones federales a los estados de la República.
A pesar de contar con recursos en caja –es decir, con un importante superávit fiscal–, la inversión física del gobierno representó sólo el 12.5 por ciento del gasto total realizado, a noviembre de 2008, al ascender a 253 mil 569 millones de pesos. En tanto, el pago de sueldos y salarios del gobierno fue de 565 mil 275.2 millones de pesos, cifra que representa más del doble del gasto destinado a la inversión. A esto hay que añadir que, al mismo periodo, el gasto de operación del gobierno se ubicó en 425 mil 499.1 millones de pesos, siendo también mayor a la inversión física directa gubernamental.
Este comportamiento resulta aún más absurdo y contradictorio al observar que tan sólo, a septiembre, la inversión en obra pública para Pemex fue de 4 mil 314. millones de pesos y para mantenimiento de proyectos fue de 1 mil 599 millones de pesos. Mientras, el costo de los Pidiregas (Proyectos de infraestructura con impacto diferido en el registro de gasto) ascendió a 21 mil 790.6 millones de pesos, y el pago de intereses de su deuda a poco más de 31 mil millones de pesos.
Esta situación ilustra claramente la tremenda descapitalización de Pemex, en cuanto a infraestructura y mantenimiento de sus activos físicos productivos.
Es importante señalar que el superávit fiscal obtenido al mes de noviembre, y que no es otra cosa más que recursos que tiene en caja las arcas públicas, es equivalente al programa de gasto anual de Pemex para 2007.


Modificar la estructura de Pemex
A pesar de contar con varios complejos petroquímicos, así como con petróleo y gas natural, México desperdicia el gran negocio de la petroquímica, debido a una política energética diseñada expresamente para entregar este gran negocio a los privados (empresas extranjeras).
De acuerdo con los datos publicados por el Sistema de Información de Energía de Pemex Petroquímica, se observa que mientras que en 1995 la producción de petroquímicos fue de 19 mil 73 millones de toneladas anuales, para 2006 fue de sólo 10 mil 422.5 millones de toneladas anuales.
Este comportamiento se explica por el olvido presupuestario en el que se ha tenido a la petroquímica, ya que los recursos destinados a esta actividad de Pemex se han reducido permanentemente: de 2000 a 2007 su disminución real ha sido de 35 por ciento.
Y también se explica por la manera en que está organizado Pemex y sus diferentes subsidiarias. Pemex Exploración, que es la empresa encargada de extraer el gas, le vende a Pemex Gas y Petroquímica el gas extraído a precios internacionales, aun y cuando el costo de extracción de este energético es infinitamente menor.
Esta situación provoca que las plantas petroquímicas que existen en el país (Morelos, Cangrejera, Cosoleacaque, Pajaritos, entre otras), de inicio, queden fuera de competitividad en precios en el mercado internacional. Por ello, muchos de estos derivados del gas y del petróleo tienen que ser importados a un precio mayor, lo que impacta negativamente en la competitividad de la industria en el país.
Llama la atención el caso de la producción de amoniaco, ya que esta sustancia es el insumo más importante para la producción de fertilizantes, que se ha visto totalmente devastada en los últimos siete años, a grado tal, que el complejo petroquímico de Cosoleacaque, que está diseñado para producir aproximadamente 2 millones 220 mil toneladas anuales de amoniaco, o sea 15 millones 440 mil toneladas en siete años, produjo apenas 4 millones 200 mil toneladas. Esto implicó que dejaran de ingresar al país poco más de 30 mil millones de pesos.
El amoniaco es un ingrediente fundamental en la elaboración de fertilizantes. El costo de éstos representa casi el 20 por ciento del costo en la producción de maíz, por lo que éste es un claro ejemplo de cómo la falta de coordinación entre la política energética y la política agroalimentaria tiene consecuencias graves tanto para la alimentación de los mexicanos como para el intercambio comercial.
Muy cerca del complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, y en parte de las instalaciones abandonadas que algún día fueron propiedad de Fertimex, opera una empresa llamada Agro-Mex, que importa amoniaco y lo transforma en fertilizantes que vende a los productores agrícolas nacionales a precios internacionales.
Otro caso que resalta es el de la producción de polietileno, en donde se observa que es únicamente en el complejo petroquímico de Pajaritos donde se produce polietileno de alta densidad, producto que es muy demandado en la industria. Según las autoridades de Pemex, dicho complejo opera con pérdidas.
Mientras que en nuestro país el gas natural se utiliza para producir electricidad, en otros países –y dado que existen procesos para dañar menos el medio ambiente– la electricidad se genera con combustóleo, que es un residuo del proceso de refinación del petróleo y se guarda el gas natural para la producción de petroquímicos, que es el verdadero negocio de la industria del petróleo.
Esta situación refuerza y confirma la propuesta hecha por el “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador. Sí es posible rescatar al sector energético, puesto que se cuenta con recursos gubernamentales para la expansión y crecimiento del sector, siempre y cuando se lleve a cabo la optimización y reducción del gasto público superfluo, la canalización de los excedentes petroleros a la propia industria y la reorganización de Pemex para contar con una industria petrolera integrada que elimine los altos precios de transferencia entre sus subsidiarios. El único beneficiado de esta política de precios ha sido el gobierno y no la industria, ni mucho menos Pemex.
Si bien es cierto que aun cuando en el discurso de Calderón, y de los legisladores del PRI y del PAN, se niega que la reforma energética busque la privatización del petróleo, el hecho de la poca o nula inversión gubernamental en Pemex, combinado con una apertura al capital privado, permitiría que los nuevos inversionistas se adueñaran paulatinamente de la renta petrolera de la nación. Eso es equivalente a privatizar a la industria del petróleo.
El verdadero fondo de la discusión es quién o quiénes van a controlar la renta petrolera del país.
Por ello, para que la nación pueda conservar a la renta petrolera como un patrimonio de los mexicanos, debe de realizar las inversiones de manera directa.

*Secretario de la Hacienda Pública del “gobierno legítimo”

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 1a quincena Febrero de 2008 | Año 5 | No. 95

 

 

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