La amenaza a la paz en Suramérica fue consumada la madrugada del pasado viernes 30 de octubre, a espaldas del pueblo colombiano y de toda la comunidad internacional, mediante la firma del acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos.

El documento, firmado en la ciudad de Bogotá por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez y el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, en un acto a puerta cerrada en la sede de la cancillería a las 7:00 horas local, trastoca el delicado equilibrio construido por los países de la región en los últimos años. Para muchos analistas políticos, con la firma de ese acuerdo, el Ejecutivo colombiano cede la soberanía de su país, ya que se instalarán siete bases estadunidenses en territorio colombiano, cuyo personal militar y civil gozará de inmunidad diplomática, entre otras muchas concesiones.

Es difícil no hablar de capitulación de la soberanía colombiana, pues a pesar de que el documento firmado deberá pasar por el Congreso estadunidense, éste no fue enviado a los congresistas colombianos para su debate y eventual aprobación. Ante esta situación, el senador Gustavo Petro, candidato a la presidencia para las próximas elecciones de mayo de 2010, del partido de oposición Polo Democrático Alternativo, ha solicitado al presidente Álvaro Uribe renunciar a él, por carecer de legalidad.

Por otra parte, la amenaza a la paz regional es real, pues el expresidente colombiano Ernesto Samper ha definido esta situación como un estado de preguerra con Venezuela y considera que esto equivale a que Colombia se convierta en una especie de portaaviones para efectuar operaciones de vigilancia electrónica a toda la región suramericana.

La amenaza es real

En el preámbulo del acuerdo se justifica su creación para “promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y la estabilidad, como el terrorismo”. Éste ha sido precisamente el argumento utilizado por Estados Unidos para desatar las guerras contra Irak y Afganistán, con el pretexto de preservar “la seguridad nacional” y desmantelar a “grupos sospechosos de terroristas”.

El documento firmado en la madrugada confirma el uso por parte de tropas estadunidenses de siete bases colombianas en Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia y Apíay, así como las bases navales ubicadas en Cartagena y Málaga. El equipo americano será altamente sofisticado: aviones C-17 y Orión C-3, especiales para el espionaje electrónico y considerados como poco funcionales para combatir a la guerrilla o al narcoterrorismo.

No habrá restricción alguna para las fuerzas estadunidenses en territorio colombiano, pues un aspecto poco conocido hasta ahora de este convenio militar, es que en él se estipula que las aeronaves estadunidenses no sólo tendrán acceso a las siete bases militares colombianas, sino también a igual número de terminales aéreas comerciales. Adicionalmente, se establece que se permite a Estados Unidos la utilización de las instalaciones y sitios que requieran los funcionarios de la Casa Blanca, sin especificarlos. Colombia debe permitir “el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las partes o sus partes operativas”. Para que no quede duda de los términos leoninos de este acuerdo, reproducimos aquí sólo algunos de ellos:

1) Artículo IV, del “Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas”: “Las autoridades de Colombia, sin cobro de alquiler ni costos parecidos, permitirán a Estados Unidos el acceso y uso de las instalaciones y ubicaciones convenidas y a las servidumbres y derechos de paso sobre bienes de propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo las actividades dentro del marco del presente Acuerdo, incluida la construcción convenida”.

2) Artículo VI, del “Pago de tarifas y otros cargos”: “Las aeronaves de Estado de Estados Unidos, cuando se encuentren en el territorio de Colombia, no estarán sujetas al pago de derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa”. “Los buques de Estado de Estados Unidos recibirán el mismo tratamiento y privilegios que los buques de guerra, y en consecuencia no estarán sujetos al pago de tasas de señalización marítima y fondeo. Estados Unidos pagará las tarifas establecidas en los puertos concesionados por los servicios solicitados y recibidos de las empresas comerciales”. Por si fuera poco, este artículo explicita que “de conformidad con el derecho consuetudinario internacional y la práctica, las aeronaves y buques de Estado de Estados Unidos no se someterán a abordaje e inspección”.

3) Artículo X, de la “Importación, exportación adquisición y utilización de bienes y fondos”: “Colombia exonerará a Estados Unidos y a los contratistas de EU de todas la tarifas aranceles impuestos y demás tributos”.

Tampoco serán objeto de inspección por parte de las aduanas colombianas aquellos bienes importados o exportados que estén destinados a las actividades que se llevan a cabo en el marco del acuerdo.

En este sentido, en el artículo XVII del convenio, referido a las “Licencias de conducción, matrículas, seguros de vehículos y licencias profesionales”, se le da plena libertad a los funcionarios estadunidenses en Colombia para conducir vehículos, buques y aeronaves sin supervisión.

Algunas consideraciones de los países de la región

Desde que las naciones del sur del continente conocieron de la amenaza estadunidense en la región, manifestaron sus inquietudes a través de diversas declaraciones. No sólo eso, pues además efectuaron una reunión extraordinaria de la Unión de Naciones del Sur en Bariloche, Argentina, el 28 de agosto pasado para analizar y formar un frente común ante la virtual amenaza de guerra. A pesar de ello, los gobiernos regionales no conocieron el texto del acuerdo hasta varios días después de que fue firmado por las partes.

Los países suramericanos consideran que uno de los peligros de las instalaciones militares radica en que en Colombia habrá permanentemente por lo menos 1 mil 400 soldados estadunidenses, 800 de manera directa y otros 600 bajo condición de contratistas con absoluta inmunidad, lo que les permitiría cometer cualquier delito sin ser enjuiciados.

Aunado a lo anterior, existe un documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dado a conocer por la abogada estadunidense Eva Golinger, el cual revela que “entre las intensiones del pacto está realizar operaciones militares continentales, y también para neutralizar gobiernos considerados “antiestadunidenses”. En él se señala que la base militar de Palanquero “garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur”. Este documento, señala la abogada, fue redactado en mayo de 2009 como parte de la justificación del presupuesto para 2010 enviado por el Pentágono al Congreso estadunidense.

Para Hugo Chávez, presidente de Venezuela, “Colombia decidió entregarle su soberanía a Estados Unidos. El gobierno de Colombia se encuentra en el Pentágono (…) Ya Colombia no tiene gobierno en su territorio”. El presidente venezolano señaló además a la prensa local e internacional que uno de los objetivos de la presencia militar estadunidense es intentar vincular a Venezuela y a su gobierno con el narcotráfico. Chávez no es el único en considerarlo así, pues el expresidente colombiano Ernesto Samper afirma: “No hay que engañarnos, lo que vamos a hacer es como prestarle el balcón a una persona que no vive en un edificio para que venga a colocar reflectores y videocámaras sobre los vecinos”. En efecto, los vecinos se encuentran muy inquietos con la justa razón que les otorga la inminente llegada de aeronaves y armamento militar en el nuevo portaaviones “Colombia”.

*Doctor en derecho de la cooperación internacional por la Universidad de Toulouse I, Francia