Política

2a quincena junio 2008

Playas de Sonora un negocio de los Bours

Nancy Flores / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

El fideicomiso Impulsor –encabezado por Ricardo Bours Castelo, hermano
del mandatario sonorense– enajenará 115 hectáreas de playa virgen en Caborca por “donación” que, de acuerdo con planes maestros, serán vendidas a la iniciativa privada. Diseñada por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, esta figura fiduciaria de carácter público –que podría manejar recursos por 224 mil millones de pesos– opera con fines empresariales

 

Hermosillo, Sonora. La administración de Eduardo Bours Castelo podría conseguir poco más de 115 hectáreas –1 millón 150 mil metros cuadrados– en zona de playa, sin pagar un solo peso.


Aunque los terrenos se gestionaron para la construcción de la carretera costera y se obtendrán por donación, parte de éstos podrían ser vendidos a la iniciativa privada para desarrollar proyectos turísticos, revelan planes maestros.


Las operaciones relacionadas con la futura enajenación de tierras, hasta ahora propiedad de dos ejidos, fueron organizadas por el hermano del gobernador, Ricardo Bours Castelo, en su calidad de vicepresidente del fideicomiso público Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, Impulsor, y solventadas con recursos del erario.


Este fideicomiso se creó el 28 de febrero de 2005, por decreto del mandatario estatal Eduardo Bours, en el marco de los llamados “proyectos públicos privados” –estrategia empresarial diseñada por el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, responsable de la creación en 1993 del Fideicomiso Aduanas I y la empresa ISOSA, causantes de daños multimillonarios a la hacienda pública de México, según la Auditoría Superior de la Federación–.
Oficialmente, Impulsor tiene por objeto promover y ejecutar programas y proyectos estratégicos para el desarrollo de la entidad, y ampliar la infraestructura para detonar el crecimiento económico y la atracción de inversiones privadas.


Por la importancia de los proyectos, cuya inversión podría superar los 124 mil millones de pesos, Eduardo Bours colocó al frente del fideicomiso a su hermano menor, quien se conduce bajo la tutela de Aspe Armella: desde su constitución y hasta la fecha, el exsecretario de Hacienda y su empresa Protego –contratada en 2004 por el gobierno de Bours para diseñar los “proyectos públicos privados” y fungir como asesor legal para el refinanciamiento de la deuda estatal– lo asesoran.


Aunque se trata de un fideicomiso público, el decreto de creación permite que a sus arcas ingrese dinero de la iniciativa privada. El documento omite aclarar el carácter del ingreso por esta vía, pero los estados financieros le reservan registro como capítulo 9000, correspondiente a deuda pública.
En la actualidad, Protego orienta los cinco proyectos de este fideicomiso: Carretera Costera, Pasajes, Hermosillo, Guaymas y Software, este último destinado a generar una industria de tecnologías de información en el estado.
Cesión de la tierra
La donación de las 115 hectáreas forma parte del proyecto Carretera Costera, considerado como el principal y más ambicioso de los cinco. Un breve informe proporcionado por la diputada local Petra Santos revela que tan sólo este capítulo manejará recursos por alrededor de 2 mil millones de pesos.


De acuerdo con los Resultados del análisis programático-presupuestal al cuarto trimestre de 2007 de Impulsor, un par de ejidos del municipio de Caborca –ubicados en el Mar de Cortés– donarán las tierras: General Manuel Ávila Camacho entregará 100 hectáreas; mientras que General Celestino Gasca Villaseñor, 15-21-42.8056 hectáreas.


El primero posee entre sus riquezas el Puerto Lobos, según el acta de la 13 sesión extraordinaria del Cabildo de Caborca, de fecha 27 de diciembre de 2006. El documento también revela que en zona de playa, la hectárea cuesta alrededor de 69 mil 214 dólares, que significa siete dólares por metro cuadrado.


Por su parte, el ejido Gasca Villaseñor cuenta con playas vírgenes y uno de sus atractivos principales es la isla San Jorge. En esta zona, agentes inmobiliarios ofertan en dos dólares el metro cuadrado.


No obstante los precios tasados en dólares, el fideicomiso Impulsor logró que las autoridades ejidales se comprometieran a otorgar más de 115 hectáreas sin obtener algo a cambio.


Las negociaciones para la cesión de los terrenos duraron dos años y fueron emprendidas por Óscar López Ibarra y Roberto Fernández Medina, coordinador y director jurídico del proyecto Carretera Costera, respectivamente.


El 13 de noviembre de 2007, López Ibarra se reunió con los abogados y representantes del ejido Ávila Camacho en Tucson, Arizona. Ahí, los ejidatarios se comprometieron a donar 100 hectáreas, “que deriven de la vista de campo” hecha por Impulsor y el ejido.


Veintiún días después, el 4 de diciembre, Fernández Medina consiguió en Caborca que la asamblea ejidal de Gasca Villaseñor signará un contrato de promesa de donación de una fracción de parcela de más de 15 hectáreas, a favor del fideicomiso.


Ambas operaciones fueron registradas en el capítulo 9 de los Resultados del análisis programático-presupuestal al cuarto trimestre de 2007 de Impulsor, referente a la “liberación de derecho de vía y reserva territorial”.


En la actualidad, los funcionarios de Impulsor sostienen negociaciones con autoridades de un tercer ejido, el Guillermo Prieto, también de Caborca, para obtener terrenos bajo la figura de donación.


Proyectos y recursos
Además de la construcción de la carretera costera, que correrá más de 600 kilómetros desde San Luis Río Colorado hasta Guaymas, Impulsor pretende renovar los puntos de mayor tránsito de turistas, por medio del proyecto Pasajes.


Con el proyecto Hermosillo busca desarrollar el norte, el centro de convenciones y el Vado del Río en la capital sonorense; para este último, los gobiernos estatal y municipal han destruido una de las tres reservas ecológicas de la zona: Parque Villa de Seris.


El proyecto Guaymas planea construir dos nuevas marinas, una en San Carlos y la otra en Bacochibampo; mientras que el de Software tiene por objeto crear un centro de alta tecnología para el estado.


Además de éstos, los planes maestros de Impulsor incluyen la creación de un multicomplejo con centro de convenciones, multideportivo y plaza comercial para Cajeme (Ciudad Obregón).


Petra Santos, legisladora por el Partido de la Revolución Democrática, dice que estos proyectos serán cedidos a la iniciativa privada, pues la administración de Bours Castelo se ha caracterizado por concesionar las obras públicas. Cita como ejemplo el delfinario, creado con recursos públicos y actualmente en manos de empresarios.


De acuerdo con el decreto de creación, los cinco proyectos mezclarán recursos públicos y privados. No obstante, desde su creación y hasta diciembre de 2007, todos sus ingresos provienen del erario: en tres años la administración de Eduardo Bours le ha transferido 50 millones 675 mil pesos. Para 2008, la cifra podría aumentar a 69 millones, al recibir un presupuesto superior a los 18 millones de pesos.


El diputado panista Francisco García Gámez observa que, aunque los objetivos son buenos en tanto se habla de un desarrollo para el estado, falta información. Indica que recién creado, “se decía que iba a ser autosuficiente; no ha sido: se le han estado aportando recursos anualmente para que pueda subsistir”.


—(Impulsor) no fue la mejor opción hasta ahora. Los proyectos no han avanzado, no han aterrizado y de ahí surge la desconfianza de la gente. Todos estamos dispuestos a que se nos fiscalice; si estamos haciendo las cosas bien no hay por qué ocultar la información.


Aunque su objetivo es promover y ejecutar programas y proyectos estratégicos, ni un solo peso ha sido invertido en estos rubros, revelan sus estados financieros, balances generales e informes anuales.


Hasta ahora, el 55.1 por ciento del dinero transferido por el gobierno estatal se destinó al pago de la nómina, a pesar de que el personal de base apenas asciende a 15 personas. Más aún, los documentos financieros revelan que los activos del fideicomiso apenas suman 4 millones 136 mil 680 pesos, 8.1 por ciento del presupuesto asignado en tres años.


El Informe financiero al 31 de diciembre de 2007 indica que el activo circulante asciende a 676 mil 694; equipo de transporte, 350 mil; mobiliario y equipo de oficina, 2 millones 414 mil 202; equipo de cómputo, 695 mil 783 pesos.


Los gastos
Los informes analíticos de Impulsor para los ejercicios 2005, 2006 y 2007 indican que en el capítulo 1000, “servicios personales”, el fideicomiso gastó 27 millones 964 mil 842 pesos: 7 millones 497 mil 347 pesos en su primer ejercicio; 9 millones 360 mil 228.39 en el segundo; 11 millones 107 mil 266.56 en el tercero.


De la cifra total, destacan las “remuneraciones adicionales y especiales”, que justifica gastos por “riesgos laborales”, “ayuda de despensa” y “ayuda para el consumo de energía eléctrica”, revela el Informe de observaciones de la primera revisión a los avances trimestrales de gestión financiera, ejercicio 2007, hecho por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora.
La erogación por estos conceptos representa el 61 por ciento de los egresos totales referentes al capítulo 1000, al ascender a 17 millones 68 mil 301 pesos. El monto contrasta con los pagos por “remuneraciones al personal de carácter permanente”, 8 millones 701 mil 425 pesos, y las “remuneraciones al personal de carácter transitorio”, 577 mil 493 pesos.


Otra erogación que sobresale en este capítulo es la de “pagos por concepto de seguridad social”, que sumó 1 millón 617 mil 620 pesos, cubierto en los ejercicios de 2006 y 2007.


Los otros gastos se registraron en el capítulo 2000, “materiales y suministros”, por 1 millón 206 mil 85 pesos; y en el 5000, “bienes muebles e inmuebles”, por 3 millones 463 mil 192 pesos.


Mientras los capítulos 6000, “inversiones en infraestructura para el desarrollo”; 7000, “inversiones productivas”; 8000, “participaciones y aportaciones a municipios”, y 9000, “deuda pública”, se registran en ceros, el 4100, “transferencias corrientes”, indica un gasto en el ejercicio 2006 por 1 millón 860 mil 821 pesos, sin aclarar el destino de estos recursos.

 

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Proyectos multimillonarios, interés de los Bours


Ricardo Bours Castelo asumió la vicepresidencia de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, Impulsor, desde febrero de 2005. Según justificó el gobierno de su hermano Eduardo, el cargo no le cuesta un solo peso al erario sonorense.


En efecto, el interés de la familia Bours en este fideicomiso no es el salario, sino los proyectos y recursos que éste manejará, y que implican más de 100 mil millones de pesos.


Y es que la estrategia empresarial planeada por el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armella prevé el trasiego de los ingresos del Plan Sonora Proyecta (PSP), que podrían alcanzar los 124 mil millones de pesos, a Impulsor.


Para ello, el PSP –actualmente suspendido por la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– establece la creación de uno o varios fideicomisos privados para administrar, durante tres décadas, 114 mil millones de pesos provenientes del cobro de tres impuestos –el 2 por ciento sobre la nómina, el de los automóviles nuevos y el de las revalidaciones de placas y licencias de manejo– y colocar deuda en la Bolsa de Valores por 10 mil millones de pesos.


Tras su creación, opositores al PSP advirtieron que el esquema fiduciario podría derivar en un fraude contra las finanzas públicas estatales: la ambigua redacción que se le dio posibilitaría al gobierno estatal evadir la reintegración de los remanentes al erario, a pesar de que éstos son recursos públicos que podrían superar los 100 mil millones de pesos.


Para frenar estas operaciones bursátiles que colocarían a Sonora como la entidad federativa con mayor deuda pública respecto de su crecimiento económico y que podrían constituir un fraude, legisladores del Partido Acción Nacional –acompañados por la diputada perredista Petra Santos– promovieron un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN, aún pendiente de resolución.


La vicepresidencia de Ricardo Bours está amparada en el decreto de creación del fideicomiso Impulsor, publicado en el Boletín Oficial del gobierno sonorense, el 28 de febrero de 2005.


Éste establece que al frente de la estructura están el presidente –Francisco Díaz Brown, secretario de Economía– y el vicepresidente, quien debe ser un representante de la iniciativa privada elegido por el Comité Técnico de Impulsor.


Hace tres años, Ricardo Bours fue elegido por dicho comité, conformado en su totalidad por subordinados del mandatario estatal: los secretarios de Hacienda y de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; los directores de la Comisión de Agua Potable y del Instituto del Medio Ambiente; y los coordinadores de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y de la Comisión de Fomento al Turismo, indica el decreto.


Para el diputado panista Francisco García Gámez, la participación del hermano del gobernador en Impulsor falta a la ética: “No es ético, se deben de cuidar las formas. No puedo asegurar que (Ricardo Bours) esté haciendo mal las cosas, porque no tengo información, pero de no haber metido a un familiar, cuando menos se hubiera evitado la especulación”.


El legislador local señala que al inicio de la gestión de Ricardo Bours, “se dijo que no iba a cobrar nada por su participación; sin embargo, eso no lo salva de la especulación. Cualquier familiar que se tenga pegado a la administración de uno mete ruido. Eso es algo que no se debe de hacer”. (NF)

 

 

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Fideicomiso Impulsor


Fecha de creación: 28 de febrero de 2005


Carácter: público


Presidente: Francisco Díaz Brown, secretario de Economía
Vicepresidente: Ricardo Bours Castelo, empresario Asesor: Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda

Proyectos: Carretera Costera, Pasajes, Hermosillo, Guaymas y Software


Posibles recursos: 224 mil millones de pesos (triangulados del PSP)


Recursos públicos ya transferidos: 50 millones 675 mil pesos
Activos: 4 millones 136 mil 680 pesos

 

 

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ISAF: irregularidades en Impulsor


El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) descubre irregularidades en los activos del fideicomiso Impulsor, que apenas suman 4 millones 136 mil 680 pesos: activo circulante, 676 mil 694; equipo de transporte, 350 mil; mobiliario y equipo de oficina, 2 millones 414 mil 202; equipo de cómputo, 695 mil 783 pesos, indica el Informe financiero al 31 de diciembre de 2007.
De estos activos destaca el equipo de transporte: el ISAF observa que, el 10 de abril de 2006, el fideicomiso compró una camioneta Ford Expedition, cuatro puertas, por 350 mil pesos, sin obtener el dictamen previo signado por la Secretaría de Hacienda.
El ISAF determinó que Impulsor incurrió en irregularidades y ordenó a Katia Cota Martínez entregar la evidencia documental del dictamen. Para solventar esta anomalía, la directora del Fideicomiso consiguió que el 18 de octubre de 2007 el subsecretario de Egresos, Lauro Rivera Bringas, emitiera el oficio 05/06/877/07 para aprobar la compra. Es decir, el dictamen se formuló un año seis meses después de la adquisición.
Para el doctor en filosofía por la Universidad de Texas e investigador del Colegio de Sonora, Nicolás Pineda Pablos, en materia de rendición de cuentas la entidad fronteriza está rezagada, respecto del resto del país.
El académico advierte que uno de los problemas de la fiscalización es la ausencia de penalizaciones: cuando se comete una irregularidad o cuando hay observaciones en la cuenta pública, no hay sanciones o se manejan bajo el criterio de que la ropa sucia se lava en casa.
Pineda Pablos explica que, “mientras la opinión pública observa al gobierno bajo la tesis de que hay mucha corrupción e ineficiencia y mal manejo de los recursos públicos, en el gobierno la revisión de la cuenta pública se hace bajo la tesis contraria de que todo está bien y no hay irregularidades que castigar”.
Agrega que hasta antes de 2003 las cuentas públicas no eran públicas, se tenían que conseguir por vías privilegiadas, no eran accesibles a los ciudadanos, y que fue hasta 2005 cuando se reformó la constitución, para crear el ISAF. No obstante, indica, a la fecha Sonora carece de ley de fiscalización, pues Congreso estatal no se ha puesto de acuerdo. (NF)

 

 

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Organigrama de Impulsor

 

Presidente
Francisco Díaz Brown

Vicepresidente
Ricardo Bours Castelo

 

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de junio de 2008 | Año 7 | No. 104

 

 

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