Los fuertes intereses económicos de los concesionarios de radio y televisión, la proclividad del gobierno foxista de protegerlos y la falta de espacios para que la ciudadanía emprenda proyectos que permitan mejorar el contenido de la programación actual, limitan la posibilidad de una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Por Mayra Martínez

Dicha ley, creada en 1960, no ha sufrido modificación alguna por lo que hoy resulta obsoleta. “Pensar en que habrá unanimidad para modificar el documento en el corto o mediano plazo es casi imposible”, asevera Claudia Segura, analista de medios electrónicos y articulista.

“Regular los medios electrónicos es difícil debido a que por su naturaleza reflejan el acontecer social… controlar los hechos es inadmisible (en México)”, apunta.

La tarea de transparentar el otorgamiento de concesiones resulta complejo, ya que existen intereses económicos y políticos en juego. Por lo tanto, señalan diversos investigadores consultados, “urge un debate público que involucre no sólo a su actual dueño, el Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo; el problema radica en que el otorgamiento de concesiones es una decisión del presidente, de esta forma no se puede tener transparencia aunque se quiera”, alertan.

En línea con la investigadora, la Asociación Mundial de Radio Comunitarias (AMRC) sostiene que los dueños de las estaciones de radio y televisión tienen pavor a hablar de cómo y bajo qué criterios se establecerán las nuevas concesiones.

“Los empresarios están ejerciendo su derecho de libre presión. Es decir, presionan al gobierno y a la sociedad para que no haya cambios en la ley, quieren que todo siga igual”, advierte Aleida Calleja, representante de esta organización.

El precepto legal para que el gobierno utilice un espacio equivalente a 12.5 por ciento en los medios electrónicos para difundir su labor social, es otro de los temas puestos a debate. Aunque controvertido, los empresarios coinciden en que debe desparecer.

Respecto a la regulación del contenido en los programas, Florence Toussaint afirma que debe haber pluralidad. “En los canales de televisión abierta los programas son los mismos, además de ser transmitidos a la misma hora; de este modo, el televidente no tiene opciones. La ciudadanía tiene derecho a exigir contenidos de calidad”, sentencia.

En torno al tema, los diputados desempeñan un papel importante. No pueden legislar por un mejoramiento en la radio y la televisión si carecen de sensibilidad. Hasta ahora no han comprendido que la cultura financiera, política, económica, social, tecnológica y científica es mediática.

Sin embargo, la ciudadanía respecto a esta responsabilidad ha madurado a lo largo de la historia. No sólo en México, sino en el resto del mundo. La discusión social en la materia es sólida.

México es reconocido como uno de los países más avanzados en lo que respecta al debate que permita a la ciudadanía operar sus propios canales de radio y televisión, así como regular el contenido de los programas radiofónicos y televisivos, admite Jürgen Moritz, de la fundación en medios de comunicación Friedrich Ebert.

INTENTOS Y MÁS BÚSQUEDAS

Los intentos de reformar la Ley Federal de Radio y Televisión iniciaron hace cuatro años, cuando la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ana Lilia Cepeda de León (actual encargada de comunicación social del gobierno capitalino) presentó una iniciativa para tales efectos.

La propuesta tenía la finalidad de terminar con la discrecionalidad del gobierno en el otorgamiento de concesiones y permisos para la operación de estaciones de radio y televisión, principalmente.

Otro de los puntos giró alrededor de la participación del Congreso en el otorgamiento de concesiones y permisos mediante un órgano autónomo (Comité de Concesiones de Radio y Televisión), así como permitir el ingreso de publicidad y patrocinios, sin fines de lucro, en las estaciones comunitarias (culturales, educativas, experimentales, universitarias) de onda corta.

De igual modo, la iniciativa pugnaba por constituir otra instancia independiente: la Comisión Nacional de Comunicación Social. Bajo estos lineamientos, era necesaria la reasignación de funciones y para ello debía modificarse el artículo décimo de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Este proyecto buscó que las secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Salud se alejaran cada vez más del diseño de políticas públicas que hasta hoy sirven de base para regular los contenidos de los programas de radio y televisión.
La propuesta del PRD se inclinaba más a democratizar estos criterios, por lo que el planteamiento estaba enfocado a definir el papel fundamental que debería tener el Congreso en este proceso, en donde mantener la calidad del nivel educativo y cultural sería la prioridad.

La iniciativa de reforma se mantuvo en la congeladora del Congreso durante cuatro años.
En marzo de 2001 se habló nuevamente de una urgente reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Sólo que esta vez, la concientización de la ciudadanía respecto a la responsabilidad que tiene en la evolución y función social de la radio y la televisión detonó el tema.

SINTONÍA CIUDADANA

A la par de las preocupaciones de la sociedad civil por reformar de manera integral la legislación de medios electrónicos, se emprendió la discusión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley de Acceso a la Información.

Durante este tiempo, la sociedad experimentó cambios trascendentales que se reflejaron en el derrocamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2000.

Previo a esta fecha, la ciudadanía logró colarse por un pequeño resquicio que le permitió ganar un espacio en el escenario público para exigir el reinicio de la discusión del tema.

A manera de corolario, el 27 de marzo de 2001 dio inicio la primera de siete mesas para “la revisión integral de la legislación de medios electrónicos de comunicación”, encabezada por los subsecretarios de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), José Luis Durán Reveles, y de Comunicaciones de la SCT, Jorge Álvarez Hoth.

Las mesas de discusión fueron: 1) principios fundamentales, 2) jurisdicción y competencia, 3) participación social y derechos ciudadanos, 4) concesiones y permisos, 5) programación, 6) medios del Estado y 7) competencia económica.
“Una de las características de las mesas fue la inequidad en su conformación, por lo tanto los contenidos tienden hacia la ultraderecha, característica del gobierno”, afirma Florence Toussaint.

De los más de 15 representantes reunidos en cada una de las mesas, se asignó sólo un lugar a la sociedad civil. En tanto, el resto lo encabezaban las secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, el Congreso y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

La discusión de los temas está vinculada con las iniciativas que se gestan en esta etapa de transición que experimenta el país y buscan contribuir a la formación de un sistema democrático. “Sin democracia no habrá una reforma integral de los medios electrónicos”, sentencia Jürgen Moritz.

Recuerda que estas fórmulas de radio con contenido social han sido exitosas en naciones como España, Alemania, Irlanda, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Colombia y que, por lo tanto, son altamente viables en su puesta en marcha.

En contraparte, Florence Toussaint afirma que mientras continúe el actual esquema de concesiones que favorece a los empresarios no puede hablarse de que existe la participación ciudadana.

“Si durante los gobiernos priístas se favoreció a los grandes grupos empresariales, el actual es aún más radical. Ahí está el ejemplo del subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Álvarez Hoth, quien desde esta posición benefició a Sky”, asegura.

ONDAS INTERNACIONALES

La ciudadanía tiene derecho no sólo a acceder a la información pública, sino también a operar sus propios medios electrónicos. Este modelo opera desde hace siete años en países europeos y sudamericanos, cuando emprendieron la reforma a los medios electrónicos.

En Alemania, cuando la sociedad civil, ajena a los grupos empresariales, empezó a operar sus propios medios, el gobierno aplicó medidas que hicieran a la radio y televisión ciudadana independientes de los subsidios federales. Si bien éstos reciben un presupuesto gubernamental, tienen la obligación de buscar sus propios recursos mediante la publicidad.

Incluso los ciudadanos son responsables de la existencia de sus medios, en parte de ellos recae la operación financiera. Todo aquél que cuenta con un aparato de radio o televisión debe pagar una contribución fija.

A diferencia de México, en este país europeo el gobierno no designa a los directores de dichos medios. Es la misma sociedad civil. “La sociedad mexicana no debe permitir que el gobierno continúe con esta práctica, tiene que evitarlo, de lo contrario no habrá una verdadera apertura”, enfatiza Jürgen Moritz.

Respecto a la regulación jurídica de los medios electrónicos, tanto en Alemania como en España cada localidad que posee un canal de radio o televisión tiene su propia legislación, a pesar de que existe una norma federal. “Es imposible aplicar la misma ley a todos; cada región tiene sus características.”

El derecho de posesión y operación de medios por parte de la ciudadanía se aplica, incluso en Estados Unidos, resalta Aleida Calleja. “Aquí, una de cada seis estaciones está reservada para la sociedad civil. Si en determinado tiempo le es imposible asumir el control del medio, el gobierno mantiene en la reserva el canal hasta que la sociedad pueda operarlo.”

En América Latina este proceso de apertura está relacionado con los derechos de libertad de expresión. En Ecuador se logró que el derecho de la ciudadanía de operar sus propios medios electrónicos adquiriera el carácter de constitucional.

LEY O REGLAMENTO-PAÍS

Ley de mínima cobertura Chile
Ley de radiodifusión comunitaria, aprobada en 1998 Brasil
En la constitución aparece la ley de derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, a las frecuencias de radio y televisión Ecuador
La Ley de Telecomunicaciones, aprobada en 1995, incluye el capítulo “servicio de radiodifusión de corta y mediana cobertura o radios comunitarias” Paraguay
Presentó ante el Congreso un proyecto de ley de radiodifusión Argentina
Presentó a consulta pública el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión abiertas y comunitarias de servicio público sin fines de lucro Venezuela
Se prepara un decreto supremo que reconozca a las radiodifusoras comunitarias Bolivia
Analiza la posibilidad de iniciar este proceso Uruguay

Las leyes y reglamentos de estas naciones surgen no sólo como respuesta a las exigencias de la ciudadanía, sino también por que el Estado encontró en ello la opción para mejorar el nivel educativo, cultural y social que evitara posibles estallidos sociales, pues la ciudadanía buscaría la forma de hacer notar sus inconformidades, destaca Jürgen Moritz.

La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión debe incluir el acceso a la información pública, el derecho de réplica, la transparencia en el otorgamiento de concesiones, la regulación en la calidad de los contenidos, los consensos sobre el uso del tiempo fiscal y la oportunidad de la ciudadanía para operar sus propios medios de comunicación.

Los especialistas consultados coinciden en señalar que en un país antidemocrático es impensable una reforma integral a la legislación de la radio y la televisión. Este proceso va acompañado de la reforma política.

De lo anterior se desprende que los estadounidenses sostengan que “la información es la corriente de la democracia”.

Por Mayra Martínez

Contralínea 7 / Octubre 2002